El mayor problema político de México es actualmente el desafío impune a la ley. No accidental o visceral, sino planeado, por vía armada o “pacífica”: el desacato, la ocupación de espacios públicos, el vandalismo, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de drogas.
El mayor problema económico es el estancamiento. El mayor problema social es el desánimo y la falta de confianza en las autoridades.
Frente a todo esto, los poderes públicos han sido omisos o desacertados, y no era de esperarse. Se suponía que el PRI era autoritario y corrupto, pero cuando menos sabía imponer la paz, el desarrollo y la confianza. El pacto del PRI con los mayores partidos de oposición y el asombroso consenso sobre las reformas necesarias parecían renovar la tradición interrumpida: responder a lo que esperaban los votantes que lo llevaron de nuevo a la presidencia.
“Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa” –dice el “Romance sonámbulo” de García Lorca–. O el PRI ya no es lo que era, o no sabe qué hacer en las nuevas circunstancias o nunca supo tanto como se creía. Desde luego, en los dos sexenios panistas no supo ser oposición y aprovechar la alternancia para que otros sacaran las castañas del fuego. Y, antes, cuando tuvo plenos poderes y una amplísima aceptación nacional e internacional, perdió la brújula desde 1968.
El presidente Díaz Ordaz no supo qué hacer ante una protesta estudiantil que pudo atender, en vez de exacerbar. El presidente Echeverría enfrentó los problemas innecesarios creados por el desacierto criminal de Díaz Ordaz, pero tampoco supo qué hacer. El presidente López Portillo intentó resolver los problemas adicionales creados por Echeverría, y fracasó, a pesar de la abundancia petrolera caída del cielo o surgida de los veneros del diablo –como dijo López Velarde–. Creó una tercera generación de problemas innecesarios, que se acumularon a los anteriores.
El candidato y luego presidente De la Madrid tuvo el acierto de ver que el problema de fondo era la corrupción, y ofreció resolverlo. Cuando le preguntaron cómo, respondió: “Yo sé cómo”. Pero no sabía. Quiso cumplir la famosa Renovación Moral, y ordenó a su gabinete: Que al terminar este sexenio, no se hable más de corrupción. Y, en efecto, no se habló.
Por cierto que el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación han tenido un éxito semejante en la guerra contra el crimen. Prometieron superar la mortandad con un cambio de estrategia. Y, en efecto, ya no sale en televisión. Lo que sale es la patética exhibición de un gobierno que no responde a los ciudadanos sometidos por los que imponen su propia ley, impunemente.
El crecimiento económico acelerado, y con poca inflación, duró hasta 1970, a cargo de licenciados en derecho. Cuando llegaron los que sí sabían: los economistas con estudios en el extranjero, se acabó el “desarrollo estabilizador”, repudiado como mero “desarrollismo”. El desastre económico resultante, atribuido al populismo, fue resuelto a medias por los economistas que llegaron para remediarlo y no supieron qué hacer. Recuperaron la estabilidad, a costa del crecimiento. Guillermo Ortiz, que fue secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México, lo reconoce ahora: “Había la ilusión de que con la estabilidad vendría el crecimiento, lo que no se produjo” (Reforma, 29 de agosto 2013).
El secretario actual de Hacienda también tuvo una ilusión: la de ir en caballo de hacienda, gracias al Pacto por México. Sacó del archivo muerto todos los ideales recalentados de la secretaría y se desbocó proponiendo medidas atropelladas, que no podían pasar en el Congreso y no pasaron, o pasaron a gran costo político.
Como si fuera poco, los panistas y perredistas tampoco han sabido qué hacer. A los ojos de los votantes, lo que legitimaba su búsqueda del poder era el rechazo a la corrupción del PRI. Pero, una vez en el poder, cobijaron a sus propios corruptos, destruyeron su capital político y ahora no saben qué hacer.
Es normal que la política mezcle el interés público con los intereses particulares. En buena hora, si la dispersión de múltiples intereses acaba de hecho sirviendo al interés público. Pero una alineación convergente de fuerzas políticas requiere claridad sobre lo que es deseable y posible, y luego capacidad de ejecución. Cuando esto falta o falla, se produce un río revuelto de intereses donde no gana el interés público, sino los pescadores que andan detrás de lo suyo.
