Disponer del dinero mal habido no es fácil, cuando se trata de cantidades importantes en efectivo. El dinero abulta, huele mal, pesa; está expuesto al viento, la humedad, los ratones y los rateros. Contarlo, enfajillarlo, esconderlo, volverlo a contar, cargarlo para hacer pagos, sin llamar la atención ni sufrir un accidente, puede ser complicadísimo. Los encargados de las maletas que usaba el PRI en campañas y viajes presidenciales cuentan historias alarmantes. Ese problema institucional lo tienen hoy las bandas criminales, y es una oportunidad de arruinarles el negocio.
Se supone que los bancos deben informar a las autoridades sobre los movimientos cuantiosos o sospechosos. Además, hay un impuesto a los depósitos en efectivo que los contribuyentes pueden acreditar en sus declaraciones fiscales, y pierden los que no declaran (alertando al fisco). Pero no hay precauciones semejantes en las notarías y corredurías. Sería bueno prohibir las operaciones en efectivo y exigir que en las actas se detallen los cheques usados para la compra de propiedades, aportaciones de capital, etcétera.
Los partidos y asociaciones políticas deberían estar sujetos a la ley de transparencia. No sólo porque reciben dineros públicos en cantidades extraordinarias, sino porque reciben otras aportaciones (en dinero y en especie) de interés público.
Los candidatos registrados por los partidos, desde el momento en que se registran, deberían publicar su declaración patrimonial, currículo y parentescos de interés público. Las denuncias privadas o periodísticas de errores u omisiones en estos documentos serían calificadas por los institutos electorales para determinar si ameritan una multa al partido o la descalificación del candidato.
Deberían autorizarse agencias especializadas en investigar a las personas que quieran trabajar en el sector público. Además de las prácticas comunes en el reclutamiento de personal privado (verificación de currículo, referencias, trabajos anteriores, visitas domiciliarias, exámenes médicos, pruebas psicológicas) deberían investigar los antecedentes en tribunales, procuradurías (federales, estatales, militares), policías, Interpol, DEA, Seguridad Pública, Gobernación, Función Pública, CNDH, SAT, UIF, CNBV, Auditoría Superior, burós de crédito, afianzadoras, registros (de la propiedad, el comercio, vehículos, celulares), etcétera. Es ridículo que los malos antecedentes de una persona se descubran después, y no es creíble ni deseable que todas las fuentes de información se integren en un gran banco de datos (vendibles, como se ha visto). Basta con hacer las consultas correspondientes para casos concretos.
Todo el personal (incluso privado) dedicado al combate del crimen debería estar fichado, hasta con registro de ADN.
Función Pública viene de la presunta “renovación moral de la sociedad” que propuso Miguel de la Madrid para acabar con la corrupción. Lleva un cuarto de siglo de hacer el ridículo. Se orienta a los procedimientos más que a las personas, con efectos contraproducentes.
El miedo a las personas se manifestó desde el principio. Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación, contaba con sorna que le consultaron a quién quería de contralor en la SEP. En el sexenio siguiente, cuando la secretaria de la Contraloría armó un expediente contra Raúl Salinas de Gortari, en vez de proceder, se lo entregó a su hermano el Señor Presidente, que lo guardó, como ella misma ha contado. En el sexenio de Fox, Francisco Barrio anunció que pescaría peces gordos, y no pescó más que sardinas.
Dedicarse a los procedimientos (que son impersonales) parece menos bochornoso. Además, como dice Función Pública con razón, el exceso de trámites crea oportunidades de corrupción. Pero los trámites no se han simplificado: se han complicado. La normatividad ha logrado paralizar las operaciones lícitas sin impedir las ilícitas. Para los funcionarios decentes (más numerosos de lo que se cree) se ha vuelto complicadísimo tomar decisiones y actuar sin cometer alguna falta. Hace poco, el secretario de Hacienda exhortaba a ejercer el presupuesto 2009 desde enero, para contrarrestar la recesión. Pero ¿cómo, con esa normatividad?
El énfasis preventivo, general e impersonal ha sido un error. Lo práctico es auditar lo sospechoso, concreto y personal. Para esto, basta con tomar en serio las denuncias y las declaraciones patrimoniales.
En varios casos de funcionarios delincuentes, se ha venido a saber que su patrimonio declarado había subido inexplicablemente de una declaración a otra, lo cual se ha usado contra ellos. Pero debería usarse también contra los responsables de Función Pública que lo vieron y no actuaron, o ni siquiera lo vieron. El hecho mismo de que los delincuentes declaren su enriquecimiento mal habido revela confianza en la complicidad de la secretaría o en que archiva las declaraciones sin leerlas.
Las denuncias se multiplicarían si los ciudadanos vieran que sirven contra la impunidad. Pero, en el mejor de los casos, no se sabe qué efecto tengan. Y, en el peor, se sabe: llegan las represalias.
