Querido lector, querida lectora: Cuando se anuncia una nueva ley, por lo regular pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Que está dirigida a otros, que solo busca combatir un delito o resolver un problema específico. Hasta que un día descubrimos que también puede alcanzarnos.
Por eso vale la pena mirar la andanada de leyes que se han venido aprobando durante las últimas semanas no solo cada una, sino lo que todas podrían significar juntas.
Empecemos por nuestra voz. Con la llamada ley antimemes se ha dicho que no se busca castigar la sátira, sino evitar el uso indebido de la identidad gráfica oficial. Pero decir que no se sancionará una caricatura no es lo mismo que establecerlo claramente en la ley. ¿Quién decide dónde termina la crítica y dónde comienza la infracción? Algo parecido ocurre con las disposiciones de derechos de autor que contemplan suspender el servicio de internet ante infracciones reiteradas. Lo que hoy parece un problema menor por utilizar una canción en un video podría tener consecuencias distintas si no existen reglas claras y garantías suficientes antes de aplicar una sanción.
Después viene tu identidad. El registro de líneas telefónicas vincula un número con los datos de su titular, mientras que la verificación de edad busca establecer quién puede acceder a determinados contenidos o servicios. Proteger a los menores es urgente y necesario, pero también cómo protejo a la persona que tras un seudónimo denuncia abusos o critica a un funcionario sin exponerse. ¿Cómo se protege ese derecho cuando cada vez más actividades digitales exigen acreditar quién eres?
Sigamos con tu dinero. La UIF tiene facultades para inmovilizar cuentas bajo determinados supuestos relacionados con posibles operaciones ilícitas. Combatir el lavado de dinero es indispensable, pero también lo es proteger a quien pueda resultar afectado por una decisión equivocada. Porque, mientras aclara su situación, esa persona sigue teniendo que pagar la renta, comprar comida y cumplir con sus obligaciones, no necesariamente le han quitado su dinero, pero sí podrían haberle quitado la posibilidad de utilizarlo. Es una forma de aislamiento económico que merece ser considerada antes de que la dependencia digital se vuelva indispensable.
También importa la diferencia entre lo que se anuncia y lo que finalmente permite una ley. Si se explica que la ley antimemes no alcanzara a la satira politica ni la parodia, pero no establece en la ley, si nos dicen que la ley de pagos digitales se aplicará a gasolineras y casetas, pero termina publicandose con una Hacienda que determinará otros ámbitos de aplicación, ¿qué impide que esa facultad se extienda y bajo qué límites? Las declaraciones pueden aclarar una intención, pero son las disposiciones legales las que establecen hasta dónde puede llegar una autoridad.
Y está tu casa. La actualización de los datos catastrales no significa automáticamente que aumentará el predial, pero esos valores pueden influir en su cálculo. Por eso importa saber cómo se determinan, con qué criterios se actualizan y qué mecanismos tiene el ciudadano para corregir un error.
Cada ley tiene su propia justificación y por supuesto que no estoy en contra de proteger a la niñez, combatir el lavado de dinero, evitar fraudes o modernizar los servicios. Todos son objetivos legítimos. Sin embargo, hay un hilo que las conecta: el alcance de las facultades de las autoridades y las consecuencias que pueden tener sobre aspectos esenciales de nuestra vida. El dinero, la comunicación, la identidad y el patrimonio. Porque todo esto podría converger en una posibilidad: que te puedan apagar.
Económicamente, si no puedes disponer de tu dinero; socialmente, si pierdes espacios para participar; comunicacionalmente, si te quedas sin línea o sin internet.
Porque el día que una ley te alcance, ya no importará lo que prometieron que haría, sino lo que legalmente pueden hacer contigo. Y quizá entonces descubras que aquello que creías que nunca te afectaría puede dejarte sin dinero, sin voz o sin defensa.
