El 5 de septiembre se informó que ocho supuestos delincuentes murieron después de haberse enfrentado con agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas en un domicilio de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo. Días después organismos defensores de los derechos humanos mostraron evidencias de que todo pudo haber sido un montaje lo que provocó que las autoridades estatales suspendieran temporalmente a los agentes involucrados en los hechos para poder ser investigados.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que se ha decidido “suspender temporalmente” a los elementos de la Policía Estatal involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo.
Las autoridades anunciaron que la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia procedió a “suspender temporalmente” a los elementos participantes en los hechos del pasado 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo.
Ese día un comunicado la Secretaría de Seguridad informó que los policías estatales se enfrentaron con presuntos criminales vestidos de militares, con un saldo de ocho personas muertas, cinco hombres y tres mujeres.
Al mismo tiempo se mostraron fotografías de algunos de los presuntos delincuentes quienes aparecen con vestimenta camuflada, equipo táctico y armas largas.
Sin embargo días después comenzaron a conocerse los testimonios de testigos y familiares de las personas fallecidas de que en realidad todo se trató de un montaje, pues las víctimas fueron sacadas de sus domicilios a la fuerza por los policías estatales, quienes los obligaron a vestirse con la ropa castrense para, posteriormente, asesinarlos.
Los testimonios fueron revelados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo quien aseguró que este incidente fue una ejecución extrajudicial.
Entre las pruebas que aportaron está el hecho de que los uniformes militares con que fueron encontradas las víctimas no correspondieran con la talla de los fallecidos e incluso en uno de los casos un hombre usaba dos botas del pie derecho.
Además, en la casa donde las autoridades dijeron que se dio el supuesto enfrentamiento no había impactos de bala.
Las familias de los muertos indicaron que las armas que supuestamente usaban los occisos fueron “sembradas” presuntamente encontradas a sus familiares. De hecho, al menos tres de las víctimas dieron negativo en la prueba de radizonato y cuatro de las armas encontradas junto a los cadáveres “nunca fueron accionadas” sino más bien colocadas junto a los cuerpos.
Pieza fundamental para fortalecer la tesis del montaje fue la camioneta que los policías estatales dijeron que habían encontrado en el domicilio donde se dieron los hechos.
El testimonio del chofer de la grúa que movió la unidad motriz al domicilio donde se dijo había sido la balacera ayudó a derrotar la primer versión oficial.
Sin embargo, esta persona denunció haber sido víctima de intimidación por agentes de la Policía Estatal, quienes se apostaron afuera de su domicilio horas antes de que acudiera a declarar ante las autoridades.
De hecho esta persona tuvo que ser atendido médicamente debido a que se le subió la presión por el miedo que sintió de que los agentes policiacos pudieran ingresar a su domicilio y detenerlo.
Tras el escándalo, que fue
recogido por los medios nacionales, el gobierno de Tamaulipas expresó su “plena disposición” a colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones y reiteró su “compromiso de que, en cumplimiento de su deber, los servidores públicos deberán apegarse a la legalidad y al respeto de los Derechos Humanos”.
Indicaron que la orden de suspender a los Policías involucrados en estos hechos fue “para facilitar las investigaciones que determinen las circunstancias en que ocurrió tal evento”.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, derivado de la denuncia pública realizada por el CDH Nuevo Laredo, se inició una queja y se conformó a un grupo para investigar lo sucedido.
NO ES EL PRIMER INCIDENTE
Reymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien apenas esta semana denunció a nivel nacional e internacional la muerte de ocho personas cometidas por elementos estatales, ya había declarado que en Reynosa se estaba encubriendo otros homicidios.
Es el caso de Rafael Montoya Rosales, un ex empleado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), quien se dirigía hacia el domicilio de su madre cuando fue acribillado el 30 de marzo de 2018.
Ramos Vázquez fue el único activista social que le brindó apoyo a la familia de la víctima, la cual fue ignorada por las mismas autoridades.
A pesar de que existen testigos y pruebas contundentes de que Montoya Rosales era inocente, conforme lo establece la carpeta de investigación 288/2018, que obra en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ningún elemento de la corporación fue detenido y los deudos tampoco recibieron apoyo.
Los estudios de rodizonato de sodio del laboratorio de los Servicios Periciales y la necropsia de ley del Servicio Médico Forense (Semefo) arrojaron que el occiso no tenía plomo ni tampoco bario en sus manos.
Es decir, jamás disparó un arma contra los elementos de la Policía Estatal y, además, salió negativo en los análisis de cocaína, marihuana y anfetaminas.
En junio pasado Ramos Vázquez aseguró que este caso sería tomado por su despacho y llevado a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas (ONU), pues manifestó que hay policías estatales involucrados, que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas hizo una investigación muy deficiente y que existe una evidente protección del personal involucrado.
“Hablamos de policías estatales. El Ministerio Público no tiene la intención de esclarecer este homicidio, de encontrar a los responsables, que son policías, según los testigos y de judicializar el caso. Por eso nosotros estamos interviniendo”, expresó.
LUCHA ERRADA CONTRA
LA DELINCUENCIA
Pero el Plan Reynosa ha tenido fracasos, pues en las calles de la localidad del noreste mexicano se libra una ola de muerte que ha cobrado la vida de personas inocentes, como el caso Rafael Montoya Rosales.
O como el de seis civiles ejecutados una semana después en la colonia Petrolera, entre ellos un estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), su tía y abuela, de nombres Sergio Guadalupe Roque Sánchez, Teresa Sánchez Presa y Maribel Roque Sánchez, además de los empleados y clientes de un torno, José Alfredo Vargas Dueñas, Israel Rodolfo Alcaraz González y Pablo Alfredo Márquez Montalvo.
Las investigaciones comprueban que fueron elementos de la Policía Estatal Tamaulipas quieres cometieron los crímenes y hasta les dieron a las víctimas el tiro de gracia, lo cual provocó un gran repudio en la sociedad, más aún cuando no fue ninguna persona detenida por este incidente.
De acuerdo con información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad victoria se disputan el primer lugar entre los municipios más peligrosos del país.
En 2018 Tamaulipas se situaba como la entidad con el mayor número de personas reportadas como desaparecidas con 6 mil 131.
Los organismos no gubernamentales y miembros del Observatorio Nacional Ciudadano señalan a las procuradurías de Tamaulipas y de la República de llevar agendas diferentes en el combate a la delincuencia.
