Tras la histórica y vergonzosa sesión de los diputados prianistas locales de Tamaulipas del pasado 30 de junio, en el que agandallaron todo los que les ordenó la Secretaría General de Gobierno y el propio Ejecutivo Estatal para tratar de detentar el poder una vez concluido el sexenio y complicar –aún más la administración al gobierno entrante-, y en el que arrebataron, muy a sus estilo, la posiciones en el órgano legislativo, la ley comienza a tumbarles todo su arbitrario entramado carente de razón y legalidad.
En la sesión del lunes 29 de agosto, el Tribunal Electoral de Tamaulipas revocó la determinación mediante la cual se integró la Diputación Permanente del Congreso local, y dejó sin validez la reforma a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, así como más de 170 dictámenes aprobados por los diputados del PAN el pasado 30 de septiembre.
De acuerdo con la información oficial, los Magistrados René Osiris Sánchez, Edgar Danés y Gloria Reyna votaron a favor de la ponencia de Edgar Iván Arroyo, mientras que la Presidenta del TRIELTAM, Blanca Hernández Roja emitió su voto en contra.
La resolución revoca los dictámenes aprobados en la sesión del 30 de junio, entre otros, la designación de José Ángel Walle como Consejero de la Judicatura, las reformas a la Ley de Adquisiciones y otras, en las que se incorpora la figura de carta de no antecedentes de corrupción para ser proveedor del Estado y/o los municipios, así como la reforma a la Ley de Aguas y los dictámenes a 169 cuentas públicas.
De esta forma, el Tribunal Electoral le dio la razón al recurso de apelación presentado por los diputados Gabriela Regalado y Marcos Gallegos, quienes debieron ser tomados en cuenta para integrar la Diputación Permanente y también consideraron válido el reclamo de los Diputados Gustavo Cárdenas y Úrsula Salazar, tras quedar marginados del órgano legislativo.
En su ponencia, el magistrado Edgar Arroyo establece que fue ilegal el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local para someter a una tercera votación la elección de la Diputación Permanente en la sesión del 30 de junio, lo que originó la decisión unilateral de la presidenta de la mesa directiva de incluir y validar el referido acuerdo.
Además, con base en este acuerdo se sometió al pleno a una tercera votación para nombrar a los integrantes de la Diputación Permanente fuera del orden del día.
Los Magistrados consideraron que a Úrsula Salazar y a Gustavo Cárdenas se les violaron sus derechos en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo al no integrarlos a la Diputación Permanente.
Se concluye también que la diputada Úrsula Salazar Mojica, líder de la bancada de Morena, sufrió violencia política en razón de género al haberle impedido participar en un órgano del que forma parte.
El Tribunal Electoral argumentó en forma sólida su competencia para conocer y resolver los recursos que presentaron los diputados agraviados respecto a sus derechos políticos electorales en la vertiente del desempeño de su cargo público.
Los agandalles de los panistas y priistas comienzan a caerse, y en los próximos días se vendrán abajo más. No cabe duda que algunos diputados azules y tricolores tendrán que pensar si le siguen haciendo el juego al representante del ejecutivo, o actúan en apego a la ley y sus atribuciones, y evitar así mayor deterioro de su imagen.
Está en ellos. Nada más que si siguen siendo cómplices del que ya se va, a la vuelta de un par de años no se quejen si el pueblo los reprueba si llegan a una boleta electoral. Porque como dice ya saben quién, el pueblo pone y el pueblo quita.
