Cuando se piensa que en Tamaulipas el poder del crimen organizado alcanza un tope de violencia, injusticia y agresividad, siempre surge otro caso que eleva el nivel de barbarie, tal y como ocurrió con una madre ejecutada en pleno 10 de Mayo por denunciar a los homicidas de su hija.
En las portadas de los diarios más importantes del mundo aparece una mujer tamaulipeca que da mucho de qué hablar. Nunca había llamado suficientemente la atención, su voz jamás trascendió tanto, hasta que fue asesinada.
Miriam Rodríguez es el espejo de la impunidad en México: en 2012 sufrió la pérdida de su hija Karen Alejandra, cuando miembros del crimen organizado la secuestraron y acribillaron en el municipio de San Fernando, a 160 kilómetros de la capital, Ciudad Victoria.
A partir de entonces inició una incansable lucha –que hoy es contada con especial ahínco por todas partes–, pero también una cuenta regresiva hacia la muerte, porque tenía los minutos contados.
Al ver la indiferencia de las autoridades para investigar el crimen de su hija esta madre de familia emprendió prácticamente una búsqueda sola. Publicó anuncios, interrogó personas, consultó bases de datos, pisó laboratorios, visitó terrenos baldíos y desenterró evidencias.
Con medios propios logró no solamente encontrar los restos de la joven en una fosa clandestina, sino también dar con el paradero de los homicidas, a quienes denunció para que fueran detenidos. En total 15 personas estuvieron implicadas.
Entre los delincuentes internados en el penal de Ciudad Victoria se encontraba Enrique Yoel Rubio Flores, quien apareció en la lista de reos que se fugaron por un túnel en el mes de marzo.
PIDIO GARANTIAS; LA IGNORARON
Por ese motivo Miriam solicitó protección a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nadie hizo nada.
Sus familiares dieron a conocer que ella advirtió que el supuesto policía que mandaron a que la cuidara no contestaba sus llamadas. La dejaron sola.
Esta agraviada mujer había impulsado la creación de un colectivo civil
para buscar a personas desaparecidas. Pese a haber encontrado el cadáver de su hija siguió participando y apoyando a otras víctimas como activista.
Como una premonición espetó aquella frase profética: “Me van a matar” y eso penosamente ocurrió el pasado 10 de Mayo, Día de las Madres, cuando un comando armado irrumpió afuera de su propiedad para atacarla con armas de grueso calibre. Miriam murió camino al hospital.
MODELO DE INJUSTICIA
Su caso llamó la atención de The New York Times y de la BBC de Londres, por citar algunos de los medios internacionales que publicaron su historia, la cual inundó prácticamente todos los espacios noticiosos de habla hispana y las redes sociales.
“Crueles”, “intolerables”, “cobardes”, “despiadados”, “perversos”, muchos son los calificativos que ahora reciben quienes decidieron cometer tal tropelía.
Otros consideran que el atentado de Miriam “no tiene nombre”, “no se puede denominar”, “superó todos los límites”, “es inhumano”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el “incumplimiento de las autoridades para proveer seguridad y prevenir violaciones a quienes luchan por su defensa”.
Pero ¿de dónde vino tanto odio para que una mujer indefensa fuera abatida a las puertas de su casa?
Sus más cercanos amigos manifiestan que “ella se convirtió en una férrea luchadora de los derechos humanos en Tamaulipas, pisó callos, enfrentó la corrupción de los funcionarios públicos, los evidenció e incomodó siempre”.
Su imagen ahora toma fuerza como un emblema de las personas violentadas no solamente en Tamaulipas, sino también del país entero.
ENEMIGOS DENTRO
Un informe de la CNDH revela que en el Estado hay 5 mil 563 personas reportadas como desaparecidas en la última década, pero la cifra puede ser mucho mayor, ya que el mismo organismo
denuncia a funcionarios de la Procuraduría de ser “juez y parte” de las investigaciones, al obstaculizarlas y tergiversarlas.
Por ese motivo el tiempo dirá si el movimiento ‘post mortem’ de Miriam Rodríguez crece lo suficiente como para paliar la impunidad, los delitos violentos en la entidad y la corrupción de los mismos órganos gubernamentales, o se queda en el olvido, como los miles de casos de personas muertas y no encontradas.
Mientras tanto el “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos” expresó que los integrantes de esta agrupación siguen bajo amenaza.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y numerosos Organismos No Gubernamentales (ONG) están presionando para dar con el paradero de los criminales e investigar a los funcionarios públicos que desprotegieron a Miriam, quien era empleada del Sector Salud.