En las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos sus habitantes conocen al menos a un vecino, amigo, pariente o conocido que se dedique por generaciones a dos actividades: una ilícita dentro del negocio de las drogas y, la otra, totalmente lícita con el comercio de los vehículos de procedencia extranjera.
La primera ha sobrevivido por los alarmantes índices de consumo cada vez mayores entre los jóvenes, sobre todo cuando México dejó de ser un puente para los traficantes y las ciudades se convirtieron en prósperos mercados, ante drásticas medidas tomadas por las autoridades de Estados Unidos en un intento por detener infructuosamente la entrada de drogas a su territorio.
Pero el negocio que actualmente preocupa a miles de mexicanos en la frontera tiene que ver con la compra de autos de importación, venido a menos durante los primeros días de enero con el hambriento y desmesurado incremento de 300 por ciento en los impuestos ( que se redujo 30 por ciento la semana pasada) para regularizar o mexicanizar, por parte de la Secretaría de Hacienda.
Esta actividad, para los compatriotas que desconocen sobre la economía que mueve a las ciudades del lado sur del Río Bravo, aparte de la industria maquiladora, ha sido o fue el sustento de familias enteras que viven o vivían de introducirse al país vecino en busca de automóviles para introducir México, a la buena o a la mala.
Primero fue a la mala y por decenas de años, porque antes del gobierno de Vicente Fox Quesada estaba prohibido que un vehículo extranjero rebasara los límites de la frontera y, los que lograban internarse, recibían el apodo de “auto chocolate”.
La medida foxista de mexicanizar los autos extranjeros para su libre circulación dentro de territorio azteca vino a colapsar la vialidad de ciudades que no estaban preparadas para recibir andanadas de unidades en sus calles y avenidas, muchas de ellas “chatarra” adquiridas en Estados Unidos a precios de risa que devaluaron a los “made in México”.
Fueron años difíciles para la industria automotriz mexicana, que empezó registrar el decrecimiento de ventas de las unidades cero kilómetros, además de los comercios de autos usados cien por ciento nacionales, porque era imposible entrar en competencia con los mexicanizados.
Otra patada al hígado recibieron los propietarios de vehículos nacionales que, de la noche a la mañana, con el anuncio de la Secretaría de Hacienda en tiempos de Fox Quesada, el precio de sus unidades cayó de manera estrepitosa.
El comercio de la introducción de autos de importación, antes exclusiva para la frontera, se masificó a nivel nacional y floreció hasta el 31 de diciembre pasado, frenado por una medida que beneficiaría a los antes perjudicados, pero a medias, pues la crisis desalentó las intenciones de mexicanos con posibilidad de estrenar autos modelo 2009.
Ante el aumento a 300 por ciento de los impuestos para legalizar carros de importación, los afectados salieron a las calles desde Tijuana a Matamoros a protestar porque están viendo que el negocio colapsa, poniendo en riesgo el sustento de miles y miles de familias, ante un panorama que tomó tintes negros.
Conozco muchas personas que se dedicaban a realizar los trámites de automóviles que compraban en tianguis de Texas, introducían a Reynosa, los arreglaban para ponerlos a la venta y, ya legalizados, los vendían a particulares o propietarios de lotes localizados en Monterrey y hasta en Tlaxcala.
Para ellas este comercio significó un ingreso extra a su salario durante los últimos años y su actividad lícita contribuyó al crecimiento de la economía de la frontera mexicana y de Tamaulipas, en particular, porque otros negocios como talleres mecánicos, de hojalatería y pintura, venta de neumáticos, vidrios y radiadores, son parte de la cadena para dejar como nuevos a los vehículos nacionalizados.
Con el reciente decreto de la Secretaría de Hacienda ya empezaron los despidos de trabajadores ante la falta de autos que requerían de cirugía menor o mayor. Y peor es el riesgo: que ahora vean en la otra actividad ilícita su modo de subsistir.
¡Aguas! El gobierno de Felipe Calderón debe de abrir los ojos ante esta latente posibilidad.