El pasado 30 de marzo, México dio inicio a un proceso sin precedentes en la historia independiente del país: la campaña electoral para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con una duración de 60 días y que culminará con la elección el próximo 1 de junio. Este evento, resultado de una controvertida reforma impulsada a capricho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en septiembre de 2024 -el último mes de su sexenio- buscando transformar radicalmente la manera en que se designan los impartidores de justicia en el “territorio azteca”.
Mientras López Obrador, Claudia Sheinbaum y la 4T celebran esta medida como un avance democrático, expertos advierten sobre los riesgos de politización, pérdida de autonomía e injerencia de grupos de interés en la justicia.
Los críticos argumentan que las decisiones judiciales deben basarse en la Constitución y las leyes, no en la voluntad popular ni en la necesidad de ganar votos.
Si los jueces dependen del electorado para mantener su cargo, podrían emitir resoluciones populares en lugar de justas, afectando el equilibrio de poderes y debilitando el papel del Poder Judicial como garante de la legalidad.
Históricamente, la designación de jueces y magistrados en México se realizaba mediante ternas seleccionadas por el Poder Ejecutivo, validadas por el Legislativo, con procesos internos que, si bien eran criticados por su opacidad, garantizaban ciertos filtros técnicos y de experiencia para ocupar estos cargos en la carrera judicial. Ahora, con la reforma aprobada el año pasado, más de 3,400 candidatos competirán por 881 cargos en el Poder Judicial.
En menos de dos meses, la ciudadanía votará por 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 15 magistrados de salas regionales del Tepjf; 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
El argumento del oficialismo ha sido que este nuevo sistema de elección por medio del voto ciudadano permitirá que el pueblo tenga una participación directa en la elección de quienes imparten justicia, evitando -según argumentan Morena y sus aliados- el tráfico de influencias y la corrupción en los nombramientos. Sin embargo, este modelo es poco común a nivel internacional; solo se practica en Bolivia, donde ha sido un fracaso. En México, también ha sido duramente cuestionado por su viabilidad y las consecuencias que podría traer para la independencia judicial.
Uno de los principales desafíos de este proceso, al igual que en Bolivia, es la falta de interés y conocimiento por parte de la ciudadanía.
Estimaciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sugieren que la participación podría oscilar entre el 8% y el 15% del padrón electoral, que cuenta con aproximadamente 100 millones de votantes.
Sin duda, esta cifra es alarmante. La poca participación no solo deslegitima el proceso, sino que también deja la elección de figuras clave en manos de un sector minoritario, que puede estar influenciado por intereses particulares o campañas de desinformación. A diferencia de una elección legislativa, presidencial, de gubernatura o alcaldía, la mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos, sus trayectorias o sus posturas en temas de justicia, lo que facilita la manipulación del voto a través de propaganda sesgada.
Otro punto crítico es la forma en que se desarrollarán las campañas. El artículo 96 de la Constitución de México señala que está prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, así como la contratación, por sí o por interpósita persona, de espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidaturas. También precisa que los partidos políticos y los servidores públicos no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de alguna candidatura.
A su vez, la ley electoral prohíbe la contratación de espacios publicitarios y de promoción personal en medios impresos o digitales. La legislación solo permite a los candidatos hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionarse, siempre y cuando no implique erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos. Además, se establece que los candidatos podrán participar durante las campañas en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente por el sector público, privado o social, en condiciones de equidad y observando las directrices y acuerdos que al efecto emita el INE.
Sin duda, todas estas restricciones limitan gravemente la capacidad de los votantes para informarse sobre las propuestas y trayectorias de los aspirantes. A pesar de que el INE ha habilitado en su portal de internet un espacio llamado “Conóceles”, donde es posible conocer más sobre la vida y trayectoria de los candidatos judiciales, será difícil que la ciudadanía acceda a esta información y conozca mejor a quienes aspiran a estos cargos.
En un país donde el acceso a información veraz es un desafío, depender exclusivamente de redes sociales y propaganda impresa para conocer a los candidatos -quienes tendrán un tope máximo de campaña de 220 mil pesos- representa un obstáculo significativo. Además, el INE enfrenta un problema presupuestario: el Legislativo solo le asignó 7 mil millones de pesos para la organización de este proceso, casi la mitad de los 13,200 millones que solicitó para la elección judicial.
Sin duda, esta elección judicial marca un antes y un después en la historia del sistema judicial mexicano. Es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de este proceso y acuda a votar con información verificada, evaluando el perfil de los candidatos y sus antecedentes. De lo contrario, México corre el riesgo de debilitar una de las instituciones más fundamentales para la estabilidad del país.
La justicia no puede ni debe ser un juego electoral. En este escenario, el reto para México no es solo elegir jueces, sino preservar la esencia del Estado de derecho y la confianza en sus instituciones.
