Desde el crimen de Juan Antonio Guajardo, ex alcalde de Río Bravo a fines del año pasado, junto con otros elementos de su escolta y de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los municipios fronterizos de Tamaulipas han sido prácticamente sellados por fuerzas militares.
Aunque menos visibles aún circulan por calles y carreteras –de Matamoros a Nuevo Laredo– toda clase de contingentes armados y vehículos blindados de las fuerzas de seguridad que vinieron a combatir al crimen organizado.
Las ejecuciones continuaron en lo que va de 2008, todo indica que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no bajará la guardia para devolver la tranquilidad a esta zona del país que, históricamente, ha sido estratégica en el trafico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, hay hechos que deben de avergonzar a las corporaciones que tiene como tarea reducir los altos índices de criminalidad. Por ejemplo, ahí están en completo abandono los cuarteles que en 2001 anunció el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Esos “elefantes blancos” de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Matamoros y Reynosa debieron estar funcionando como cuarteles para la Policía Estatal Preventiva (PEP), un proyecto que inició con Yarrington Ruvalcaba y que quedó en letra muerta cuando terminó su sexenio.
Los cuarteles –en completo olvido y deterioro, tal como lo evidencia Hora Cero en este reportaje– fueron planeados para que sirvieran de dormitorios de los elementos de la PEP cuando salieran de Ciudad Victoria en misiones especiales de combate a la delincuencia, como sucedió hace varios años en Nuevo Laredo en sus peores momentos.
Está bien que cuando comenzó Eugenio Hernández Flores su gobierno en Tamaulipas todo lo que olía a pasado reciente tendría que ser enterrado, sin embargo en el tema de brindar mayor seguridad a la población esta política tuvo sus excesos. Y las pruebas son irrefutables.
El reportaje sobre los cuatro “elefantes blancos`” fue planeado después de la demanda de la gente que, sin tener en claro de dónde provinieron los recursos para su construcción, quiere tener una respuesta de las autoridades de Tamaulipas porque su estado actual es una verdadera vergüenza.
A los tamaulipecos de las ciudades donde se localizan estos armatostes de cemento y varilla, poco les interesa que las paredes de los cuarteles de la Policía Estatal Preventiva se levantarían con recursos federales, estatales o de la beneficencia pública.
Lo que realmente quisieran escuchar es la versión de algún funcionario del gobierno de Eugenio Hernández Flores, específicamente de Ives Soberón Tijerina, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre los millones de pesos que se invirtieron y se tiraron a la basura.
Y si de basura se trata, las gráficas que se publican en esta edición de Hora Cero no necesitan de mayores explicaciones: los cuarteles de la PEP rápido se convirtieron en unos verdaderos nidos de malvivientes, y son depósitos de desperdicios por el abandono desde hace siete años.
Ahora bien, si estas instalaciones estuvieran funcionando como fue el plan, cuánto dinero significaría de ahorro para el gobierno de Hernández Flores: en hoteles y comidas de los elementos de la corporación en misiones como pasó en Reynosa, previo a las elecciones de 2006.
Nunca es tarde para recapacitar sobre los errores: el gobernador debería dar vida útil a esas instalaciones. De ser federales, tramitar su donación aunque sea para fines asistenciales y acondicionarse como asilos o guarderías del DIF de Tamaulipas.
De lo contrario, será una tacha cuando llegue la sucesión en 2010.
