Ahora que Américo Villarreal Anaya gobierna el estado tiene un sinfín de acciones por hacer para llevar a cabo los cambios de raíz que desde su campaña política propuso y concretar así una especie de revolución pacífica, para erradicar la forma en que los panistas cabecistas gobernaron y saquearon durante seis años la entidad.
De entrada, el ejecutivo estatal tendrá en los próximos días un análisis puntual de la Fiscalía que le heredó el ex gobernador hoy prófugo de la justicia Francisco García Cabeza de Vaca, una representación social impresentable que incurrió sistemáticamente en delitos y persecución política hasta el último instante de la pasada administración.
No cabe duda que el Fiscal Irving Barrios, de negro pasado -y presente- en un estado de derecho tendría que ser investigado formalmente por todos los atropellos cometidos en complicidad con su equipo y algunos servidores del Poder Judicial.
Y si en este tema particular los diputados panistas locales se empeñan en seguir protegiendo al cabecismo, y sus dos aliados priistas continúan obedeciendo a pie juntillas las órdenes de Cabeza de Vaca, se seguirán viendo mal, acrecentando el rechazo y repudio de gran parte de la opinión pública, esa que define las elecciones.
En efecto, el gobierno saliente dejó una administración además de saqueada sobreendeudada, dinamitada, con el fin de complicar el accionar del nuevo gobierno y muy podrida por la rampante corrupción que reinó en casi todas las áreas.
Por eso Tamaulipas tendrá que barrarse de arriba abajo –como las escaleras- para limpiar a fondo la podredumbre que dejaron los que se enriquecieron y enloquecieron durante seis años.
En este contexto, el trabajo del asesor jurídico del gobernador Villarreal Anaya, Santiago Nieto, será fundamental para detectar con datos duros todas las desviaciones y corruptelas de los panistas que recién concluyeron su gestión, de los aliados de Cabeza de Vaca que aún permanecen en la actual administración, y los familiares y amigos que se beneficiaron ilegalmente en el sexenio.
Si la 4T quiere comenzar a cumplir sus promesas de campaña, tendrá que dar paso a la justicia, porque los tamaulipecos hartos de los latrocinios de sus gobernantes y sus cómplices no piden perdón ni olvido, solo justicia.
Esto en lo que respecta a los delitos cometidos por servidores públicos en perjuicio de las arcas estatales, desde el representante del ejecutivo estatal hasta el último de sus prestanombres, mientras que sobre las imputaciones que le hace la federación al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la demanda también es la misma, que sea llevado a juicio, se le juzgue y sentencie.
La orden de aprehensión más reciente contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se emitió el pasado 4 de octubre, tres días después de que dejara oficialmente el cargo, pero cinco días antes de que prácticamente huyera, pues estaba consciente del cúmulo de investigaciones en su contra desde hace tiempo.
Esta orden de aprehensión es obsequiada por un juez federal por la presunta responsabilidad de Cabeza de Vaca en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada nuevo si se recuerda el desafuero de que fue objeto el panista cuando aún gobernaba, pero que no se concretó por los entuertos jurídicos legales de los poderes y protagonistas políticos en pugna.
Naturalmente la pesquisa que ya está echada a andar contra Cabeza de Vaca es por parte de la federación, mientras que la justicia estatal tendrá que fincarle al ex gobernante delitos por el saqueo y todas las conductas ilegales del personaje y sus cómplices en contra del estado de Tamaulipas. Así, nomás que se aplique la ley.
