POR MARTHA OLIVIA LÓPEZ
Irving Barrios Mojica llegó a Tamaulipas en septiembre del 2016 a la entonces Procuraduría General de Justicia con dos recomendaciones de peso: la de Felipe Calderón Hinojosa y la de Roberto Gil Zuarth, asesor financiero y legal de Francisco García Cabeza de Vaca.
Siendo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y Genaro García Luna director general de la Policía Federal (PF), les tocó encabezar el llamado “Michoacanazo”, el operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la PF donde se detuvo a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del gobierno estatal, un juez y algunos policías, para incriminarlos por ser de un gobierno de oposición, encabezado por el perredista Leonel Godoy. Tiempo después
todos los detenidos fueron exonerados por falta de pruebas y elementos para procesarlos.
Pero al norte no llegó solo Barrios, lo acompaña su equipo más cercano:
Natanael Castelán Iturria, actual vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; Olegario Contreras Macías, comisario general de Investigación; e Iván Fernando Contreras Aguilar, comisario de Operación Estratégica; así como la titular del Órgano Interno de Control, la contraloría interna, Dámaris Rojas Lucio.
DEL VICEFISCAL
‘CAZARECOMPENSAS’
En la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Castelán fungía como director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y el escándalo más grave y mediático que enfrentó fue el cobro de una recompensa de dos millones de pesos, en el caso del asesinato del periodista independiente Carlos Domínguez el 18 de enero de 2018.
Un mes después del asesinato del comunicador, la entonces Procuraduría General del estado ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportará datos para el esclarecimiento del homicidio, situación por la cual, Castelán habría ofrecido 500 mil pesos a David Mejía Bravo para formar parte de la trama que inculpó a otras cinco personas, denunció el jurista Gabriel Regino, integrante del equipo de abogados de los acusados, quien detalló que el funcionario habría sido responsable de fabricar culpables y de corrupción.
El litigante reveló como se fabricó un delito para inculpar a seis personas – tres de ellos reporteros– como los autores materiales del asesinato del columnista.
“Fue el expolicía federal David Mejía Bravo, uno de los cinco acusados, quien denunció el hecho y destacó que dio los datos de Adrián Montes (también expolicía federal) para que fueran dos los detenidos, y con el tiempo y al no cumplir el pago de los 500 mil pesos ni de liberarlo en el plazo de los seis días, decidió contar la verdad”, señala el corresponsal Carlos Figueroa de La Jornada.
Añadió que “por primera vez ante un tribunal de enjuiciamiento se aclara y se pone en evidencia que estamos en una situación gravísima, donde no sólo se ha acusado a seis, sino que tres de ellos eran reporteros y uno murió en prisión, siendo inocente.”
Por el asesinato de Domínguez, estuvieron presos los periodistas Gabriel Garza Flores –quien murió en la cárcel–, Luis Valtierra y Jesús González, así como el empresario Rodolfo Cantú y los expolicías federales Mejía y Adrián Montes.
La Fiscalía de Tamaulipas precisó que que el homicidio de Domínguez “sigue siendo objeto de un proceso.“ Respecto al otorgamiento de recompensas dio a conocer que implica un “proceso basado en marcos legales, desde el momento en que un Comité analiza la procedencia y aprueba, hasta los mecanismos que deben seguirse para la entrega”.
LAS RENUNCIAS
Cinco meses después de las denuncias de cobro de recompensa, el 12 de enero de 2020, el director de Operación de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral (Castelán) y el Coordinador Estatal Antisecuestros Alejandro López Reyes, se separaron de sus cargos “por motivos personales”.
Sin explicación alguna, la renuncia de Castelán Iturría no fue aceptada y el funcionario continuó en la dependencia, e incluso fue promovido.
López Reyes regresó a su natal Baja California donde fue candidato a la Fiscalía General de Justicia de aquél estado, y en el 2021, fungía como Fiscal de Investigación Territorial en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.
EL COMISARIO GENERAL
DE INVESTIGACIÓN
En el pasado profesional del comisario General de Investigación de la Fiscalía, Olegario Contreras Macías, en el estado de Michoacán, las referencias indican que fue acusado ante la Comisión de Derechos Humanos por secuestro y tortura en su desempeño como director Regional de Investigación y Análisis en el municipio michoacano de Zamora.
Contreras Macías fungió como director Regional de Investigación y Análisis de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zamora hasta septiembre de 2016, en que fue “renunciado” derivado de acusaciones en su contra por secuestro, tortura, amenazas de muerte, extorsión y otros delitos en contra de un comerciante, ademas de que se le relacionó con el control de casinos y protección a delincuentes.
Además fungió como comandante de Ministeriales en Morelia donde fue acusado de secuestrar a una persona junto con su hijo de 4 años, llevado a las instalaciones de la PGJE donde fue golpeado, torturado, amenazado y extorsionado. La denuncia fue radicada el 26 de octubre de 2016 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ello consta en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República con fecha del miércoles 24 de agosto de 2016 / LXIII/1SPR-32-1946/65313.
Nueve días después de difudirse el texto, un reportero y corresponsal de Noventa Grados que acudió a la escena de un asesinato, fue víctima de agresiones verbales y amenazas por parte de Olegario Macías y personal de la PGJE.
En aquella ocasión al representante de los medios de comunicación se le amenazó de muerte, además de advertirle que podrían “aparecer” armas o droga en su vehículo, de acuerdo al sitio informativo www.noventagrados.com.mx
Al “Comandante Olegario” se le vinculó con Roberto Campos Paniagua “El Chino Tamacuas” –líder delincuencial de Michoacán–, quien fue detenido coincidentemente unos días antes de que el mando fuera “renunciado” por el procurador Martín Godoy Castro a fin de protegerlo de las pesquisas.
De acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Contreras le ofrecía protección en el estado, especialmente en Lázaro Cárdenas, donde Campos Paniagua tenía una fuerte presencia y controlaba un remanente de “Los Caballeros Templarios”.
Fue en la Seido donde “El Chino Tamacuas”, según información policial, señaló directamente a Olegario Contreras Macías, como “protector” de una organización criminal encabezada ahora por Homero González, “El Gallito”, primo hermano de Nazario Moreno González “El Chayo”, fundador de “Los Caballeros Templarios”.
Olegario Contreras Macías, director Regional de Investigación y Análisis en Zamora, fue presuntamente denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por el comerciante Luis Alberto Flores Madrigal, quien lo acusó de secuestro y tortura. “La víctima no denunció ante la Procuraduría por temor, pues relató que fue en instalaciones de la misma dependencia donde agentes, encabezados por Contreras Macías, lo sometieron y querían ligarlo a la delincuencia”, información citada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del 24 de agosto del 2016/ LXIII/1SPR-32-1946/65313.
En este sentido, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que estos señalamientos “carecen de veracidad” y que si bien fueron investigados por las autoridades michoacanas, estas no encontraron elementos de prueba “por lo que no se fincó responsabilidad alguna”.
EL OTRO CONTRERAS
En la Comisaría de Operación Estratégica, los empleados y trabajadores de la Fiscalía señalan que Iván Fernando Contreras es familiar muy cercano al comisario General de Investigación que incluso lo presume, sin embargo la Fiscalía General de Justicia rechaza un vínculo familiar.
El 13 de noviembre de 2022, en el fraccionamiento “Marte R. Gómez” de Ciudad Victoria, hombres armados a bordo de dos camionetas, dispararon en contra de asistentes a un evento de arrancones que se llevaba a cabo a las afueras de Ciudad Victoria, el resultado: tres personas muertas y dos más lesionadas.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hechos se registraron en el autódromo, al poniente de la capital de Tamaulipas, hasta donde llegaron civiles armados a bordo de dos camionetas. El caso fue atraído por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) quien integró una carpeta de investigación por estos hechos.
Días antes, a través de mantas, se habría acusado a Contreras Aguilar de acosar a comerciantes y habitantes con cobro de cuotas y situaciones ligadas al crimen organizado; una versión señala que ese hecho era un mensaje para el comisario y que el objetivo era el funcionario.
PROBLEMAS PERSONALES
La titular del Órgano Interno de Control, Dámaris Rojas Lucio, cuñada del fiscal Irving Barrios Mojica, fue motivo de una acción de la Fiscalía por asuntos personales que involucran a una juez y a un titular de una Comisión.
En su defensa, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta judicial y emitió un comunicado oficial donde, con fecha del 2 de marzo se leía:
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que fue abierta una carpeta de investigación por los delitos de Lesiones Dolosas, Amenazas y Delitos Cometidos contra Servidores Públicos en contra de Rosa María “R”, persona que se identificó como jueza del Poder Judicial del Estado.
Lo anterior derivado de la agresión que cometió anoche contra una servidora pública de esta Fiscalía en el interior de las oficinas de la institución.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la probable responsable ingresó a las instalaciones de la Fiscalía, aduciendo que iría a buscar a su pareja, pero se dirigió a otra área donde lanzó amenazas, ostentando tener fuero y respaldo político. Luego comenzó a agredir físicamente a la víctima (no dice el nombre) y, de manera intempestiva, salió del edificio tras discutir con otra persona subiendo a su vehículo para salir a toda velocidad poniendo en riesgo a los vigilantes y personal que se encontraba en ese momento en el área”.
En los comunicados crípticos que acostumbra difundir la Fiscalía General de Justicia omiten señalar el asunto personal que se volvió institucional y que involucraba la protección del fiscal.
En su defensa, la Fiscalía de Tamaulipas argumentó que se hizo un comunicado oficial porque “empezaron a circular diversos textos especulando sobre los hechos y desvirtuando lo ocurrido en el interior de la institución”… aunque el asunto sigue siendo opaco.
