Los problemas legales del alcalde de San Fernando, Tamaulipas, Mario de la Garza Garza no sólo no terminan, sino que se acentúan al avanzar la denuncia penal interpuesta en su contra por la legítima propietaria del predio donde la administración municipal construyó de manera ilegal un tanque colector de agua potable.
De hecho, el edil no sólo ha ignorado los requerimientos que le ha enviado la autoridad judicial, sino que ahora utiliza a residentes de colonias populares para amedrentar a la propietaria del predio, que solamente está buscando que se le respeten sus derechos.
De acuerdo con Juan Carlos Ruiz Delgado, el abogado y representante legal de Stephanie Kowalski, el proceso legal que se sigue en contra del titular de la administración pública municipal de San Fernando, Tamaulipas –por la competencia de delitos diversos–, podría tener un desenlace en las próximas semanas, de desecharse el decreto de expropiación que de manera anticonstitucional solicitó a destiempo y fuera de forma el gobierno local.
Explicó que actualmente se siguen dos procesos legales promovidos por su representada, la legítima propietaria de un predio de 800 metros cuadrados, situado en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Garza Sáenz de la colonia Loma Alta (en el que se edificó un tanque de almacenamiento de dos millones 217 mil litros del Sistema de abastecimiento de agua potable Acuaférico).
En estos juicio se detalla que el alcalde Mario Alberto de la Garza Garza, no solamente invadió propiedad ajena, sino que hizo caso omiso de la legislación vigente en el Reglamento Municipal y el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, y asimismo ignoró los requerimientos de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
“Ahorita ellos están tratando de justificar los actos ilícitos mediante un procedimiento de expropiación, lo cual es indebido, porque en un trámite de esta naturaleza no puede darse primero el despojo del predio. La propia Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio prohíbe el apoderamiento de cualquier terreno en tanto no haya un decreto emitido por el gobernador.
“Mientras eso no exista cualquier autoridad, llámese municipio o gobierno estatal, no pueden invadir una propiedad porque incurren en una falta grave”, detalla Ruiz Delgado.
El licenciado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y con más de 25 años litigando, señala que entre las diversas tropelías cometidas en contra de su cliente destacan los delitos de Despojo de Inmueble, Abuso de Autoridad y el quebranto al Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras.
“Ahorita se está ventilando en Ciudad Victoria la averiguación previa número 27/2015, en donde se le hace saber a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas la comisión de los diversos delitos por parte de todo el cabildo de San Fernando, incluyendo a su presidente.
“Esperamos que también la Procuraduría se pronuncie en ese sentido. Ya les hicieron una cita, con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, porque ahora es uno de los requisitos para la procedencia de la acción penal. Pero como ellos (el alcalde y sus funcionarios) no asistieron a la conciliación, esto denota su falta de interés en llegar a una solución por la vía del diálogo”, lamenta el entrevistado.
EL CAUCE LEGAL
Para asentar las denuncias, Stephani Kowalski interpuso inicialmente una querella por la vía civil bajo el expediente 57/2015 ante el Juez de Primera Instancia del Juzgado Mixto en el municipio donde se originó el problema.
“Nosotros iniciamos aquí en los tribunales de San Fernando aproximadamente hace tres meses una demanda en la vía reivindicatoria, la cual tiene por objeto que el magistrado determine quién tiene el derecho a la propiedad, en este caso la señora que acredita la calidad de propietaria con las escrituras como primer elemento de esta acción.
“Esto compete a quien es el dueño del inmueble, pero que no está en posesión físicamente de dicho predio. En ese caso procede la reivindicación, que trae como consecuencia que el ayuntamiento tenga que desinstalar el tanque, sacarlo y el juez a su vez entregarle el terreno a su legítima propietaria, si es que no hay una indemnización”, manifiesta el abogado.
Y añade que dicho procedimiento está en estudio y de hecho la sentencia debe de salir a más tardar dentro de 15 días, aproximados al final del mes de abril. Esto quiere decir que ya está casi en su etapa final.
Por otro lado, la parte perjudicada con el despojo recurrió a un segundo litigio bajo el folio 27/2015, por el ramo penal ante la Dirección de Averiguaciones Previas Penales de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, la cual sigue en curso.
TEMOR Y AMENAZAS
Pero más allá de disputarse en tribunales la tenencia legal del terreno –donde se sitúa la cisterna construida por la empresa española Iberoamericana de Hidrocarburos S. A. (IHSA), y Petróleos Mexicanos (Pemex)–, el pleito se ha salido de los terrenos procesales, ya que la representada del licenciado Ruiz Delgado ha externado que teme por su seguridad y ha sido amenazada.
“Desgraciadamente el abogado asesor del ayuntamiento por ahí le comentó a algunos vecinos, y salieron unas señoras molestas contra mi cliente y quisieron agredirla al ella presentarse físicamente en su terreno. De hecho le dijeron que la iban a linchar, y nosotros no lo vamos a permitir. La señora Kowalski me lo ha hecho saber, que sí tiene miedo que algo le llegue a pasar, porque más que nada ya se lo hicieron saber los vecinos.
“De forma indebida el Ayuntamiento de San Fernando anda azuzando a más gente para que molesten a la señora Kowalski, después de que ha sido ya pisoteada en sus derechos, despojada de su propiedad. Entonces tenemos aquí la autoridad en muy malas manos, por lo que es urgente que se respete la ley y eso es lo que estamos peleando ante las instancias correspondientes”, pormenoriza.
La defensa insiste en que las autoridades hagan su trabajo y que se pronuncien respetando la legalidad: “Porque de lo contrario ¿qué podemos esperar de quien es el encargado de que la justicia y la legalidad se observen, si ellos mismos son los que la están violentando?”, cuestiona.
BRILLAN POR
SU AUSENCIA
Cabe destacar que el pasado 9 de abril la PGJE llamó a declarar a las partes involucradas, entre las cuales se encontraba el presidente municipal de San Fernando, así como síndicos y regidores. La cita era con la finalidad de llevar a cabo una conciliación, pero los funcionarios no se presentaron.
En tanto que el pasado lunes 13 de abril se desarrolló una inspección ocular del predio, dentro del procedimiento número 01/2015 que se lleva a cabo en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, como un método de juicio y al que se le denomina trámite de expropiación.
“Es una solicitud que el Ayuntamiento de San Fernando hizo para que Obras Públicas sea la encargada de llevar a cabo todas las audiencias, la recepción y desahogo de las pruebas y ellos van a pronunciarse para dar o no lugar a la expropiación.
“Aún así existiendo una causa de utilidad pública, repito, no se puede dar la procedencia de la expropiación, porque la propia ley establece que en ningún caso deberá ser ocupada la propiedad, si no existe el decreto del gobernador. En otras palabras, no se puede hacer un despojo y luego tratar de enmendarlo, o tratar de decir que los actos son legales, porque ya tienes ahora el trámite de expropiación.
“Son dos cosas diferentes, porque como mencioné, primero se cometió un delito al despojar e invadir la propiedad de la señora”, ejemplifica el abogado Ruiz Delgado.
Comenta que el ayuntamiento dejó que el problema creciera después de haber concluido las obras en el terreno de su defendida y en ningún momento ha mostrado la voluntad para alcanzar un acuerdo.
“Ellos terminaron ese tanque hace diez meses, y el trámite de la expropiación lo solicitaron hace escasamente un mes, cuando esto era ya del dominio social (y había detonado el escándalo). Al iniciar un procedimiento
ilícito quieren ahora justificarse por medio de la expropiación”, indica la parte acusatoria.
A la inspección ocular del bien inmueble en estatus irregular no asistió el munícipe de San Fernando, pero sí el secretario del ayuntamiento, Luis Lauro Pérez, quien no quiso pronunciarse al respecto.
“Nada, sin comentarios. Vamos a dejar que el proceso siga su curso legal y las autoridades determinen lo conducente”, acotó.
Por su parte, Luis Demetrio Reyes Monsiváis, emisario de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, quien también se desempeña como director jurídico de Acceso a la Información Pública, declaró que en la inspección judicial se practica un procedimiento de utilidad pública que se inició a petición de las autoridades municipales.
“Esta es la primera inspección que se realiza. El procedimiento se deja en el Estado, por resolver y se dicta la resolución del caso.
“Asentamos los puntos que se pedían y en su momento se resolverá el expediente como corresponda, con los elementos que tenemos. El procedimiento se está llevando por sus cauces legales, ajustados a la normatividad que opera en la materia, en este caso, la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio y en su momento se resolverá conforme a derecho, atendiendo todos los elementos que tenemos en el expediente”, mencionó en entrevista.
LO QUE VIENE
En tanto que de acuerdo con el abogado Juan Carlos Ruiz Delgado, ya se encuentran agotadas las etapas procesales del procedimiento administrativo de expropiación.
Aduce que la Secretaría de Obras Públicas del Estado elaboró un proyecto de resolución, el cual se lleva a la Secretaría General de Gobierno, para que ésta sea la encargada de elaborar el decreto que va a firmar el gobernador, por lo que ellos hasta ahí terminan su intervención.
“Lógicamente a nosotros nos será notificado lo que se haya dictaminado. Si da lugar a la expropiación o en su caso si se declara improcedente. Si es así, el alcalde y el cabildo tendrán que responder por todos los daños causados en esta ocupación ilícita.
“La señora dueña de la propiedad, en su caso, muy bien podría estar cobrando una renta por ese terreno. Y hasta ahorita, después de que tiene 10 meses, obviamente que no le han dado nada. A eso hay que añadir el tiempo que utilizaron para construirlo.
“Yo lo considero como algo que no tiene soporte jurídico, porque no puedes decretar un acto ilícito, que tenga como origen otro acto ilícito a su vez. O sea que la comisión de estos delitos no puede verse favorecida con un decreto expropiatorio. Eso es muy entendible”, define.
Sin embargo, de proceder la expropiación, el Ayuntamiento de San Fernando sería el principal beneficiado, pues se privilegiará con un precio muy diferente al que podría valer el terreno donde colocó el tanque de almacenamiento.
“En definitiva, la cantidad se puede controvertir al decretar la expropiación y determinar un valor. Ellos citan una junta de peritos, la cual se lleva en un procedimiento judicial ante un juez de Primera Instancia. Ya no se lleva a cabo ante el gobernador ni a la Secretaría de Obras Públicas. La Ley prevé ese supuesto, de que se va a fijar un valor real, que atención, no tiene que ver con lo que está declarado en los impuestos prediales, que siempre se refleja en una suma distinta”, advierte.
Ante este escenario el legista puntualiza que en la compra de un inmueble se tienen que establecer las condiciones de mercado, de la oferta de la ley y la demanda.
“Pero obviamente a mi cliente le favorecería que el gobernador no apoyara la decisión del Ayuntamiento de San Fernando, y sería algo muy sano para la sociedad, porque dejaría en claro que la ley se debe respetar y que los funcionarios se tienen que abstener de cometer actos ilícitos”, recalca Ruiz Delgado.
Aunque la señora Stephanie Kowalski se reservó el derecho de divulgar el monto en que podría desprenderse de su propiedad, el licenciado que lleva el caso manifiesta que el gobierno de Mario Alberto De la Garza Garza le ofreció una cantidad ridícula.
“Eso no le interesa a mi cliente,
mejor que le regresen el predio y asunto solucionado; sin embargo, hasta ahora no hay arreglo, dejan de asistir (los funcionarios de San Fernando) a las audiencias en donde va a haber una posibilidad de solución y ellos mismos, (el alcalde y sus colaboradores) se encargan de decir que no hay solución.
“Entonces, nosotros tenemos que irnos a las instancias que corresponden, en el ejercicio del derecho y pedir que se haga justicia para la señora”, acentúa Ruiz Delgado.
Este medio ha solicitado una entrevista formal con el presidente municipal demandado para conocer su opinión sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta.
Al final la justicia en Tamaulipas se encuentra ante la ocasión para dirimir un caso complejo en apego a los estatutos constitucionales, aún y cuando todas las pruebas demuestran que una obra tan importante como el Acuaférico los transgredió.
