
El Congreso del Estado resolvió las reformas planteadas al Código Civil, por lo que el tema de matrimonios igualitarios fue rechazado, quedando como un asunto concluido.
La Iniciativa promovida por la diputada Nancy Ruíz Martínez (Morena), modificaba diversas figuras, por lo que se legisló en respuesta a lo que demandan las mayorías respecto a que la familia representa el núcleo esencial de toda sociedad y respaldar los valores que rigen los hogares de las niñas y niños de Tamaulipas, dio a conocer la LXV Legislatura.
En los argumentos expuestos, el Grupo Parlamentario del PAN destacó que se dio el respaldó a la mayoría de la ciudadanía, aquellos que demandaron su intervención para defender a la familia, “aquella que surge del matrimonio entre un hombre y una mujer”.
Asimismo, los cambios propuestos eliminaban conceptos como el de fidelidad, monogamia, compromiso, fecundidad, paternidad o maternidad, generando un descontento social, quienes también exigieron continuidad a los principios que rigen el matrimonio tradicional.
Por estas razones, los diputados de Acción Nacional pugnaron por la demanda de la ciudadanía que se manifestó en el recinto legislativo y a través de sus representantes populares, resaltando y fortaleciendo los valores que son la base de las familias.
De acuerdo a la resolución que adoptó la asamblea plenaria en la sesión, no podrá presentarse una nueva iniciativa sobre ese tema durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Con el voto en contra de Morena y el PRI, y cuatro diputadas del PAN con voto de abstención, el Pleno rechazó el dictamen que declaró improcedente la iniciativa de la diputada morenista Nancy Ruiz Martínez, de reformar el artículo 132 del Código Civil, para permitir la unión legal entre personas del mismo sexo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, sometió a votación esa posibilidad de regresar el dictamen a comisiones legislativas para un nuevo análisis, pero 19 diputados, principalmente de Morena y el PRI, votaron en contra, ya que interpondrán un recurso ante los tribunales para que este determine la viabilidad jurídica de la propuesta.