Una denuncia por presunta violencia familiar, contradicciones en declaraciones y retrasos institucionales mantienen separada de sus hijas a una madre desde el 2022. A casi cuatro años, María del Rosario se mantiene en pie de lucha para recuperarlas.
Reynosa, Tam.-
Lo que comenzó como unas vacaciones de verano típicas para una familia de padres divorciados, terminó convirtiéndose en una pesadilla para la madre. La confianza otorgada a la familia paterna no fue bien correspondida y en cambio fue pagada con una demanda por presunta violencia familiar sustentada en falsas acusaciones.
El 24 de junio del 2022 fue el último día que María del Rosario Santos Ramírez tuvo a sus hijas consigo, desde entonces, solo ha podido abrazarlas en tres ocasiones.
A casi cuatro años del inicio de este mal sueño, el proceso legal no ha llegado a su fin.
Las convivencias ocurren únicamente a través de videollamadas supervisadas, mientras una batalla legal continúa atorada entre investigaciones, contradicciones y acusaciones de omisión institucional entre las fiscalías de Tamaulipas y Guerrero.
Hoy, María del Rosario clama por agilizar la justicia para finalmente reencontrarse con sus hijas, por quienes tiene que velar desde la distancia.
CONFIANZA PAGADA CON TRAICIÓN
María del Rosario Santos Ramírez inició una familia con la ilusión de vivir felices por siempre, sin embargo, ese sueño no fue posible alcanzarlo.
En buenos términos dio por concluida la relación con el padre de sus hijas. Tras el proceso de divorcio obtuvo custodia absoluta por mandato judicial desde 2020.
Inicialmente la convivencia con la familia paterna no fue problema. A pesar de que la madre y las menores se mudaron de Guerrero a Tampico, Tamaulipas, las niñas acudían a visitar a sus parientes durante los periodos vacacionales y al termino de ellos volvían con su madre para continuar con sus actividades cotidianas.
Esa aparente paz terminó en el 2022.
El 18 de abril de 2022, Daniel, padre de las niñas, solicitó a María que llevara a sus hijas a la ciudad de Puebla para que lo acompañaran en su ceremonia de graduación de la Escuela de Sargentos y después pasar unos días juntos en Tierra Colorada, Guerrero, para finalmente regresar a Tamaulipas el 30 de julio de 2022.
El acuerdo verbal se celebró sin mayores contratiempos. María del Rosario llevó a las niñas a Puebla y ellas disfrutaron el tiempo con su familia.
Una vez asentadas en Tierra Colorada, el padre pidió extender las vacaciones hasta el 19 de agosto, apenas una semana antes de iniciar el siguiente ciclo escolar.
No del todo convencida la madre aceptó, sin imaginar que a partir de esa fecha perdería la comunicación con sus hijas e iniciaría uno de los momentos más difíciles de su vida.
Después de varios días de insistir en comunicarse finalmente entró una llamada que atendieron los abuelos paternos; poniendo excusas como la falta de dinero, aseguraron que no podrían cumplir con el compromiso de regresar a las niñas a su hogar.
Ante la situación, María pidió a una hermana que también radica en Guerrero acudir a buscar a las menores, no obstante, los parientes no le permitieron tener contacto con ellas.
Desesperada, María del Rosario decidió ir directamente por sus hijas, pero en el trayecto recibió una llamada de su ex suegra, notificándole que las infantes ya no regresarían a su lado pues había sido interpuesta una denuncia por maltrato familiar en su contra, por lo que un juez otorgó custodia temporal a los abuelos paternos mientras se llevan a cabo las indagatorias.
A partir de entonces inició una pelea legal que no ha podido llegar a su fin a pesar de la total disposición de la acusada de aportar pruebas que ayuden a resolver la controversia.
JUSTICIA A CUENTAGOTAS
Independientemente de las acusaciones, el proceso se ha tornado complicado debido a que la denuncia se interpuso en Guerrero y la presunta violencia se registró en Tamaulipas, por lo que las instancias de ambas entidades deben trabajar en conjunto, sin embargo, las constantes omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) han prolongado el caso por casi cuatro años.
“La denuncia fue en agosto del 2022 y hasta febrero, marzo del 2024 me doy cuenta que la denuncia ya estaba en Tamaulipas, la enviaron inmediatamente de Guerrero a Tamaulipas y a mí nunca se me notificó, hasta que yo me empiezo a mover en Guerrero, me doy cuenta de la demanda de guarda y custodia en Chilpancingo y dentro del expediente encuentro la denuncia por violencia familiar”.
Una vez enterada que la denuncia ya fue canalizada a esta entidad, la imputada buscó una abogada para apoyarse y se puso a disposición de la autoridad para aportar evidencias, declaraciones y los estudios que fueran necesarios para demostrar su inocencia.
De forma insistente acudió ante la autoridad para que el caso avanzara lo más rápido posible y poder recuperar un poco del tiempo que perdió por no ser notificada.
En marzo del 2025 su abogada le informó que la Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Comisionada a la Unidad General de Investigación 2 de Madero, Tamaulipas, encargada de realizar la investigación correspondiente, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de la imputada, siendo el siguiente paso la notificación a la Unidad General de Investigación con sede en Ciudad Victoria.
Pero algo salió mal. La carpeta de investigación con la solicitud de no ejercicio de la acción penal fue rechazada bajo el argumento de tener “observaciones”, mismas que nunca fueron explicadas a la acusada para saber si necesitaba aportar algún dato adicional para subsanarlas o si correspondía a la autoridad realizar esas aclaraciones.
La lucha continuó por parte de Santos Ramírez, quien estuvo acudiendo por meses a las oficinas en Ciudad Madero y Tampico para obtener una respuesta, misma que a casi cuatro años sigue sin llegar.
La última actuación que obtuvo de las autoridades es que la suspensión del no ejercicio de la acción penal se debe a que aún falta investigar el entorno en el que actualmente viven las menores para verificar su situación actual, debido a que en su defensa, la imputada mencionó que las niñas sufren violencia de parte de sus abuelos, señalamiento que debe ser investigado, pero hasta el momento no se ha asignado una fecha para iniciar esta averiguación.
“Si eso era necesario se debió haber hecho antes de enviar la carpeta, eso es falta de ellos, no es falta mía, y si yo no estoy molestando a la Fiscalía, si yo no estoy preguntando, no se mueven, no hacen nada, no se ven interesados en terminar la investigación”, aseveró.
El caso sigue detenido hasta que la Unidad General de Investigación 2 con sede en Madero dé el siguiente paso y coordine esfuerzos con la Unidad de Investigación 7 en Chilpancingo, Guerrero, para que realice las investigaciones que permitan determinar si realmente existe el maltrato por parte de los abuelos.
CUIDADO A DISTANCIA
Mientras las autoridades desarrollan el proceso legal, María del Rosario no se ha quedado de brazos cruzados. Aunque de acuerdo a su declaración ella no ha vulnerado a sus hijas, acató las medidas dictadas por la autoridad, aceptando la convivencia vía remota una vez por semana.
Le fue autorizado hablar con las menores a través de una plataforma digital por 20 minutos todos los domingos, así como tener visitas presenciales en los periodos vacacionales en el Centro de Convivencia Familiar, aunque de estas últimas solo se concretaron tres reuniones.
Es así, a través de videollamadas que sigue procurando a las niñas, a quienes en cada ocasión nota menos felices y con deficiencias en su cuidado.
“He aportado pruebas en llamadas grabadas donde las niñas me dicen que no han podido comer porque a su abuela le duele la columna, también han dicho que se han quedado en casa bajo llave porque su abuela se fue al templo… las están exponiendo”, aseveró.
Sin embargo, esta comunicación tampoco es la ideal. Señaló que los abuelos paternos no brindan las condiciones necesarias para una comunicación óptima. Las llamadas se realizan en medio de reuniones familiares, en la calle o en el templo, a pesar de estar programadas a un horario específico, esto entorpece el audio o la señal, y el tiempo destinado al dialogo termina desperdiciado.
“Muchas convivencias no se han podido llevar a cabo porque o no se conectan o la mayoría de las veces lo hacen desde la calle, el templo, bajo la lluvia, en la cocina y se escuchan las conversaciones de los adultos, los escucho más que lo que me dicen mis hijas, ellas se distraen, eso es muy seguido”, apuntó.
Estas irregularidades han sido reportadas ante el juez por el trabajador social que está presente en la videollamada
“Otra vez la impunidad porque ya son tres años y medio de reportes, se está reportando que el adulto con la medida cautelar no está cumpliendo y el juez no ha dicho nada; en una ocasión me dijo que va a revisar todo cuándo tenga que emitir una resolución y mientras qué, si pasan tres, cinco años más y todo esto está sucediendo cada domingo, que sucede, nada, porque el juez no se digna a darle un seguimiento en lo que son peras o manzanas”.
Estas inconsistencias se han reportado a la autoridad competente sin que hasta el momento se hayan tomado en cuenta, lo que denota otra omisión.
NO SE RENDIRÁ
Aunque aparentemente todo está en su contra, María del Rosario aseguró que no se rendirá hasta tener a sus hijas de vuelta.
Actualmente se encuentra en la búsqueda de otro abogado que la pueda orientar sobre las vías adecuadas para agilizar el proceso legal, asimismo, no detendrá sus visitas a la UGI Tamaulipas para solicitar el seguimiento con la UGI de Guerrero a la denuncia de maltrato ejercido por los abuelos.
Sin importar el desgaste físico, emocional y económico, esta madre se mantendrá en la lucha hasta conseguir la anhelada justicia, aunque tenga que seguir “arreando” a la autoridad para que cumpla con su trabajo.
“Yo me muevo a dónde me tenga que mover, hacer lo que tenga que hacer porque no veo justicia, estoy picándole las costillas a l titular de la Fiscalía de Madero y sólo así se ha podido mover algo… yo soy la imputada, me interesa… en la carpeta obra mi nombre como imputada y quiero demostrar que soy yo a quien violaran sus derechos, a quien no le quieren hacer justicia, y tengo clarísimo que primero se le tiene que hacer justicia a mis hijas y con ello se me va a hacer justicia a mí”, finalizó.
Este caso es uno de los miles que permanecen en rezago por omisión de la autoridad, ya se por falta de voluntad o de capacitación, las carpetas de investigación permanecen “congeladas” mientras que las víctimas siguen luchando por obtener justicia.
