La devastadora devaluación del Peso en diciembre de 1994 dejó a millones de mexicanos en la ruina, muchos de los cuales perdieron sus ahorros, negocios, autos y también sus casas.
En aquel entonces, hace precisamente casi 20 años, cientos de miles de créditos hipotecarios de los cuentahabientes del Infonavit se fueron hasta las nubes, con cantidades impagables, provocando una crisis de la que aún hay quienes no se recuperan.
Algo parecido podría ocurrir en las próximas semanas si los legisladores federales aprueban el alza al salario mínimo del 29 por ciento en el Distrito Federal. La medida tendría efectos positivos para la clase trabajadora, pero al mismo tiempo puede acarrear consecuencias demoledoras.
Esto es debido a que diversos instrumentos de deuda en el país como lo son créditos, (entre los que se encuentran el del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores); multas administrativas y otro tipo de sanciones federales se basan en Veces el Salario Mínimo de la Ciudad de México (VSM).
La propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe capitalino del Distrito Federal, beneficiaría a los residentes del lugar que gobierna, pero al mismo tiempo perjudicaría a quienes han obtenido una casa mediante el Infonavit bajo ese término.
De acuerdo con especialistas un saldo por pagar de 400 mil pesos podría incrementarse en automático hasta los 500 mil. Alrededor de 100 mil pesos si es que se aprueba esta iniciativa, que el pasado 8 de septiembre fue entregada por el mismo Mancera a los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
UN REVES AL BOLSILLO
Por consiguiente, entre más una persona adeude de su crédito, mayor será el monto que subirá la deuda, los intereses y el cobro que le descontarán de su nómina.
Actualmente el salario mínimo en la capital del país se tasa en 67.29 pesos y se busca incrementarlo en una primera etapa a los 82.86 pesos en 2015 (un 29 por ciento), con aumentos hasta los 177 pesos al año de 2018, lo cual afectaría de manera negativa a todos aquellos que poseen un crédito en VSM.
Aunque el Infonavit dispone de una opción en la que los trabajadores puedan adquirir su vivienda mediante un esquema de pesos, la mayoría de éstas han sido otorgadas en Veces el Salario Mínimo de la Ciudad de México.
Tan sólo en el sexenio calderonista se entregaron tres millones de viviendas y cada año en promedio se hacen efectivos medio millón de créditos a nivel nacional. Actualmente son siete millones las personas a las que les descuentan por este concepto en el país.
De acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal tres de cada cinco casas de interés social son otorgadas a personas que perciben menos de cuatro salarios mínimos de sueldo.
A RIO REVUELTO…
En este “efecto carambola” el Infonavit sería el mayor beneficiado con la propuesta de extracción perredista, porque eso representaría un aumento en los números de sus arcas.
Sobre dicho tema, que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y las repercusiones producidas por el cambio de dicha variable, José Alfredo Castro Olguín, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Reynosa (PRD), dio su opinión:
“Yo digo que al aumentar el salario también se incrementa la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pueden comprar más cosas. Eso es lo más positivo que vemos, pero también habría que ver cómo se aplica, porque en salarios mínimos se fijan muchas tarifas, multas, sanciones, créditos y otros cobros que se establecen en las leyes en todas las materias legales”, advierte.
El entrevistado reconoce que “si son violados los derechos de los cuentahabientes del Infonavit y sienten que ha sido perjudicial una medida de esta naturaleza éstos podrían recurrir al amparo”, como un instrumento en el que los jueces federales o la Suprema Corte de Justicia resuelva su situación.
“Yo creo que debe valorarse muy bien esta medida, sobre todo en los impactos negativos y principalmente en cómo se miden estos créditos y deudas”, añade.
Castro Olguín sugiere que se establezca un mecanismo para aumentar el salario de los trabajadores sin perjudicar a los millones de personas que tienen una casa de interés social y blindarlos ante ese panorama.
Este abogado de profesión es conocido en Reynosa como uno de los defensores de los habitantes de la colonia Jarachina Sur, que hace varios años se vieron amenazados en perder sus viviendas por un fraude que le cometieron al Infonavit. Después de múltiples manifestaciones más de 300 familias recibieron las escrituras de sus casas que ya habían pagado.
Como conocedor del tema y al mismo tiempo, representante del PRD (el mismo partido de Mancera), Castro Olguín confía en que los legisladores federales revisen cada punto que se plantea en esta iniciativa del aumento al salario mínimo.
“Estábamos revisando que pudiera acotarse la propuesta. Implementarse en lo positivo en los impactos favorables y reducirse los negativos, en cuando a las deudas, multas y sanciones, que no aumenten y se queden como están; que se congelen en todo caso las deudas y los créditos obtenidos para que no resulte afectado el trabajador”, comenta.
Aunque se ha mencionado la posible creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que crecería de manera paralela a la inflación, partiendo desde los 67.29 pesos, esa disposición no ha sido aprobada.
En la misma tesitura el dirigente perredista sopesa que de nada serviría un aumento sustancial al sueldo de los trabajadores si el gobierno federal sigue subiendo los precios de los energéticos y la inflación continúa con la misma tendencia, de bienes y servicios cada vez más caros.
Y mientras la popularidad de Miguel Mancera recae en las encuestas, su intención de llevar a los trabajadores de Ciudad de México a percibir un mejor sueldo, podría terminar, sin quererlo, en una antítesis para cerca de siete millones de mexicanos y sus familias que dependen de una vivienda del Infonavit.
Se lavan las manos
En Reynosa son pocas las voces que quieren abordar el tema. Los funcionarios federación afirman que no son los indicados para hablarlo. La Subdelegación del Trabajo tampoco quiso emitir una opinión. Mucho menos los jueces de la Judicatura Federal, que son los que dictan las sanciones.
Se solicitó una entrevista con Reynaldo Garza Elizondo, secretario de la Federación de Trabajadores en Reynosa, pero al cierre de esta edición no ha habido respuesta.
Sólo Isaías Contreras Tamayo, magistrado del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia en esta ciudad (dependiente del gobierno de Tamaulipas), señaló que las secuelas por el caso de los salarios mínimos en el Distrito Federal, al menos en cuanto a multas administrativas, no se verán reflejadas en los tribunales de las entidades de la República, pues éstas basan sus decretos en el tabulador estatal.
Quienes sí sancionan en base a las VSM de la Ciudad de México son los órganos de impartición de justicia de la Federación, indicó.
Por su parte, José Alberto López Fonseca, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, brevemente comentó el problema.
“Tenemos ya el marco de la Consulta Ciudadana y en una acción noble de nuestro partido buscar que se incremente el salario digno, pero también no hemos perdido de vista que tenemos los mecanismos con nuestros grupos parlamentarios para que no se incrementen créditos como los del Infonavit. Pero al mismo tiempo estamos visualizando el escenario de todos los aumentos que se han dado a la canasta básica”, dijo.
