A pesar de estar acusado por diversos delitos como defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, el gobernador de Tamaulipas se acerca al final de su sexenio sin que hasta ahora haya sido desaforado para ser juzgado, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya analiza las controversias constitucionales que lo mantienen aún en el poder, inmune.
Hace casi un año el gobierno de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de su vasto empuje morenista en la Cámara de
Diputados, le ganaba una importante batalla al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, justo cuando se avecinaba el proceso electoral concurrente 2021.
El titular del ejecutivo estatal estuvo sentado en el banquillo de los acusados con un pesado paquete que no lo dejó concentrarse para operar con su Partido Acción Nacional en las elecciones que a la postre pierde en las urnas, tanto en las principales alcaldías como en la mayoría de los distritos locales y federales.
Con una profunda investigación sobre su cuestionado proceder, la UIF y la PGR exhibieron a un gobernador por los diversos delitos que se le imputan. El caso Cabeza de Vaca captó la atención de la opinión pública local y nacional.
Entonces Pablo Gómez fungía como presidente de la Comisión Instructora de la Cámara Baja (hoy en la UIF)y desahogó con maestría el juicio de desafuero, nulificando los argumentos del connotado abogado defensor, Adolfo Aguilar Zínser.
Hasta fue revivido el caso del famoso contrabandista Al Capone, llegándose a mencionar que el ‘capo de capos’ no fue encarcelado por sus más grandes crímenes, sino por no pagar impuestos.
Y algo parecido intentó la Federación con el actual gobernador tamaulipeco, culpado –entre otros delitos– de efectuar la opaca compraventa de un lujoso inmueble vinculado al Cártel de Sinaloa en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México (cuya defraudación alcanzó un monto de 6.7 millones de pesos), siendo apenas la fachada de un enmarañado sistema para el desvío de recursos públicos por parte de éste, de sus familiares y testaferros.
Pero aún y cuando ese procedimiento fue muy contundente García Cabeza de Vaca fue efectivamente desaforado por la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, pero la 64 Legislatura del Congreso Local no acató el mandato superior, decidió revelarse y blindar al gobernador para dejarlo protegido con su fuero.
En los hechos el juicio político ha sido hasta este momento un eslabón más de la larga cadena de denuncias que conforma la controvertida reputación del mandatario.
Y es que desde que era alcalde de Reynosa, el también ex senador de la República, se las arregló para usar todos los mecanismos a su alcance para protegerse de las querellas por hacer negocios a expensas del gobierno y de utilizar su posición política para quebrantar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
CHOQUE DE FUERZAS
Con base a supuestas artimañas políticas su primera jugada para poder esquivar los dardos de la 4T surtió efecto en abril del año pasado cuando García Cabeza de Vaca consiguió ser ‘blindado’ por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Tamaulipas, que era de mayoría panista, la cual consideró como “ilegal” la sentencia de desafuero emitida por el Poder Legislativo.
Con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones el pleno local determinó que no era procedente la homologación de la declaración de procedencia decretada en su contra por la Cámara de Diputados.
Los congresistas locales determinaron no retirarle la protección al gobernante, bajo el argumento que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas le confería el fuero por mandato popular, por lo que debía continuar fungiendo y cumplir el periodo del cargo público para el cual fue elegido en 2016.
Los diputados locales tamaulipecos ignoraron la notificación de desafuero que les hizo llegar el Congreso mexicano.
En respuesta algunos diputados pidieron abrir una investigación al Congreso de Tamaulipas por posicionarse en contra de una resolución de un poder federal, en franca rebeldía por desacato de un mandamiento superior.
Fue así que en mayo un juez de control del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México giró contra el mandatario una orden de aprehensión. Al mismo tiempo la UIF congeló sus cuentas y las de su esposa, Mariana Gómez de García.
Los rumores de una posible detención lo hicieron permanecer varios días acuartelado en la Casa General de Gobierno, en la capital del estado.
A principios de junio del año pasado, el juez octavo de distrito del Décimo Noveno Circuito, Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó a la cónyuge del gobernador y allegados la suspensión del bloqueo bancario efectuado por la UIF. García Cabeza de Vaca salía avante en una de las batallas.
Aun así, durante algunos meses el mandatario no salió de la entidad por aparente temor a ser detenido. Si a caso se dejó ver en eventos públicos dentro de la geografía estatal y en los Estados Unidos, irónicamente alcanzando acuerdos de colaboración de su gobierno en materia anticorrupción y seguridad con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (DHS y CBP, por sus siglas en inglés).
En medio de especulaciones finalmente consiguió un resquicio legal para poder seguirse protegiendo: en el mes de noviembre un juez federal con sede en Tamaulipas le concedió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejecutara la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de lavado de dinero. Los argumentos a su favor radicaron en la supuesta violación a sus derechos.
Desde entonces el gobernador no dejó de aparecer en eventos públicos y hasta se dio el lujo de presumir que en McAllen le entregaron en febrero pasado las llaves de la ciudad.
Y justamente ahora que se está llevando a cabo una veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, decidió aprovechar para brindar su Sexto Informe de Gobierno.
Cabe señalar que este mismo mes de marzo la FGR desestimó la acusación integrada en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZC-ESP-XXI/4/2016 de un testigo protegido que había declarado en contra del gobernador por haber presuntamente recibido un financiamiento de medio millón de dólares por parte del crimen organizado para su campaña a la alcaldía de Reynosa en 2004.
Entretanto el caso de García Cabeza de Vaca fue a dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al anteponer la pasada legislatura del Congreso de Tamaulipas una controversia constitucional.
Ahora, el máximo tribunal de justicia del país resolverá la validez o la ilegalidad del desafuero promovido en 2021 por los legisladores federales, a petición de la Fiscalía General de la República.
En la SCJN le tocó al magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, elaborar el proyecto del caso, en el que se evocará la decisión de los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte. A partir de esa fecha tendrán 90 días como máximo más para dar su veredicto.
Sin olvidar que Tamaulipas tiene en puerta la celebración de los comicios electorales para renovar la gubernatura, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría impulsar distintas realidades, según los tiempos en que éste sea emitido.
Es por esto que el panorama próximo
resulta muy relevante, por si ésta decide fallar en contra de Francisco García Cabeza de Vaca antes de que se lleve a cabo la jornada del 5 de junio, día de las votaciones.
Siendo así el gobernador podría no escatimar en recursos no solamente para conservar la protección de inmunidad constitucional, sino también para evitar su detención, generando un ambiente de inestabilidad política, económica y social.
De acuerdo con expertos en materia jurídica, si los magistrados se esperan a que culmine el proceso electoral y lo desaforan después, el Congreso del Estado tendría que nombrar a un gobernador sustituto (a poco más de tres meses de que García Cabeza de Vaca termine su mandato y se cumplimenten los protocolos de toma-recepción del 30 de septiembre).
Y otra posibilidad es que la SCJN deseche el desafuero y acabe su sexenio, aunque esto no significa que quedaría exonerado de los cargos fincados por la Fiscalía General de la República ni de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en su dado caso, esperarían como máximo hasta al 1 de octubre próximo para intentar capturarlo.