Llaman autoridades a no dar dinero a los menores para combatir esta problemática
La estampa de infantes en los cruceros de la ciudad estirando la mano y pidiendo una moneda es una imagen que ha trascendido a lo largo de los años en la frontera; sin importar las medidas que implemente la autoridad, el tener a un niño en la calle provocando lástima a la comunidad sigue siendo una de las actividades ilegales más lucrativas en el territorio mexicano.
Independientemente del color del gobierno al mando, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es la encargada de implementar operativos para comprobar la situación de los menores, recogerlos, ponerlos bajo resguardo, y dependiendo de su situación familiar, determinar si pueden regresar con sus padres bajo una serie de condiciones, o definitivamente quedarse bajo la tutela del Sistema DIF.
De acuerdo con Olivia Lemus, activista social, defensora de los derechos humanos y ex titular de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, hace 20 años la pobreza extrema orillaba a los padres a incluir a sus hijos en la responsabilidad de conseguir recursos para el sustento de la familia, y aunque la necesidad era grande, el exponer a los menores en la calle y obligarlos a trabajar seguía siendo una infracción que buscaba combatirse.
En ese entonces se aplicaron operativos en los que participaban corporaciones como Ministerio Público, Protección Civil, Comisión de Derechos Humanos, Registro Civil y el propio DIF; en conjunto acudían a los sitios donde se había detectado a niños mendigando, se les entrevistaba y localizaba a sus familiares para determinar la acción a tomar.
En la mayoría de los casos se lograba el diálogo con los padres, ofreciéndoles apoyos asistenciales del DIF, oportunidades de empleo temporal o permanente dependiendo de las habilidades de cada uno y abriendo espacios para los menores en escuelas públicas, además de implementar espacios en talleres culturales y deportivos para ayudar a la reconstrucción del tejido social.
De esa manera se logró combatir la problemática y la presencia de niños de la calle redujo considerablemente, pero tristemente los resultados no fueron permanentes.
“Fue a través de esos programas extracurriculares que se pudo salvar a muchísimos niños que estaban en esa situación, y hoy, a casi 20 años de haberse implementado esos operativos seguimos con la misma problemática de los niños que se encuentran en cruceros, y quizás no es la misma, es más complicada, más peligrosa, porque incluso pudiéramos pensar que algunos de esos niños pudieran ser víctimas de trata”, expresó Lemus.
COMPLICADA TAREA
En la actualidad, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que titula Frida Paoletti Leyva, sigue aplicando estos operativos, sin embargo, se enfrenta a nuevas circunstancias que complican la tarea de proteger a los infantes.
En primer término, la pobreza ya no es la principal causal de la mendicidad, aunque no desaparece completamente del panorama.
Ahora la falta de recursos es aprovechada por la delincuencia organizada para llevar a las familias desde provincia, especialmente Chiapas, hasta la frontera, el modus operandi es utilizar su apariencia con rasgos indígenas para causar lástima, consiguiendo que los integrantes obtengan un ingreso que les permite mejorar su calidad de vida, pagar la cuota a sus tratantes, y pagar otros servicios a las escuelas de su localidad para obtener documentos que demuestren que sus hijos estudian y usar ese justificante para evitar que se los quiten cuando son detenidos.
En segundo lugar, la tecnología juega en contra de la autoridad; a pesar de tomar precauciones para no ser identificados, una vez que los funcionarios llegan a un crucero, de inmediato los adultos hacen llamadas telefónicas empleando su dialecto para poner en alerta a las familias de otros puntos, por lo que al movilizarse ya no encuentran a los niños previamente detectados; éstos suelen desaparecer por algunos días para luego ocupar otro espacio y seguir pidiendo limosna.
“Llegamos al primer punto, sacan sus teléfonos, empiezan a hablar en su lengua, cuando llegamos a los otros puntos ya no hay nadie, es un radio pasillo, es increíble la velocidad con la que se mueven, desaparecen dos o tres días y vuelven a aparecer”.
Los que logran ser increpados utilizan varias tácticas para evitar entrevistarse con la autoridad, desde fingir no entender el español, atravesarse entre los autos en movimiento, alegar que se han violado sus derechos humanos o tratar de protegerse argumentando que ya pagaron su cuota para poder “trabajar” ahí.
“Nos han llegado Derechos Humanos, organismos de protección indígena, los mismos DIF de sus lugares, nos llegan y nos acosan que estamos violando sus derechos, no hablan de violar los derechos de los niños que no están en la escuela, que están medicados, que están asoleados o pasando frío, a ellos les importa que están dejando de generar”.
Como ejemplo, citó el caso de Jennifer que fue encontrada sola en horas de la noche bajando del transporte público, con 800 pesos guardados en su mochila, al no poder señalar el paradero de sus padres fue resguardada por el DIF, días más tarde un hombre que decía ser su padre, pidió su liberación para regresarla a Chiapas en avión pero le fue negada; ella estuvo en la casa hogar alrededor de 5 meses, y en ese tiempo varios hombres trataron de obtener su custodia, lo que deja entrever que era utilizada para lucrar con ella.
En cuanto a los pocos casos donde logran dialogar con los padres, ahí se emiten una serie de recomendaciones
y se informa de las infracciones que se están cometiendo al exponer a los menores, se ofrecen los apoyos del Sistema DIF y se verifica que los niños sean retirados de la vía pública; se les da seguimiento y en caso de reincidir se procede a retirar a los menores para garantizar la protección a su integridad.
Cuando los menores son resguardados temporalmente se continúa con la investigación a la familia para decidir si el infante puede ser devuelto, si se entrega a otro familiar en su ciudad de origen o si se retira de forma definitiva la custodia y se ingresa permanentemente a la Casa Hogar. En lo que va de la presente administración municipal, se ha resguardado a cuatro menores de los cuales dos han sido enviados con sus familiares a Chiapas, y otros dos fueron regresados a sus mamás una vez que se determinó que se tomaron acciones en su hogar para eliminar los riesgos y evitar la negligencia en su cuidado.
“Cuando hay una posible reintegración porque la violencia no es fuerte o se puede trabajar, se hace una evaluación psicológica y a partir de ahí se determina cuanto tiempo debe ir a terapia; por parte de Trabajo Social se hacen visitas al domicilio para que el lugar sea adecuado, además tienen la obligación de cumplir el taller de escuela para padres que es de crianza positiva, dura 12 sesiones, y cuando los tres los dan de alta entonces los niños se reintegran a su domicilio, pero en el caso de los niños indígenas es más complicado”.
ZONAS IDENTIFICADAS
Actualmente, se tienen identificados 60 puntos en la ciudad que son utilizados como área laboral infantil, en su mayoría se concentran en la avenida Tiburcio Garza Zamora y bulevar Las Fuentes, el resto se dividen entre bulevar Hidalgo desde la zona Centro hasta el Hospital Materno Infantil, y en el bulevar Morelos cerca de los centros comerciales.
Dichos puntos son visitados al azar de forma periódica para poder sorprender a los infantes y lograr intervenir a su favor.
Olivia Lemus y Frida Paoletti, abogadas de profesión, coincidieron en que además de las políticas públicas que impulsen los gobiernos, gran parte de la solución se encuentra en la concientización de la sociedad, por ello exhortaron a la comunidad a ya no dar una moneda a estos niños, pues mientras sigan generando ingresos seguirá siendo atractivo para los adultos mantenerlos en calle.
“La explotación infantil es un tema muy complejo, no es que las autoridades no queramos hacer nada, sí hacemos, pero no podemos a veces luchar con un sistema como el que presentan las personas de Chiapas, donde su propio gobierno solapa a través de acciones como dar certificados a cambio de dinero, que hacemos los otros Estados, pero la instrucción es revisar, perseguir, amonestar, y eso hacemos”, apuntó.
“La solución no está solo en las autoridades que estamos obligadas a hacer el trabajo, como ciudadanos también tenemos responsabilidades y si tú como ciudadano le estás dando una moneda a un niño, estás fomentando su explotación infantil, te guste o no pensarlo así, esa es la realidad, no le estás haciendo un favor”, sentenció Paoletti Leyva.
URGEN TRABAJO CONJUNTO
Para lograr esta conciencia los tres niveles de gobierno deben implementar campañas informativas que expongan las condiciones de vida de los niños de la calle y cómo son utilizados a la vez que se viola la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, esta estrategia ya se aplicó en la zona conurbada de Madero, Tampico y Altamira, por lo que se pueden corroborar sus resultados; a la par, se requiere que las autoridades trabajen en la prevención, brindando herramientas para la erradicación de la pobreza y un combate efectivo a la delincuencia.
