El 5 de febrero de 2017 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá un siglo. No le ha ido muy bien.
En primer lugar, porque ha tenido pocos lectores. Aunque ha circulado en grandes tirajes. Aunque todos los ciudadanos saben de su importancia. Aunque el texto vigente está gratuitamente en la web (www.diputados.gob.mx).
Muchos abogados pueden recitar de memoria algunos artículos. Pero, ¿cuántos ciudadanos han leído el texto completo? Pocos. Ojalá que alguna encuesta, de las que ahora abundan, lo pregunte.
En segundo lugar, porque el imperio de la ley en México es un tanto simbólico. Abundan los bandidos sueltos y los caciques estables cuya voluntad es ley, al margen o en contra de lo que mande la Constitución. Muchos gobernantes y funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, juraron en vano y actúan impunemente como dueños privados de los poderes públicos.
Un detalle revelador es la frecuencia con que proponen cambiar la ley, hasta con buenas intenciones y buenos argumentos. Lo cual implica verse por encima de la ley: haciéndola, rehaciéndola, mejorándola, una y otra vez, como si la ley estuviera sujeta a su voluntad, no ellos a la ley.
En tercer lugar, porque la Constitución no ha tenido estabilidad. De sus 136 artículos, 120 han sufrido una o varias reformas, adiciones, derogaciones parciales o modificaciones en la reimpresión del Diario Oficial desde 1917. Como si el proceso constituyente continuara. Como si el pacto político fundamental no acabara nunca de pactarse, aunque fueron muriendo sucesivas generaciones de legisladores. Como si el país no estuviera constituido. Caso extremo: el Artículo 73 (sobre las facultades del Congreso) ha tenido 76 reformas desde 1921, sin contar cuatro ajustes mediante “fe de erratas” desde 1917.
Y, sin embargo, de los países miembros de las Naciones Unidas, pocos acumulan mayor antigüedad que México en la transmisión pacífica del poder. ¿Cómo explicar esa estabilidad histórica con una Constitución inestable? Esencialmente, por un problema literario. Hay una confusión de tres géneros distintos: la Constitución, las leyes y los reglamentos. El texto de la Constitución se vuelve poco respetado a fuerza de entronizar ahí disposiciones secundarias, y hasta detalles reglamentarios, para que parezcan importantes.
En el sitio web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx), puede leerse el texto de la Constitución vigente, con las fechas de la última reforma en cada párrafo. Llama la atención que los artículos 8, 9, 12, 23, 39, 50, 57, 64, 80, 81, 86, 91, 126, 128, 129 y 132 han pasado la prueba del siglo: no han tenido cambios.
Héctor Fix Fierro y Diego Valadés, del Instituto, coordinaron un interesante proyecto de refundición del texto constitucional y lo redujeron 26%: de 66,165 palabras a 48,910. Hay edición impresa y en cedé de la UNAM. Según sus cuentas, la Constitución ha sufrido 642 reformas (más de seis por año), de las cuales 200 son de los últimos nueve años (22 por año). En estos nueve años, el texto se hinchó 46% con 20,708 palabras adicionales.
Supongamos que la Constitución se redujera a los 16 artículos que no han tenido cambios. Aun así, tendría el doble que los siete artículos de la Constitución de los Estados Unidos, escrita en 4,400 palabras (quince veces menos que la mexicana actual).
La brevedad que se concentra en los principios básicos favorece la estabilidad. Después del paquete de reformas conocido como Bill of Rights, la Constitución de los Estados Unidos no ha tenido más que 17 reformas en 224 años (contra 642 en 100 de la mexicana): una cada 13 años allá, frente a una cada dos meses aquí.
Pero la experiencia de esos 16 artículos que han pasado la prueba del siglo demuestra que los legisladores mexicanos son perfectamente capaces de redactar artículos estables. Incluso en los inestables, hay párrafos de la Constitución que no han cambiado desde 1917.
Para estabilizar la Constitución bastaría con sacar de ahí gran parte del texto actual y pasarlo a las leyes respectivas, como una especie de Artículo cero, que pudiera llamarse Antecedentes constitucionales, para no recorrer toda la numeración de cada ley.
Es deseable tener una Constitución tan breve que todos los ciudadanos puedan sabérsela de memoria. Con el mismo espíritu del trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (es decir: no suplantando al poder legislativo), se podría organizar un concurso para resumir los principios fundamentales de la Constitución mexicana en un máximo de 10,000 palabras.
