Si Óscar no pudo regularizar su camioneta el año pasado, es porque no le alcanzó para hacer el trámite y ahora menos, ya que el tabulador de importaciones de vehículos se disparó hasta 300 por ciento con la entrada en vigor del nuevo decreto federal.
Con esto, Óscar Jasiel Martínez Martínez no sólo no piensa regularizar su camioneta Cherokee modelo 2003 de la que es propietario desde hace un año, sino que busca venderla, porque le urge conseguir dinero para enfrentar la cuesta de enero.
El joven pidió comprensión de las autoridades federales para los residentes de la franja fronteriza del norte de México, que no cuentan con recursos para poder adquirir un vehículo mexicano y recurren a las unidades importadas.
“No la regularicé al principio, porque no tenía el dinero para hacerlo en ese instante, y ya cuando la quise regularizar, resulta que es cuando se disparó el precio, y ahora va a ser más difícil”, manifestó.
El pasado 24 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que permiten la importación de autos con 10 años o más de antigüedad, cuyo país de origen sea Estados Unidos o Canadá, a partir del 1 de enero del 2009 y hasta el 31 de diciembre del 2010.
Una de las novedades del decreto es que los importadores deberán presentar el certificado de origen del automóvil, con información proporcionada directamente por la compañía armadora del coche, algo que muchos consideran casi imposible.
La medida ha generado inconformidad en loteros, agentes aduanales y mecánicos, que protestaron el jueves en Nuevo Laredo y Reynosa contra este decreto, pues esperan que sus ventas bajen considerablemente.
Martínez consideró que el Gobierno debería cambiar las reglas en torno a la contaminación del ambiente -uno de los argumentos para restringir la entrada de modelos antiguos-, y permitir que las unidades transiten en la frontera con ciertos requisitos, pero no con altos impuestos que no podrán pagar muchos automovilistas.
“La gente ya no va a querer regularizar, y todos vamos a andar con carros americanos en la frontera”, previó.
DESPLOME EN LA ADUANA
En los primeros 12 días del nuevo año, sólo se habían tramitado 429 pedimentos para coches norteamericanos a nacionalizarse y sólo tres para hacerlos fronterizos.
“Definitivamente no es negocio, no hay movimiento, incluso los 432 pedimentos de importación no se han desaduanizado por completo, el automóvil o los automóviles referidos, no han salvado todos los trámites por completo”, dijo José Guadalupe Bautista Montoya, responsable del Centro de Internación Definitiva de Vehículos.
El también agente aduanal y regidor municipal mencionó que la compra-venta bajó 98 a 99 por ciento, si comparamos los 23 mil 748 vehículos importados en la primera docena de enero del 2008, a los apenas 432 en estos 12 días de enero, bajó casi por completo.
CERTIFICADO DE ORIGEN
Respecto al exigido certificado de origen que el Gobierno Federal pide para traer un coche de más de 10 años de antigüedad, Bautista Montoya lo calificó de un simple candado casi insalvable.
“Vamos a decir que las reglas del TLCAN o Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México) establece que para el 1 de enero del 2009, podrán ingresar a México automóviles con más de 10 años de antigüedad, pero los distribuidores de autos se opusieron, exigiendo una norma de emisión de gases, para evitar la proliferación de automóviles canadienses o estadounidenses de más de 15 a 20 años de antigüedad”, dijo Bautista Montoya.
Como la gente de las agencias mexicanas de autos, agregó, no consiguió que el Gobierno estableciera una norma de emisión de gases, porque en todas la aduanas de la frontera norte, definitivamente que no se tienen las instalaciones para tales verificaciones vehiculares anti contaminantes, entonces sacaron de la manga, lo de exigir el certificado de origen.
PRESIONAN DIPUTADOS
Ante la presión de importadores y del sector aduanal, el diputado federal Horacio Garza Garza no descarta una modificación al decreto para la importación de vehículos usados para el siguiente año.
“Estamos tomando en cuenta la inconformidad y sobre todo de cómo se afecta al sector de los importadores (loteros) y también algunos agentes aduanales nos han comentado su preocupación por el alto costo que representa la importación de los vehículos.
Nuestra tarea es legislar y estaremos atentos a dialogar y hacer lo que se tenga que hacer”, explicó el diputado local.
Los perjuicios que ha representado para los agentes aduanales e importadores, el decreto para la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 1 de enero del 2009, se enumeran desde el alto costo por importar un vehículo (con una alza del 100%) y la dificultad de conseguir el certificado de origen de la empresa automotriz, si se toma en cuenta que los vehículos han tenido varios dueños.
Ante el impacto que provocan las reglamentaciones y altos costos para importar un vehículo, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAANLD) Aréchiga Guajardo dijo que solicitarán al Gobierno Federal (a la Secretaría de Hacienda y al SAT), que analice una alternativa para disminuir el impacto.
“De manera unida, a través de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) solicitaremos a las autoridades del SAT para plantear las dificultades económicas que representa el nuevo decreto para la importación de vehículos usados.
Nosotros comprendemos y respetamos las disposiciones del Gobierno Federal, pero está afectando a toda la frontera norte del país”, argumentó Aréchiga Guajardo.
ESPERAN MODIFICAR DECRETO
Ante la presión ejercida por alcaldes fronterizos, legisladores federales y dirigentes del comercio organizado y asociaciones de loteros, la Secretaría de Hacienda aceptó hacer modificaciones al decreto que regula la importación definitiva de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá.
El alcalde de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, demandó a altos funcionarios de Hacienda se reconsidere ese decreto porque además de afectar a los comerciantes del ramo, perjudica principalmente a los ciudadanos fronterizos.
Dejó en claro que se aplaude la política anti-crisis puesta en marcha por el Presidente Felipe Calderón y avalada por el Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, así como se respeta que se cuide la calidad de los vehículos usados a importarse, pero que el actual decreto resulta perjudicial e incongruente.
Dijo que dos puntos medulares que se discutirán este miércoles y que provocaron una protesta generalizada en toda la frontera norte contra el actual decreto, tienen que ver con el Valor Estimado que se aplicará a la importación de los vehículos, así como al Certificado de Origen que se exige para que las unidades no paguen aranceles.
Con el apoyo de los alcaldes de Juárez y Nogales y de legisladores federales encabezados por el diputado Horacio Garza Garza, el presidente municipal de Nuevo Laredo se entrevistó con José Antonio Meade Kuribreña, Subsecretario de Ingresos y Juan Manuel Valle, director de Planeación de Hacienda.
A ambos funcionarios les explicó que el decreto del 24 de diciembre que entró en vigor el 1 de enero, es lesivo para todos los sectores, especialmente para la sociedad civil.
“Si a los loteros ese decreto prácticamente los aniquila, a los ciudadanos los fulmina porque se les privará de la oportunidad de hacerse de un vehículo usado extranjero para ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, para ir de compras”, indicó Garza Barrios.
Reiteró que el impacto social de ese decreto es de grandes proporciones, por lo que invitó a los funcionarios de Hacienda a modificar ese decreto que perjudica a todos los que viven en la frontera norte.
El Subdirector de Ingresos de Hacienda ofreció corregir el decreto de importación definitiva de autos usados extranjeros en el renglón destinado a los yonqueros (deshuesaderos de autos) y respetar el decreto del 99 para los loteros.
Este último punto significa que se restituye la importación de vehículos usados con antigüedad de hasta 15 años, cuando hasta el año pasado sólo se podían importar unidades con una antigüedad máxima de 10 años.