La reciente elección judicial del 1 de junio de 2025 en México se presentó como un hito democrático por parte de la 4T, marcando la primera vez que la ciudadanía votaría directamente por jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, lo que se anunció como un paso hacia una mayor participación ciudadana ha levantado serias alarmas, revelando un panorama preocupante para la independencia judicial, la transparencia electoral y el equilibrio de poderes en el país.
Uno de los aspectos más inquietantes de este proceso electoral bajo la organización del INE fue la bajísima participación ciudadana: apenas el 13 % del padrón electoral acudió a las urnas, además de que se ha contabilizado un alto porcentaje de votos nulos. Esa cifra es, sin duda, un claro indicador de la apatía, el desinterés y la desinformación generalizada de los ciudadanos sobre los candidatos y el proceso en sí.
La complejidad de las boletas, la ausencia de campañas informativas efectivas y la prohibición de financiamiento público y privado para los aspirantes dejaron a muchos votantes en la oscuridad. Más aún, los reportes sobre el uso de “acordeones” distribuidos por el partido gobernante Morena, orientando el voto hacia sus candidatos afines, enturbian aún más la legitimidad del proceso.
El resultado de esta elección ha consolidado el control de Morena sobre el Poder Judicial. Los nueve nuevos ministros de la SCJN, incluyendo al próximo presidente de la Corte, el candidato más votado, superando los 6 millones de sufragios, Hugo Aguilar, quien se sabe, tienen vínculos estrechos con el partido oficialista y con el expresidente AMLO.
Aguilar, un abogado mixteco con trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, ha sido criticado por su cercanía con el gobierno y su participación en proyectos controversiales como el Tren Maya. Esta igualdad ideológica en la Suprema Corte plantea serias dudas sobre su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo al poder ejecutivo, especialmente cuando Morena también ejerce un dominio contundente en el Congreso.
La reforma judicial que posibilitó esta elección ha sido objeto de fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos ciudadanos y barras de abogados en el país externaron, desde que se inició el proceso de reforma judicial, su preocupación por la posible erosión de la independencia judicial y el riesgo de una politización de la justicia. Adicionalmente, otros expertos en la materia señalaron que la elección popular de jueces facilitará la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, al abrir la puerta a la elección de candidatos sin la debida preparación o con antecedentes cuestionables.
Otro factor preocupante es la desprofesionalización del Poder Judicial. Al eliminarse los requisitos de carrera judicial y permitir que cualquier ciudadano se pudiera postular, se corre el riesgo de que personas sin la formación adecuada ocupen cargos de gran responsabilidad. Esto podría traducirse en una justicia menos eficiente y más susceptible a presiones externas, socavando la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales.
La elección judicial de 2025, lejos de ser un ejercicio democrático ejemplar, ha expuesto las debilidades y el cinismo de un nuevo sistema político que, bajo la apariencia de participación ciudadana, parece haber concentrado aún más el poder en manos de Morena y sus aliados.
La baja participación —solo 1 de cada 10 mexicanos votó—, la falta de información, la politización de la justicia y la posible infiltración del crimen organizado son señales que no pueden ser motivo de celebración y sí de alarma.
Mienten quienes dicen que el proceso fue un éxito, porque lo único cierto es que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Hoy México ha sufrido una regresión institucional de casi 85 años, pese a muchas luchas de la verdadera izquierda por crear, entre 1982 y 2018, un mejor modelo de país: más democrático, con instituciones autónomas y mayor transparencia. Pero fue la mente maquiavélica de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, quien, como en los mejores tiempos del PRI, hoy lleva a México por el rumbo de una hegemonía de partido único de Estado.
AMLO fue sin duda el gran ganador de la elección del pasado domingo 1 de junio: logró poner la cereza al pastel, “morenizar” el Poder Judicial y asegurar impunidad para los miembros de la 4T. Será el tiempo quien dará la razón si el modelo fue un fracaso o un éxito, aunque esa y muchas más decisiones, para mí, son una regresión a un modelo de país que los mexicanos ya vivieron y que se tradujo en mayor corrupción e impunidad para los políticos gobernantes. QEPD la democracia mexicana.
