Desde que la 4T asumió el poder en diciembre de 2018 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el precio de la tortilla —un alimento consumido diariamente por el 85% de la población— ha experimentado un incremento significativo. En casi siete años, el precio promedio de un kilo de tortilla pasó de 13 pesos en diciembre de 2018 a 28 pesos en junio de 2025, un aumento del 115%. Incluso, hay regiones del norte de México, como Tamaulipas, donde el costo ha superado los 31 pesos por kilogramo.
El alza se debe a múltiples factores, como la inflación generalizada, el aumento en los costos de insumos como el gas y la energía, la dependencia de intermediarios en la cadena de producción, la sequía que ha mermado la producción de maíz blanco, el cobro de piso por parte del crimen organizado y la falta de apoyo al campo con políticas públicas efectivas para fortalecer la autosuficiencia alimentaria.
Por todo ello, el pasado 12 de junio de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la firma del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en Palacio Nacional, un esfuerzo que busca estabilizar y, eventualmente, reducir el precio de la tortilla, un alimento esencial en la dieta mexicana.
El documento, suscrito por productores de maíz blanco no transgénico, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros, además de actores clave como Grupo MINSA, Grupo GRUMA, Harimasa, la Cámara Regional de la Industria de la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y productores de estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, tiene la ambiciosa meta de reducir el precio de la tortilla en un 5% en los próximos seis meses y hasta un 10% al final del sexenio, promoviendo la soberanía alimentaria y garantizando el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo establece la Constitución.
El plan de trabajo busca abordar la problemáticas desde una perspectiva integral con varias estrategias: eliminar intermediarios para reducir costos, destinar por parte del gobierno federal hasta 25,000 toneladas de maíz blanco a la industria, liberar 500 millones de pesos en financiamientos, monitorear precios a nivel nacional y capacitar a jóvenes para integrarse a la cadena productiva. Además, se creará un comité de seguimiento con reuniones mensuales para evaluar avances y ajustar estrategias.
La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que la eliminación de intermediarios es clave, ya que éstos encarecen significativamente el producto final. En palabras de la mandataria: “La intermediación muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla”. Sin embargo, el camino hacia este objetivo está plagado de obstáculos estructurales, logísticos y económicos, exacerbados por la inflación y los retos del sector agroalimentario desde la llegada de la 4T en 2018.
El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), que preside Homero López García y que representa a más de 65,000 tortillerías en el país, asegura que el 45% del sector opera de forma informal, vendiendo sin pagar impuestos ni respetar precios de referencia. También ha manifestado que las grandes organizaciones que firmaron el acuerdo con Sheinbaum —algunas con menos de 15 afiliados— representan apenas el 0.1 % del mercado.
Con más de 115,000 tortillerías en el país, la representatividad de los actores involucrados es limitada y las condiciones locales varían enormemente. Por ejemplo, en regiones como la Zona Metropolitana del Valle de México, el precio promedio de la tortilla es de 20 pesos por kilo; en el sur del país, el precio es de 25 pesos promedio, mientras que en estados del norte puede alcanzar los 32 pesos. Según el CNT, estas disparidades reflejan desafíos logísticos, de seguridad (como el cobro de “cuotas de piso” o extorsiones) y de acceso a insumos, que dificultan la estandarización de precios.
“Es inviable reducir el precio de la tortilla si no se controla el precio del maíz, el gas y la energía. No podemos competir con el sector informal y al mismo tiempo absorber costos crecientes; además, no podemos prometer precios generales cuando hay personas que están pagando cuotas de piso o extorsiones”, expresó Homero López García, presidente del CNT.
Otro de los temas más importantes en todo esto es la producción de maíz en el campo mexicano, donde la sequía en Estados clave como Sinaloa, está afectando la cosecha de maíz blanco para consumo humano. En 2023, el país producía 23.5 millones de toneladas al año de maíz blanco, casi el total del consumo nacional; en 2024 hubo un déficit y la producción total de maíz blanco fue de 20.5 millones de toneladas anuales, lo cual obligó al país a importar 3 millones de toneladas de maíz blanco de Estados Unidos y otros países para poder hacer las tortillas que consumen los mexicanos, quienes, en promedio, consumen 75 kilos por persona al año, es decir, casi 3,000 tortillas anuales.
Hoy, millones de familias compran medio kilo de tortilla porque no les alcanza para más. La tortilla es alimento, símbolo y termómetro. Y hoy nos dice que el país sigue enfrentando los mismos dilemas de siempre: cómo prometer sin populismo, cómo gobernar sin simulación. Esperemos que la presidenta Sheinbaum en verdad logre transformar la promesa de una tortilla más accesible en una realidad tangible para los mexicanos, sobre todo para los más pobres.
