Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya puede ser juzgado, ya no tiene fuero y aunque el Poder Legislativo tamaulipeco se niega a hacer efectivo el mandato de la Cámara de Diputados -que erigida en Jurado de Procedencia le quitó la inmunidad- el resolutivo apunta que ya debe estar separado de sus funciones.
Por mayoría, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados determinó el viernes 30 de abril que existen elementos de prueba suficientes para retirarle el fuero constitucional al gobernador Cabeza de Vaca.
Con esto, el exalcalde de Reynosa tendrá que responder ante un juez federal por las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Esto debido a que la autoridad federal tiene carpetas de investigación formales, aunque los diputados sólo concluyeron, de momento, que existió una diferencia entre sus ingresos declarados durante 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los que realmente obtuvo.
“Por ese motivo, el contribuyente emitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco por la cantidad de 6 millones 511 mil 777.57 pesos”, concluyeron los legisladores.
La fiscal titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Elizabeth Alcantar Cruz fue quien se encargó de exponer durante la sesión del desafuero los hechos sustanciales de la solicitud de declaratoria de procedencia del cuestionado Cabeza de Vaca.
De acuerdo con las indagaciones tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como de la FGR, Francisco Javier García de Vaca “valiéndose de cargos públicos, amasó una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas”.
Elizabeth Alcantar Cruz reveló que entre el año 2005 y el 2019 Cabeza de Vaca habría ocultado a través de bienes con prestanombres de su círculo familiar, principalmente su madre, esposa y hermanos, unos 951 millones de pesos, algo muy superior a lo que declaró cuando aspiraba a la gubernatura tamaulipeca.
Sin embargo, para los panistas y sus aliados el gobernador separado de su cargo es víctima de persecución política por el uso electoral de la justicia. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN dijo desde la tribuna, arropado por panistas, que el juicio de procedencia fue una “burda intención de impactar el proceso (electoral) que está en marcha”.
La respuesta de los morenistas y petistas que se encontraban presentes en el pleno fue inmediata, pues desde sus curules, junto con sus aliados de Encuentro Social gritaron: “¡Cómplices! “¡Sus gobernadores son narcos ¡Narcos!” “Va a la cárcel sí o sí”.
Tras el choque de posiciones en torno al desafuero del gobernante panista que acaparó acusaciones contra López Obrador, Cabeza de Vaca el panismo y sus gobernantes, Felipe Calderón, Genaro García Luna, Pío López Obrador y Félix Salgado entre otros, y que se desvió en una lucha ideológica y política entre integrantes de la 4T y sus rivales, la crónica del desafuero anunciado se consumó a las 17:30 horas del viernes 30 de abril.
El bloque opositor cuestionó también a los morenistas y petistas por otras solicitudes de desafuero archivadas como los casos del
diputado Benjamín Saúl Huerta Corina, acusado de violación agravada contra un menor de 15 años, la del diputado Mauricio Toledo y la del senador Cruz Pérez Cuellar, que fue desechada.
El juicio de procedencia fue votado en forma mayoritaria por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT), los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Social (PES), y en contraste, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), hicieron una férrea defensa de Cabeza de
Vaca, pero no les alcanzó para evitar el desafuero.
Al concluir la votación y una vez verificada la decisión cameral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho expuso: “Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El artículo 111 de la Carta Magna apunta que para proceder penalmente por delitos federales contra ejecutivos de las entidades federativas… se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en ese supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Sin embargo 13 minutos después de que la Cámara de Diputados resolvió quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, el Congreso Local de Tamaulipas decidió que no aplica la homologación de la declaración de procedencia emitida por el Congreso federal, erigido como Jurado de Procedencia.
Llamó la atención que el panista Gerardo Peña, quien al igual que otros compañeros de partido había pedido licencia, en su caso para hacer campaña en busca de la diputación por el Distrito 9 federal con cabecera en Reynosa, se reintegrará a la diputación local para asumir de nuevo la presidencia de la Junta de Coordinación Política y conducir los trabajaos para defender al gobernador.
Además, el mismo viernes 30 de abril a las 8:49 horas, antes de que iniciara la sesión del desafuero, el Congreso Local tamaulipeco promovió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por el acto que aún no se concretaba. El remitente del recurso es la diputada panista Marta Patricia Palacios Corral.
La sesión en la que Cabeza de Vaca fue desaforado se prolongó durante seis horas y media, en la que diputados de Morena, el PT, Partido Encuentro Social y el Partido Verde se enfrentaron en un duelo sin cuartel contra los defensores de Cabeza Vaca, la bancada del Partido Acción Nacional, la del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
La oposición intentó comparar el desafuero de Cabeza de Vaca con el del presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005, pero el rechazo de los petistas y morenistas como Rubén Cayetano fue de inmediato, quien dijo: “¿Qué comparan la defraudación fiscal con el ‘delito’ de abrir una calle, con defraudación fiscal? Andaban hasta pagando la fianza cuando se dieron cuenta que se les pasó la mano”.
Otros morenistas expusieron que entre Cabeza de Vaca y AMLO no hay punto de comparación, pues mientras al tamaulipeco se le relaciona con la delincuencia organizada, el saqueo y el enriquecimiento inexplicable en sus actividades de político panista, Obrador es un luchador y líder social.
El acusado Cabeza Vaca no quiso estar presente en la sesión donde pudo haberse defendido y prefirió ser representado por su abogado defensor Alonso Aguilar Zinser, quien estuvo conectado y participó en la misma en forma virtual.
Cuando el hoy presidente fue desaforado acudió, se sentó entre los diputados correligionarios de aquel entonces e hizo una defensa histórica de su causa y de los motivos del juicio de procedencia en su contra.
La defensa parlamentaria de Cabeza de Vaca por parte del bloque PAN, PRI, PRD y MC basó su narrativa más que en tratar de demostrar su inocencia, en fustigar las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y los yerros y excesos de integrantes de la 4T.
SE ACTUÓ CONFORME A DERECHO
En su momento, el presidente de la Sección Instructora, diputado Pablo Gómez Álvarez, destacó que se ha realizado un proceso limpio en el que se respetaron las garantías del inculpado y se atendieron los planteamientos de la Fiscalía, y aunque no asimilan la totalidad de las conclusiones, no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse.
Mencionó que lo que es de la convicción de la Sección Instructora es la defraudación fiscal equiparable. “El punto es que la Cámara de Diputados cumpla con su deber y permita que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal. Solicito, por tanto, el voto aprobatorio del Jurado”.
La Sección Instructora, dijo, sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.
La defraudación fiscal, añadió, es una conducta frecuente en el país. Pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia. “Defraudar al fisco es robar a la nación porque los ingresos provienen de todos y deben regresar, a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”.
Posteriormente, tras aprobarse el desafuero y ante la rebelión del Congreso de Tamaulipas que rechazó la declaratoria de procedencia contra el gobernador, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, dijo que esto es inatacable. “No hay una instancia revisora, de reconsideración, no existe instancia, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Es absolutamente inatacable, es de aplicación directa no de interpretación”.
YA HAY PRECEDENTE DE CONTROVERSIAS
De acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desechó una controversia constitucional contra un procedimiento de declaración de procedencia.
La tesis de jurisprudencia P./J. 101/2004 data de diciembre de 2004 y establece que los actos dictados durante el procedimiento de declaración de procedencia son inatacables a través del juicio de garantías, dada su naturaleza y finalidad.
“Criterio que resulta aplicable a las controversias constitucionales, aunado a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 111, sexto párrafo, establece tajante y contundentemente que los actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en este caso realizados dentro de tal procedimiento, son inatacables.
“Lo que significa que son definitivos y no pueden ser cuestionados en controversia constitucional o en cualquier otra vía; inatacabilidad que no es exclusiva de la resolución que al final del procedimiento tome la Cámara de Diputados, sino en general de los actos realizados en él”.
Pueden desaparecer poderes en Tamaulipas
por ALEJANDRO SALAS
Ante la rebelión del Congreso estatal tamaulipeco y la probable postura del Poder Judicial local, al rechazar el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado tiene legalmente la facultad de desaparecer los poderes en Tamaulipas, declaró el abogado Gabriel Regino García.
El especialista egresado de la UNAM, advirtió que desde el viernes 30 de abril Cabeza de Vaca “ya no es gobernador para efectos de la federación. Ya no es gobernador y no puede ejercer como gobernador para los efectos del Estado”.
Gabriel Regino García refirió que Cabeza de Vaca no puede en estos momentos realizar ningún acto como gobernador, porque eso lo llevaría a un delito que se denomina ejercicio ilícito del servicio público, que es realizar, o seguir realizando actos de un cargo que ya no ostenta.
El viernes pasado, minutos después del desafuero emitido por la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado de Tamaulipas, de mayoría panista, aprobó un Punto de Acuerdo que argumenta que no procede la homologación de la declaración de procedencia (desafuero) emitida por la Cámara federal en contra de Cabeza de Vaca.
Sobre este particular, el abogado argumenta que lo que el Congreso estatal ha hecho es una maniobra de evasión legal a cumplir con lo que ya se resolvió por parte del Congreso federal, al decir que ellos no pueden homologar esa determinación.
“No, no es que no puedan. No pueden ni siquiera discutirla, no pueden ni siquiera debatirla, no pueden ni siquiera cuestionarla. De tal suerte que ellos políticamente están incurriendo en una rebelión contra la federación. Y legalmente están en un desacato. Y penalmente pueden estar incurriendo en el delito de coalición de servidores públicos, del Código Penal Federal”.
El abogado expuso que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas tampoco puede seguir reconociendo a Cabeza de Vaca, pues en el pacto de la unión, de la República, se debe acatar lo que dicta la norma suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido dijo que la Cámara Alta puede hacer uso de sus facultades para intervenir en el caso tamaulipeco.
“El senado puede, a excitativa de sus integrantes, o de ciudadanos, inmediatamente decretar la desaparición de poderes cuando éstos, en una entidad federativa ya están atentando contra los principios de la Unión, que es lo que está sucediendo en este momento”.