Está en camino una gran propuesta dentro de la nueva Ley General de Comunicación Social consistente en destinar un porcentaje del recurso de la publicidad oficial a un Fondo para impulsar el periodismo de investigación, por supuesto manejado a través de un organismo internacional a fin de no sesgar las decisiones.
Ante el reclamo de la sociedad en general para transparentar y hacer una mejor distribución de los millones de pesos destinados a los medios de comunicación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por cambios de fondo y de significativa trascendencia. Cambios que hagan olvidar el despilfarro que en este rubro hizo el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien le valió el presupuesto autorizada por el Congreso año tras año, pues lo rebasaba con toda impunidad sin importarle los señalamientos y reclamos que le hacían con frecuencia “Artículo 19”, una organización fundada en 1987 de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.
Diversos medios afirman con sus propias investigaciones y pruebas documentales que fueron alrededor de 60 mil millones de pesos los que el gobierno anterior erogó como premio principalmente a sus preferidos (Televisa y TV Azteca en primer término), lo que avivó el debate en torno a la llamada “ley chayote” en reclamo de una justa distribución de esos dineros públicos, pues anteriormente se utilizaba como sinónimo de soborno, embute o “cochupo” en el mundo de la prensa. Servía, por tanto, como un recurso ad libitum del presidente y su secretario de gobernación para congraciarse con los dueños de los medios que estaban a sus órdenes para todo y con sus amigos periodistas en la era digital que fundaban nuevos espacios sin ninguna validación ante la opinión pública pero que servían de coartada a fin de sangrar los paquetes conformados con los impuestos de los mexicanos.
Obviamente la “ley chayote” marginaba a los medios y periodistas críticos e incómodos o a quienes no tenían acceso a las vías gubernamentales. En el primer caso la señal que enviaba el gobierno era de castigo o venganza. Y de ello puede dar testimonio el semanario Proceso, ya que a pesar de su importancia en todos los círculos políticos y culturales, Vicente Fox y concretamente su esposa Martha Sahagún entraron en conflicto con sus editores dejándolos fuera del reparto millonario de publicidad durante sus seis años de gobierno. E igual procedimiento siguieron desde entonces Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con esta revista y con muchos medios que no gozaban de su preferencia, tal como se está comportando con Proceso todavía el actual primer mandatario López Obrador.
Esperamos ahora que se borre el estigma de “ley chayote”, equivalente a corrupción, y la nueva Ley General de Comunicación Social tome en cuenta lo que debe tomar en cuenta de los medios cuando tenga que difundir el gobierno sus mensajes y anuncios a la sociedad. Y que no se use más el dinero del erario para premiar o castigar a nadie sino que su reparto sea en base a los méritos que no solamente residen en el rating de los medios electrónicos o en la venta de los espacios impresos, porque el morbo y la basura o la ligereza informativa son los que disparan la atención de las masas sin ninguna sustancia cultural.
Hay otros factores que los encargados de estudiar la nueva propuesta han de tomar en cuenta. Y sabemos que están procediendo con seriedad en este estudio. Por eso celebramos que se destine una parte de ese presupuesto publicitario para impulsar el periodismo de investigación, mediante la creación de un Fondo especial, con la asistencia en cursos y programas de un organismo internacional.
