El equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya advirtió que la administración saliente dejó quebrantos al erario que hasta el momento son incuantificables, debido al impedimento de las secretarías para darle acceso a las cuentas públicas de 2016-2022. Octubre y noviembre serán dos meses cruciales en los cuales el nuevo gobierno estatal revisará con lupa el saqueo del sexenio cabecista, en los que podrá mandar a llamar a empleados y depurar el sistema burocrático.
Los impulsores de la ‘Cuarta Transformación’ llegan a la entidad con una loza que tendrá que llevar a cuestas durante algún tiempo. De entrada una deuda de 24.4 mil millones de pesos es la herencia que el polémico mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, le deja a su sucesor Américo Villarreal Anaya.
Bajo su gestión Cabeza de Vaca consiguió 17 préstamos millonarios que comprometieron los recursos públicos de los tamaulipecos para dar liquidez y gobernabilidad a las demandas ciudadanas que se avecinan en un corto, mediano y largo plazo.
Con un estado hipotecado la administración cabecista provocó un boquete financiero de 26 años a las arcas del gobierno estatal (hasta el año 2048).
Uno de los montos, de acuerdo con datos oficiales, es de 500 millones de pesos que solamente corresponden a tres créditos ante el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y eso es apenas la punta del iceberg. Ahora falta saber qué se hizo con todo ese dinero.
Según información del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, al gobierno de Villarreal Anaya -y al de otros futuros tres sexenios y medio- le dejaron un paquete de deudas que serán una pesada carga no sólo para gastos corrientes, pagos de nómina y operativos, sino también para poder impulsar programas de desarrollo.
Y es que el gobierno saliente no desaprovechó la ocasión para sacar préstamos en todas las instituciones crediticias que le fueron posibles.
En Banco Azteca tramitó 250 millones de pesos; en Santander, 300 millones, más otros 100 millones en ScotiaBank y nada menos que 5 mil 461 millones de pesos con Banorte, una estratosférica cantidad que la oposición en el Congreso local fustigó de manera categórica en el mes de noviembre de 2017, pero que los legisladores panistas avalaron junto con los priistas.
Y el argumento que presentó la Secretaría de Finanzas del Estado para obtener tales sumas fue por una supuesta “insuficiencia de liquidez”.
Por si esto fuera poco la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que Tamaulipas no estaba ejerciendo fondos federales en materia de seguridad pública y educación.
Por una serie de anomalías determinó que la administración de Cabeza de Vaca no cumplió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de aportaciones y recursos transferidos.
LOS OBSTACULOS
Aunque el Artículo 3 de la Constitución del Estado de Tamaulipas obliga a las administraciones salientes a elaborar un informe general de los recursos materiales, humanos y financieros en los que el gobierno se entrega, el equipo de transición del ahora jefe del ejecutivo, Villarreal Anaya, estuvo denunciando trabas e inconsistencias por parte de los colaboradores cabecistas.
Durante el periodo de entrega-recepción de la administración pública iniciado el 1 de septiembre, Jesús Lavín, coordinador de los trabajos, advirtió los serios problemas que tuvieron y siguen teniendo para poder acceder a los documentos oficiales de las diferentes secretarías.
Esto ha quedado constatado en varias ruedas de prensa que fueron ofrecidas en días previos a la toma de protesta, sobre hermetismo y falta de colaboración por parte de los funcionarios públicos de la gestión saliente.
Con una rendición de cuentas comprometida, el nuevo gobierno tendrá que elaborar un minucioso inventario y escudriñar todos los archivos de las dependencias públicas, aunque presumiblemente muchos han sido ya desaparecidos.
Al cierre de esta edición el Comité de transición no recibió un informe exacto y desglosado como lo establece la normatividad vigente en Tamaulipas.
Pero el gobernador, Américo Villarreal Anaya, cuenta con el apoyo del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de la República, Santiago Nieto y un equipo de asesores y 390 especialistas técnicos que trabajan a marchas forzadas para poder comprobar cuál es el estado actual del gobierno y realmente en qué condiciones García Cabeza de Vaca entrega su administración.
Las auditorías del equipo de enlace tienen como objetivo conocer de manera general y específica los recursos, responsabilidades y compromisos que se están recibiendo.
Aún no se ha determinado si este problema es tan grave como para interferir en el desarrollo de las funciones oficiales de gobierno, por la supuesta sustracción de información, por el uso indebido de mobiliario o la posesión arbitraria de bienes pertenecientes al Estado.
Estaba estipulado que cada dependencia debía haber entregado una relación de activos y pasivos a corto, mediano y largo plazo, respaldada con información y documentos de los proveedores, así como un informe de contratos y fideicomisos.
Del mismo modo se tuvo que haber presentado un esquema con la estructura orgánica de cada una de las secretarías y oficinas gubernamentales en la entidad, junto con las normas jurídicas que regulan su respectivo funcionamiento.
También una plantilla actualizada del personal, la adscripción, nombres, categorías y señalamientos de trabajadores de base, sindicales, de confianza, extraordinarios, eventuales, con contrato o por tiempo fijo e indefinido.
Sin olvidar que en términos reales también el reporte incluye datos del mobiliario y equipos de oficinas, almacenes y talleres; maquinarias, herramientas, aparatos de comunicación, cómputo y aquellos dados de baja definitivamente.
Entre los temas más importantes a considerar tendrían que haber aparecido también el desglose de estados financieros, cuentas bancarias, de cheques, de ingresos, de gastos; activos, pasivos; presupuestos autorizados y un arqueo del dinero en efectivo con el que el estado de Tamaulipas cuenta.
Sin embargo, el gobierno para el periodo 2022-2028 no posee todavía una relación completa y detallada de las secretarías, puesto que las labores del Comité de Transición se quedaron rezagadas por el mismo bloqueo y falta de acceso a la información de los funcionarios salientes.
Siendo así el escenario de obstáculos denunciados por el gobierno entrante faltará determinar a qué grado llega el desmantelamiento de la función pública provocado por el último sexenio, para así poder también iniciar acciones legales, abrir carpetas de investigación y fincar responsabilidades penales y administrativas a empleados que no cumplieron con sus deberes.
