La protección que le dio el Congreso Local al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca al rechazar homologar el desafuero avalado por la Cámara de Diputados, le permite posponer el proceso en su contra, por ahora.
El gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca podrá seguirse beneficiando de la inmunidad procesal, pues un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que aún tiene fuero, pue el Congreso Local tamaulipeco así lo dispuso, pero advierte que cuando concluya su periodo estará en condiciones de enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, coinciden en que el gobernador tamaulipeco ya no tiene fuero, por lo que está en manos de la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso el lunes 17 de mayo un recurso de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso del estado de Tamaulipas, decisión que reconoce al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con fuero.
La impugnación se presentó porque, de momento, la autoridad investigadora está impedida para actuar legalmente contra el mandatario estatal.
González Alcántara Carrancá desechó “por improcedente” la controversia constitucional que el día 30 de abril interpuso el Congreso de Tamaulipas, pues concluye que carece de interés legítimo para promover este medio de control constitucional, porque, en apego al artículo 111 constitucional rechazó homologar la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados federal.
“Decidió no retirar la protección o inmunidad procesal penal al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”, argumentó el juzgador en su resolución.
Para el ministro la controversia del Congreso Local contra el desafuero de Cabeza de Vaca concretado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril no tenía razón de ser, toda vez que la asamblea legislativa de la entidad ya había decidido rechazar homologar el juicio de procedencia avalado por el Congreso de la Unión.
“En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público (Francisco Javier Cabeza de Vaca) concluya en su cargo”.
En su resolución, el Ministro aclara que no impugna el resolutivo de la declaratoria del juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas por parte de la Cámara de Diputados.
González Alcántara Carrancá mencionó en sus consideraciones que una vez que la Cámara de Diputados aprueba el juicio de procedencia contra Cabeza de Vaca comunica la resolución a la legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones procediera.
“Por ello, se estima que no existe una afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente, pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado.
“Lo cual no se desprende del escrito presentado por el Poder actor ni de los antecedentes por él traídos a cuenta, porque, se insiste, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.
81 DIAS ACIAGOS
Desde el 23 de febrero pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) envió la solicitud del juicio de procedencia contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la Cámara de Diputados, los reveces en su contra se suscitaron unos tras otro, aunque la tarde del 14 de mayo con la resolución del Ministro González Alcántara Carrancá la situación cambió y logra evadir por lo pronto sentarse en el banquillo de los acusados.
Todo indica que el gobernador evade el juicio hasta el 1 de octubre del próximo año cuando concluye su mandato, aunque hay quienes consideran que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar su orden de aprehensión para que sea juzgado.
Sin embargo, para el ministro que atendió el caso, el punto para que Cabeza de Vaca siga protegido con fuero fue el punto de acuerdo aprobado por la mayoría panista el pasado 30 de abril en el Congreso local, el mismo día que fue desaforado.
“Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
“Se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su carácter de gobernador. Artículo tercero. Se reconoce a Francisco Javier García Cabeza de Vaca su calidad de gobernador, de ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”, reza el punto de acuerdo que la aplanadora albiazul tramitó aquel día.
Algunos constitucionalistas consideraban que el Congreso Local tamaulipeco estaba incurriendo en desacato.
El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados avaló por mayoría el proyecto de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para que se retirara el fuero a García Cabeza de Vaca y se le juzgue como presunto responsable del delito por defraudación fiscal de 6.5 millones de pesos, delito que es sancionado con prisión de tres a nueve años.
Además de defraudación fiscal, García Cabeza de Vaca es investigado por la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
RESINTIÓ DOS REVESES
Luego del golpe que le asestó la Cámara de Diputados el 30 de abril pasado, Cabeza de Vaca desapareció literalmente de los actos públicos en todo el estado, y durante dos semanas sus diputados panistas defensores y sus representantes jurídicos en México y los Estados Unidos desplegaron estrategias para tratar de lavar su imagen y cabildear para que la Corte admitiera la controversia del Congreso local.
Las malas noticias para Cabeza de Vaca se dieron en los recientes días de mayo. El miércoles 12 de mayo, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, sito en la Ciudad de México, desechó “por improcedente” el juicio de amparo que promovió el gobernador de Tamaulipas, quien buscaba nulificar la decisión Cámara de Diputados que le quitó el fuero para que pueda ser juzgado.
El exsenador –involucrado también en los sobornos de Odebrecht- que buscó la protección de la justicia federal, sostuvo en su demanda que “la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades”, ya que unilateralmente determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes.
La Comisión Instructora que avaló el juicio de procedencia contra el gobernante panista y que posteriormente aprobó la Cámara de Diputados, concluyó que existen elementos para presumir que Cabeza de Vaca incurrió en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos.
Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR pusieron al descubierto una presunta simulación de la venta de un departamento en Santa Fe (Ciudad de México), adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra.
La argumentación del juez Martín Adolfo Santos al rechazar el recurso promovido por el gobernante acusado, es que éste busca impugnar una resolución que la Cámara de Diputados emitió “en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial, se observaron las pautas que legalmente se han emitido para dicho efecto”.
La resolución en el amparo indirecto 557/2021, establece que de acuerdo con el artículo 113 constitucional, las determinaciones de la Cámara de Diputados al erigirse en jurado de procedencia son “inatacables”, por lo que la demanda de amparo fue desechada “por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada”.
El juzgador reiteró que el artículo 111 de la Constitución faculta a legisladores a resolver soberana y discrecionalmente si procede o no retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que sea juzgado por delitos que se le atribuyen.
Otro negro augurio, que parecía cosa menor, fue el hecho de que cuando el Congreso Local de Tamaulipas presentó la controversia ante la SCJN, el presidente de la mesa directiva del recinto legislativo no acreditó fehacientemente su identidad legal.
La SCJN emplazó al Congreso tamaulipeco para que en 24 horas acreditara su personalidad jurídica, requisito indispensable para que admitiera su impugnación al desafuero de García Cabeza de Vaca.
El error de los diputados locales fue enmendado y al día siguiente el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó el recurso.
EU TAMBIEN LO INVESTIGA
En tanto, el Caso Cabeza de Vaca se dirimía entre los poderes legislativos federal y local, así como en juzgados federales y la SCJN, simultáneamente se reveló que el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos investiga también al gobernador de Tamaulipas, y no solo a él, sino también a integrantes de su familia por presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) informó que las autoridades del vecino país notificaron al gobierno mexicano acerca de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca, Ismael ‘G’ y José Manuel ‘G’, así como “contra diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.
La Fiscalía comunicó que esta nueva información se integrará a la carpeta de investigación correspondiente, y se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.
REAPARECE REPENTINAMENTE
Luego de dos semanas de ausentarse en la escena pública, el viernes 14 de mayo Francisco García Cabeza de Vaca, ofreció una sorpresiva rueda de prensa en Palacio de Gobierno.
Y ante el proceso de desafuero, así como las demandas por delincuencia organizada y lavado de dinero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contrató un despacho de abogados en Estados Unidos, al que pagará mil 650 dólares por hora, para cabildear con funcionarios del gobierno y miembros del Congreso de aquel país con el fin de generar una percepción de que las acciones tomadas en México en su contra son irregulares porque se ha divulgado información confidencial.
De acuerdo con el diario La Jornada, la firma contratada por García Cabeza de Vaca fue Gerger Hennessy McFarlane, con sede en Houston, Texas, según un registro público de los clientes extranjeros de despachos de abogados, que es obligatorio en aquel país.
Además, Cabeza de Vaca también paga los servicios del afamado abogado Tony Canales, quien fue Fiscal en el Estado de Texas.
Canales declaró recientemente que su cliente no tiene ningún procedimiento penal abierto en su contra en los Estados Unidos, ni existe evidencia de que violó alguna ley estadounidense, como lo afirma el gobierno mexicano.
Desde febrero pasado al trascender la petición del juicio de procedencia y las acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, el cuestionado gobernador tamaulipeco se ha asumido como víctima, “de una persecución política”.
Por lo pronto las carpetas de investigación en contra del gobernante panista se siguen integrando en las instancias de la autoridad federal, en espera de poder consignar el caso ante un juez federal, una vez que el gobernante quede sin fuero.