Si “Todos somos corruptos”, como dijo famosamente el presidente López Portillo, ¿quién va a sanear? No hay nada que hacer.
La afirmación tajante sirve para eso: para no hacer nada. Para lo mismo sirven las explicaciones absolutas (la corrupción está en nuestra cultura, nuestra historia, nuestros genes) y las soluciones radicales (hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia, hay que rehacer las instituciones, hace falta una nueva Constitución, hay que reinventar el país).
Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad, no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradación personal, no contribuir a la ajena y apoyar el saneamiento institucional de manera práctica y sin fariseísmo.
Hay prioridades. Tiene más fuerza multiplicadora la corrupción de un jefe que la de un subordinado; la corrupción de las autoridades (políticas, empresariales, sindicales, mediáticas, intelectuales, eclesiásticas, universitarias, profesionales, deportivas) que la corrupción de las familias. En el ciclo que va desde la ocasión, el delito, la denuncia, la averiguación y el juicio hasta el castigo, nada tiene más fuerza multiplicadora que la impunidad de las autoridades delincuentes.
Hay que combatir la impunidad sin estorbar el ejercicio legítimo del poder. Facilitar la transparencia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y castigo. Por ejemplo:
1. Si todos los pagos del gobierno fueran públicos, sería más fácil observar la conducta morosa, inepta o delincuente. La sociedad, la prensa y los órganos del Estado tendrían mayores oportunidades de intervenir para mejorar la administración pública.
Para el arranque, habría que limitarse a los pagos federales de diez millones de pesos o más. La publicación de cada pago debería incluir: persona física o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fecha, dependencia, funcionarios que autorizan (en calidad de qué), cuentas programáticas y contables afectadas.
Toda esta información ya existe electrónicamente al expedir el pago. La novedad sería que el programa suba automáticamente una copia a un Portal de Pagos Federales administrado por la Auditoría Superior de la Federación. Esto facilitaría sus revisiones sobre la marcha (sin esperar al cierre del ejercicio) y. sobre todo, abriría a terceros la oportunidad de cooperar con señalamientos concretos de cosas que vale la pena investigar. El acceso a la base de datos (actualizada diariamente) no requeriría solicitud, justificación y ni siquiera dejar los datos del interesado en consultarla.
2. Vigilar la conducta de millones de habitantes en millones de kilómetros cuadrados no tiene sentido práctico (ni democrático). Vigilar la conducta de las autoridades carcelarias, judiciales y policiacas en sus lugares de trabajo tiene más sentido y cuesta infinitamente menos. Las cárceles pueden ser el embrión de un Estado de derecho. Si no es posible asegurar el cumplimiento de la ley en espacios cerrados, pequeños y bajo vigilancia armada, menos aún en todo el territorio nacional.
En las cárceles hay inocentes que no deberían estar ahí; culpables de delitos menores que no pueden pagar la fianza para salir; reclusos que extorsionan telefónicamente a la población externa; que maltratan o matan a otros reclusos; que se fugan. Y autoridades cómplices que toleran todo esto o lo encabezan.
Dado que el saneamiento de las cárceles, inevitablemente, debe estar a cargo de las autoridades; y que los ciudadanos (con razón) no querrán meterse en ese infierno; lo práctico es que la intervención ciudadana se ejerza contratando expertos internacionales que presenten un informe semestral de la situación de cada cárcel.
3. Es menos arriesgado que los ciudadanos intervengan en el paso previo a la cárcel. Hay una zona problemática entre las procuradurías de justicia y los tribunales. Puede haber deficiencias (intencionales o no) sobre cómo presenta sus pruebas el ministerio público y cómo las juzga el juez. Un delincuente puede comprar a la policía, al juez o a ambos. Hay cierta circularidad en el hecho de que el poder judicial juzgue si una sentencia estuvo bien y la policía investigue si hubo o no corrupción. Un observatorio ciudadano del proceso judicial que revise técnicamente las sentencias significativas permitiría localizar cuáles jueces y agentes del ministerio público están mal.
