Denunciar no sirvió de nada

La vida de Zaida Jaqueline Rodríguez Pascual cambió totalmente después de ser agredida por una compañera en el Instituto Tamaulipas de Capacitación para el Empleo (ITACE) en Reynosa, el pasado 2 de junio.
Desde hace tres meses los daños severos en el cuello y columna vertebral, así como múltiples contusiones, le han provocado que dolores intensos que la llevan a mantenerse en constante observación médica y la ingesta de medicamentos de por vida.
Su agresora, Sandra Hernández, alumna del grupo H del mismo plantel educativo, ubicado en la calle 8 de la colonia Prolongación Las Cumbres, no sólo no fue sancionada, sino que permanece estudiando en el ITACE, mientras que Zaida fue expulsada.
Lo relatado por la joven de 17 años es que tenía varios días molestándola y aunque acudió al Departamento de Orientación a reportar el caso, ni la psicóloga y el profesor encargado la tomaron en cuenta.
“Al día siguiente fue a buscarme al taller, dentro de la escuela, y al salir me tomó del cabello y me tiró al piso. Comenzó a golpearme y a rasguñarme la cara, además me azotaba la cabeza contra el pavimento. Me quedé tirada y todavía me pateó. Algunos maestros vieron pero no se metieron. Cuando me llevaron a la enfermería del plantel la responsable del área y una psicóloga me decían que yo había tenido la culpa por meterme a la boca del lobo y por tener malas vibras y atraer las cosas negativas. Decían que eso me había pasado por malvibrosa”, recordó.
Al enterarse del caso el director del
ITACE, Gerardo Manuel Morín Terán aseguró que no se trató de un caso de bullying sino que solamente había sido una pelea entre dos alumnas dentro del plantel, donde ganó la más fuerte. 
No obstante, el 5 de junio pasado, aseguró que por los hechos ambas estudiantes serían expulsadas porque habían violado el reglamento escolar.
“Es reprobable en el ITACE todo tipo de violencia llámese bullying, acoso, violencia, golpes o como le quieran nombrar, por eso tratamos de inculcar acciones sanas en ellos. Además fomentamos el empleo y la violencia en  un trabajo, causa despido”, sentenció en ese entonces. 
A pesar de esa declaración a los medios de comunicación que tomaron nota del caso, el director del ITACE y el consejo decidieron expulsar a la afectada y dejar que la agresora continuara en el plantel.
“Primero dijo que nos iba a correr a las dos porque era una falta de disciplina pero al final la otra chava siguió estudiando ahí. A mi solamente me dejaron hacer algunos exámenes porque tenía materias exentas y me dieron mis calificaciones. Después me enteré que la justificación del director fue que había reprobado materias y que por eso me habían dado de baja, pero todo eso era falso”, narró la ofendida.
Ante esta circunstancia, Zaida se inscribió en el Cobat 7 Reynosa donde tendrá acudir doble turno para revalidar varias materias.
“Acá me va muy bien. No tuve problema para entrar por mis calificaciones solamente con las materias que cambiaron pero tendré que adaptarme, la ventaja es que ahora estoy más tranquila”, señaló.
A pesar de que la riña no fue provocada por ella fue expulsada. Y aunque el director dijo que la escuela iba a hacer cargo de los gastos médicos y jamás lo cumplió.
Actualmente la joven sigue con secuelas de las lesiones: los dolores en el cuello y la columna son continuos pero con medicamento que toma diariamente y la revisión médica mensual la mantienen controlada.
“Cualquier síntoma o dolor que tenga tengo que acudir al doctor para que no sea más intenso el dolor. El medicamento para el malestar es de por vida. Me aplican ungüentos y fomentos de agua caliente para que se me calme el dolor porque los efectos secundarios del medicamento también me dañan el estomago”, señaló.
En ese entonces, Zaida y su madre interpusieron una denuncia por golpes y amenazas ante la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Conductas Antisociales cometidas por Adolescentes.
“Teníamos miedo y lo único que mi mamá quería es que quedará denunciado el hecho y que cualquier cosa que me llegará a pasar ella será la responsable. Solamente nos hicieron firmar documentos para que no se me acerque pero todavía me da temor que un día me venga a buscar”, indicó.
En el mes de julio firmaron el acuerdo de conciliación, que estipula que las jóvenes no se volverían agredir.
“El documento donde dice que ni ella ni yo nos podemos insultar por ningún medio de comunicación ni agredirnos físicamente”, dijo.
Y añadió: “Se me hace muy injusto lo que sucedió porque yo fui la agredida y resulta que a mi me corren de la escuela. No ando ni anduve en problemas, siempre me he llevado bien con la gente, de hecho nunca me había pasado eso. En las escuelas que estuve no me había peleado ni había tenido problemas de ese tipo. Sin embargo, no le deseo mal, Dios que la bendiga”, indicó.
En su momento la delegación local de Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas recibió la queja de Zaida y su madre. No obstante al solicitar información en la dependencia señalaron que solamente en Ciudad Victoria pueden proporcionarla.

DENUNCIAS
Aunque el Bullying no existe propiamente como delito penal, en la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Conductas Antisociales cometidas por Adolescentes se recibieron varias denuncias por situaciones que lo rebasaban ya que llegaban a los golpes, robos y amenazas.
El procurador de la dependencia, Gerardo Alejandro Treviño Martínez, señaló que después de que en el mes de mayo falleciera un menor en Ciudad Victoria por estas causas se incrementaron las visitas de padres de familia a la oficina.
“Algunos de ellos que mencionaban que querían denunciar el delito de bullying lógicamente se les atendió y asesoró. Además se les explicó que no existe como delito en los códigos penales, sino que es la descripción de una conducta en la cual de manera reiterada se le agrede a un menor, pero que pueden derivarse de esta mecánica lesiones, robos o amenazas, y eso si se castiga penalmente”, indicó.
Expresó que en su momento fue un tema que preocupó mucho a la sociedad en general, pero que desde hace dos meses no se reciben denuncias.
Añadió que los padres se preocuparon cuando escucharon a sus hijos dolerse de alguna agresión o cosas de esa naturaleza en los planteles educativos.
“Afortunadamente vinieron a la dependencia para recibir asesoría y aunque algunos casos eran cuestiones de apodos, pero que no implicaban una agresión física o psicológica o de robos o amenazas solamente nos pusimos contacto con los directivos de las escuelas y en todos los casos hubo una muy buena respuesta de ellos”, indicó.
No obstante, resaltó que se presentaron otros casos donde se implicaban lesiones por lo que se iniciaron las averiguaciones y se procedió a investigación. En los que se encontraron elementos, fueron remitidos al Juzgado de Justicia para Adolescentes y los que no, pasaron por el área de conciliación.
“La Secretaría de Educación Pública en el Estado tiene implementada una atención muy enfocada de este fenómeno y creo que ha dado resultados positivos porque en los últimos tres meses no se han presentado denuncias o asistencias que tuviéramos que dar por esas conductas”, detalló.
El funcionario precisó que de cada diez casos que atendieron uno era grave y se entablaba formalmente un procedimiento penal.
“La mayoría eran cosas de esa naturaleza donde los adolescentes se dolían de molestias por parte de compañeros pero eran cuestiones menores. Afortunadamente hubo buena respuesta del personal de las escuelas y la intervención de los padres de familia para arreglar los problemas”, mencionó.
En la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Conductas Antisociales existe un área de mediación que también interviene en esos casos para resolverlos de forma favorable.
“La mediación es voluntaria no puede ser impuesta por la autoridad, lo cierto es que son delitos que no son catalogados como graves procede este método de justicia alternativa para finiquitar el asunto y evitarle a las personas asesoría profesional de un abogado que obviamente les genera un gasto y el tiempo invertido por acudir a diligencias, testimonios, pruebas y toda la serie de requisitos que se necesitan en un procedimiento de este tipo”, refirió.
Explicó que cuando existe el interés de llegar a un acuerdo por mediación se hace constancia de ello y se remite de nuevo a la Agencia del Ministerio Público Investigador y se reúnen las demás evidencias que haya que recabar para resolver conforme a derecho si está acreditada la conducta y responsabilidad de alguien, se acude ante el órgano jurisdiccional.
“Nosotros participamos como orientadores y mediadores en ese tipo de circunstancias, anteponiendo siempre el bien de los menores y la situación de cambio de escuelas para evitar que se sigan generando estos problemas se deja al libre albedrío de los directivos del plantel. Como procuraduría no podemos imponer alguna medida disciplinaria en ningún caso o institución educativa”, dijo.
Y añadió: “Hubo escuelas que tomaron medidas drásticas y al repetirse una conducta de un adolescente que estaba involucrado en un hecho de esta índole nos enteramos que lo enviaron a otro plantel, pero insisto, ésa es una decisión autónoma de la escuela”.
Treviño Martínez exhortó a los padres de familia y adolescentes para que denuncien las agresiones, amenazas, robos. “Le denuncia es fundamental para erradicar este mal, lamentablemente muchas ocasiones inician con circunstancias leves y al paso de tiempo eso se convierte en una conducta violenta”.

SANCIONES, DICE LA SET
Por su parte el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, declaró en entrevista que se deben de establecer sanciones o disposiciones que obligue a los implicados asumir sus responsabilidades en los casos
de bullying.
“Es necesario crear conciencia y ligar responsabilidades con todas las personas que deben de estar atentas en estos casos, que son tanto maestros, como padres de familia y la sociedad en general, para prevenir y evitar estos sucesos, por lo que dice, es factible que la legislación los contemple.
“Pensamos que la ley, debe de concientizar más y obviamente, para poder lograr que sea una responsabilidad de todos se requiere establecer alguna sanción o disposición que implique que esa atención de parte de los actores en este tipo de problemas, desde los padres, maestros, alumnos y la sociedad en general deben estar atentos a cumplir su responsabilidad”, refirió.
Guerra Rodríguez añadió que los legisladores del Congreso del Estado analizarán la creación de sanciones a la Ley Antibullying de Tamaulipas.
“Estamos trabajando en lo que corresponde a la secretaría, activando de todas las acciones y medidas que contempla un plan de 15 puntos en cuanto a tener identificado esas escuelas con posibles problemas, establecer mecanismos de coordinación más ágiles y supervisar que se cumplan las disposiciones”, concluyó.

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