El reportaje de portada de Hora Cero “Alcalde invasor”, que apareció en la segunda edición de enero (406), hizo eco en las fibras políticas de San Fernando, Tamaulipas, al divulgar que la obra estrella de la gestión priista de Mario Alberto De la Garza Garza, se edificó al puro estilo “paracaidista”.
Y es que el gobierno municipal permitió que un predio de la colonia Loma Alta –en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Garza Sáenz– fuera invadido para construir el depósito de agua del Sistema Acuaférico (cuya capacidad es superior a los dos millones de litros), sin hacer previamente un trámite de expropiación ni concretar la compra-venta del terreno con Edwar Louis Kowalski Medina, el legítimo propietario.
En ese contexto, el regidor panista, Américo Ochoa Amaro, integrante de la Comisión de Gobierno del Cabildo local, admite que para haber autorizado la construcción, el ayuntamiento debió tener el aval del dueño, algo que no se legalizó.
Aunque Kowalski Medina (el terrateniente) manifestó desconocer que el municipio estuviera construyendo la cisterna en su terreno, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) sugiere que tal vez éste sí lo sabía, pero como no hubo un acuerdo en el precio se trabaron las negociaciones.
“Sí se construyó en un terreno privado, pero al hablar con el presidente (Mario Alberto) el pasado martes sobre eso me dijo que ya están en la última etapa del trato”, especificó Ochoa Amaro.
El edil albiazul dijo desconocer la cantidad que pide al gobierno municipal la parte vendedora donde está el tanque del Acuaférico.
“Lo que sí sé es que esta obra se realizó con fondos de la empresa española Iberoamericana de Hidrocarburos, S. A. (IHSA) y no con aportaciones del municipio”, agregó.
“TODO LLEVA UN ORDEN”
Como regidor de oposición en la comuna de San Fernando, Américo Ochoa Amaro cree que para la realización de un proyecto, y sobre todo tan importante como el Acuaférico, debieron seguirse los mecanismos correctos y no saltarse pasos, sino respetar puntualmente cada uno de los procedimientos.
“Yo siento que primero se debió haber finiquitado la transacción para haber empezado la obra. Ese es un punto principal: primero pasar la propiedad a nombre del municipio y luego edificar la obra, es lo más correcto.
“Con esto quiero decir que antes se debió haber expropiado en beneficio del municipio, que pasara a formar parte de la hacienda municipal para entonces después iniciar la obra. Para que la hayan empezado pienso que debió haber algo firmado que no nos han presentado en el cabildo. A nosotros no nos han mostrado ningún acuerdo con la aprobación de los dueños (del predio emproblemado) para que se hiciera la obra ahí.
“En las reuniones de presidencia sí se habló de donde iba a ser la obra, más nunca nos dieron un documento donde estaban dando el aval para construir”, reiteró.
Pero este miembro activo de Acción Nacional considera que las omisiones en la obra del Acuaférico son un reflejo del funcionamiento de la actual gestión pública municipal.
“Yo creo que el trabajo está empañado desde que empezó la administración. Habría que revisar si la Secretaría General de Gobierno y la contralora de Tamaulipas, Gilda Cavazos, se han dado cuenta de este asunto, porque deben de enfocarse más en los problemas internos de cada municipio, pues es prioridad pedir una auditoría
“Yo conozco al doctor Mario Alberto De la Garza Garza, y en mi opinión como persona es muy amable, no tengo nada que hablar en contra de él; creo que le están faltando buenos asesores, porque se requiere apretar un poquito más en los intereses y beneficios del pueblo”, aseguró.
Insinuó que Alberto Quintanilla, secretario de Obras Públicas, debió estar al tanto del asunto y la asignación del proyecto, como también deberá reconocer los atrasos y fallas que se están registrando con la construcción del Acuaférico.
“Lo que sí puedo decir es que las calles las dejaron peor, destrozadas; no se ha terminado de tapar las zanjas que hicieron calle por calle. Y en las que taparon no compactaron bien, porque se está hundiendo el material, haciendo que en vez de un beneficio quedara un perjuicio a nuestras vías de comunicación”, alertó Ochoa Amaro.
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
Por su parte, José Alfredo Castro Olguín, abogado y secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que Edwar Louis Kowalski Medina está en todo su derecho de interponer las acciones legales necesarias.
“Es lamentable que en aras de realizar una obra en beneficio de la sociedad, pues se tengan que transgredir derechos de particulares. El de propiedad es un derecho constitucional establecido en el Artículo 27 y es una garantía individual que no se puede violentar.
“Considero que este tema debe investigarse y en caso de caiga alguna responsabilidad en los funcionarios, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se debe de proceder. No se puede saludar con sombrero ajeno”, comentó.
Castro Olguín especificó que su partido se está pronunciando a favor de abrir una investigación y proceder conforme a derecho.
“Si el particular tiene la razón, deben pagárseles los daños y perjuicios causados por el ayuntamiento de San Fernando”, definió.
El militante perredista señaló que la construcción ilegal del Acuaférico en un predio que no era del municipio es producto de una falta de trabajo legislativo al interior del cabildo.
“Cada asunto y cada obra debe pasarse a las comisiones respectivas, para que se analice, se estudie y haga el estudio de factibilidad. A la Comisión de Desarrollo Urbano, a la Comisión de la Tierra, Obras Públicas, etcétera.
“Para eso son los regidores, para dictaminar los asuntos que les turnen, pero seguramente no se hizo este trabajo legislativo y es probable que el alcalde se la haya aventado por sí solo.
“Como digo: hay que deslindar responsabilidades, ver el expediente técnico de la obra y fue aprobado previamente por cabildo y se elaboraron los dictámenes correspondientes, si no fue así, pues es una obra ilegal”, advirtió.
LA LEY PAREJA
Señaló que al iniciar su gestión como secretario de Derechos Humanos al interior de su instituto político, su trabajo es promover el respeto de estas garantías en todo el Estado.
Y argumentó que también se debe proteger los derechos de los niños, de la educación, del debido proceso, de trabajadores, de los usuarios de la Comapa, como también los derechos de las personas que sufran invasión de propiedad, como lo que pasó en San Fernando.
“En esta obra mal realizada o planeada de parte del alcalde (De la Garza Garza) puede encuadrarse el delito de Despojo. Si varios funcionarios intervinieron en esto pueden ser responsables del delito de Coalición de Funcionarios Públicos y otras faltas que pudieron cometerse, como Desvío de Recursos Públicos o Tráfico de Influencias, que aparecen tipificados en el Código Penal de Tamaulipas”, añadió Castro Olguín.
El entrevistado fue más allá al abundar que cuando se cometen infracciones de esta naturaleza, no solamente se puede solicitar que se resarzan los daños, sino también penalidades en contra de los empleados de un ayuntamiento.
“Porque pueden interponerse recursos por la vía civil, también pedir la acción penal e interponerse quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhet), por la violación al derecho de propiedad y al derecho de audiencia y ser oído en juicio.
“Recordemos que nadie puede ser molestado en sus bienes, posiciones y derechos si no es mediante una orden de una autoridad previamente establecida y debidamente fundada y motivada”, sentenció.
Puesto que el terreno de la colonia Loma Alta, no es una propiedad municipal o pública, José Alfredo Castro Olguín detalló que la expropiación, la permuta o la compra-venta son las vías legales que el ayuntamiento debió haber utilizado para evitar el despojo y una posterior demanda.
DERECHO DE REPLICA
Mientras tanto, este medio solicitó una entrevista con el alcalde de San Fernando, Tamaulipas, para dar su versión de los hechos. La oficina de Comunicación Social señaló que debido a sus compromisos como presidente municipal, Mario Alberto De la Garza Garza no podía atender inmediatamente al llamado.
Sin embargo, externó que el edil se encuentra muy molesto con el tema, al argumentar que el proyecto del Acuaférico no es nuevo y no recae totalmente en su gestión, puesto que la administración anterior, de Tomás Gloria Requena, no hizo su parte en legalizar el terreno de la discordia, y que De la Garza Garza solamente le dio seguimiento.
No obstante, la Oficina de Comunicación Social reconoció que no se concretó ningún convenio de compra-venta en relación al terreno donde está el tanque, siendo una omisión, insistió, del municipio previo.
Y a pesar de que la obra se construyó en el actual gobierno, lo cierto es que mientras el ayuntamiento no oficialice un acuerdo económico con Edwar Louis Kowalski Medina, el Acuaférico de San Fernando se estará atragantando.
