Buscando mitigar una de las peores crisis de inseguridad en la historia de Tamaulipas, el gobernador, Egidio Torre Cantú, decidió colocar militares al frente de tanto la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y en localidades azotadas por la violencia.
La medida fue acatada de inmediato por los alcaldes de los Ayuntamientos. De hecho algunos ediles entrevistados reconocieron haber recibido la “sugerencia” del mandatario estatal de designar militares en retiro para manejar sus policías.
Tal es el caso del alcalde de Reynosa, Everardo Villarreal Salinas, quien aseguró que ante las condiciones de inseguridad en el país, es necesario contar con mandos policiacos emanados de la milicia.
“El gobernador del Estado estuvo platicando con nosotros y para la circunstancia que estamos viviendo en el país, esto es lo que se necesita”, dijo.
De esta forma mandos castrenses de alto rango como coroneles y hasta generales en retiro ahora despachan como encargados de la prevención del delito en las principales ciudades tamaulipecas, en especial las ubicadas en la frontera con Estados Unidos.
Para algunos dirigentes partidistas esta medida es una mala decisión y el inicio de la militarización de la entidad.
Jorge Mario Sosa Pohl, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que los militares vienen de una doctrina muy diferente a la civil y, por ello, son más propensos a transgredir la ley.
“Primero vamos a ver cómo van a actuar, porque hay que ver si no van a transgredir las leyes; ellos actúan y después averiguan como Pancho Villa, y en eso hay que tener cuidado”, expresó.
El día de su toma de posesión, el gobernador Torre Cantú aseguró que el combate a la delincuencia y la impunidad serán algunas de las prioridades de su gobierno, pues los tamaulipecos quieren volver a confiar en las instituciones y recuperar la paz.
“Queremos transitar libremente por nuestras carreteras, encontrar a nuestro regreso cada cosa en su lugar. Dejar en la escuela a los niños e ir a nuestros empleos con la tranquilidad indispensable para hacer un buen trabajo. Enfrentar o promover un juicio sabiendo que seremos tratados imparcialmente”, indicó.
Con el recuerdo de su hermano Rodolfo (asesinado unos días antes de las elecciones) aún fresco en su memoria, el mandatario estatal reconoció la labor que ha realizado en Tamaulipas tanto el Ejército Mexicano como la Marina.
“El Ejército y la Armada aseguran la soberanía nacional al cumplimiento con la encomienda de brindar seguridad interior a nuestra patria”, señaló.
SECRETARIO ‘BOLETINADO’
La llegada de los militares al frente de las policías tamaulipecas no ha sido tan tersa como se esperaba. El general Ubaldo Ayala Tinoco, titular de Seguridad Pública en la entidad, ignoró un requerimiento para presentarse a declarar ante una Corte de Distrito en el Estado de Texas, por lo que está boletinado en Estados Unidos.
Reportes periodísticos fechados en el Estado de Coahuila, señalan que en el mes de marzo de 2010, cuando se desempeñaba como director de Seguridad Pública en Ciudad Acuña, Ayala Tinoco fue requerido para comparecer por el caso DR-09-CR-877 (AML) que se seguía en contra del policía preventivo, Juan Gabriel Ruiz Uitzil, por el delito de contrabando de balas a México.
Este policía fue detenido el 2 de julio de 2009 en el Puente Internacional Ciudad Acuña-Del Río, Texas con un cargamento de mil 200 cartuchos calibre .223 y 100 cartuchos de 9 mm. que compró con su tarjeta de débito personal en el negocio “Rusell’s True Value Hardware” ubicado en el número 506 este de la calle Gibbs en la localidad texana.
Tras la compra, un empleado de la tienda alertó a los agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que Ruiz Uitzil iba a intentar introducir las municiones a México.
Al ser detenido, el policía aseguró que un teniente coronel de nombre Carlos Rodríguez Guzmán –quien estaba bajo las órdenes de Ayala Tinoco (nuevo secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas)–, le ordenó comprar las municiones en Texas.
Ante las imputaciones, el 15 de marzo de 2010 una Corte de Distrito decidió citarlo a declarar, sin embargo, Ayala Tinoco ignoró el requerimiento alegando que militares de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional le impidieron testificar en el extranjero.
El 29 de junio de 2010, un Gran Jurado encontró culpable al policía preventivo mexicano, quien fue sentenciado a 21 meses de prisión federal por posesión ilegal con intento de introducir municiones a México, sin embargo, su pena se le redujo a 18 meses. Tras su liberación fue deportado.
Los reportes periodísticos aseguran que en el caso de Ayala Tinoco, las autoridades norteamericanas decidieron boletinarlo en los puentes internacionales bajo el cargo de conspiración por negarse a declarar en un caso de posesión ilegal con intento de exportación de municiones a México.
A pocas semanas de que el general en retiro fuera requerido por las autoridades norteamericanas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila decidió colocarlo al frente de la Dirección General de la Policía Operativa, cargo que ocupó durante apenas unos meses, pues se retiró alegando motivos de salud.
En su presentación ante los medios, el Gobierno de Tamaulipas informó que Ayala Tinoco es general brigadier diplomado del Estado Mayor con diversas distinciones y estudios tanto en la milicia como en la Policía Federal Preventiva, donde llegó a ocupar cargos como la dirección del Centro de Formación de la PFP en San Luis Potosí, la jefatura del Estado Mayor de la PFP y la coordinación estatal de la Policía Federal en Michoacán.
Sin embargo, en este currículum no se menciona su paso por Ciudad Acuña y el Estado de Coahuila.
En entrevista con medios de la capital tamaulipeca, Ayala Tinoco aseguró que no tiene “ningún problema con los americanos”, por lo que puede cruzar a Estados Unidos cuando quiera. Sin embargo, reconoció que no acudió a declarar ante la Corte de Distrito cuando fue requerido pues esta instancia no lo solicitó por “los canales adecuados”.
El secretario explicó que durante su paso como director de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, un elemento de la Policía Preventiva fue detenido cuando intentó cruzar a México balas compradas en Texas, aún cuando la adquisición de municiones en Estados Unidos era “una práctica común” en la corporación a su cargo.
“Yo pasé tres o cuatro veces (a Estados Unidos) a comprar (municiones) para el adiestramiento de la escolta”, precisó.
El funcionario aseguró que la Corte de Distrito en Texas lo invitó a comparecer en el juicio en contra del Preventivo como “testigo voluntario”, sin embargo, no acudió al llamado pues las leyes militares se lo impiden y, además, no lo requirieron con los conductos adecuados.
“El artículo –creo que es 256– de los lineamientos de deberes militares, nos dice a nosotros los militares que tenemos que pedir permiso para salir del país, eso por un lado y por el otro pues si no había, ni hay, un requerimiento oficial de la Corte pues ¿por qué voy a ir? Entonces les dije (a la Corte), pidan permiso y háganlo por los conductos oficiales”, sentenció.
Ayala Tinoco añadió que al momento en que las autoridades de Estados Unidos lo soliciten por los conductos correctos y reciba la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, él acudirá a declarar a Texas.
MANDO CUESTIONADO
Ayala Tinoco no es el único nuevo jefe policiaco tamaulipeco cuyos antecedentes han sido impugnados. Manuel Farfán Carriola, secretario de Seguridad Pública en Nuevo Laredo, fue duramente cuestionado por medios regionales por su paso al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana en Cuernavaca, Morelos.
De acuerdo a los reportes, en septiembre de 2009 Farfán Carriola ordenó el desarme de los elementos del Sector Uno de la Policía Metropolitana en Cuernavaca para utilizar su armamento en una prueba de tiro del departamento de Bomberos.
El problema es que unas horas después seis personas –entre policías y civiles–, murieron baleadas por un grupo de ladrones que fueron sorprendidos durante un asalto y quienes aprovecharon que los policías estaban desarmados.
Según la indagatoria HG01/582/2009 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, el 26 de septiembre de 2009 el comandante de la policía Metropolitana, José Santiago Morales Bahena y el policía Víctor García Gaspar, atendieron un llamado de auxilio procedente de un domicilio ubicado en la calle Nueva Suecia número 302 de la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca, a donde habían ingresado un trío de ladrones y mantenían amagados a sus residentes.
Al verse sorprendidos, los delincuentes atacaron a balazos a los preventivos, matando al comandante Morales Bahena y al dueño de la vivienda, identificado como Felipe de Jesús Nieto. Al salir del lugar, los ladrones se toparon con la patrulla 2033 que era tripulada por el militar retirado y policía Abel Santos León, contra quien abrieron fuego y mataron de un tiro en la cabeza.
En su huida el grupo armado se encontró con una patrulla del Departamento de Bomberos que era tripulada por el director de Prevención y Rescate de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Lazcano Albavera y el bombero José Antonio Amador Herrera, falleciendo ambos.
Durante los hechos también murió un taxista identificado como Cándido Hernández Ramírez, a quien los delincuentes le arrebataron la unidad motriz para huir.
Tras la balacera, el preventivo Víctor García Gaspar logró salir ileso, pues alcanzó a tirarse al piso sin poder repeler el ataque, pues estaba desarmado.
Al enterarse del incidente, Farfán Carriola acudió al lugar de los hechos, contaminó la escena del crimen y se llevó al policía sobreviviente, haciendo firmar el resguardo de un arma de cargo con lo que esperaba demostrar que sí iba armado.
Sin embargo, al presentarse ante el Ministerio Público, García Gaspar aseguró que el documento lo había signado bajo amenazas del entonces secretario de Seguridad Pública.
Tres días después de los hechos, Farfán Carriola fue destituido de su cargo. Sin embargo, antes de dejar el puesto, alcanzó a solicitar el apoyo de la 24 Zona Militar para acordonar durante 16 horas las instalaciones de la Policía Metropolitana e interrogar a varios policías para saber quién o quiénes filtraron a la prensa que habían sido desarmados el 26 de septiembre.
Tras su destitución Farfán Carriola fue objeto de una investigación por la probable comisión de los delitos de omisión, uso indebido de funciones públicas y negligencia. Durante las indagatorias el general en retiro desapareció de la escena pública.
Incluso la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJE en Morelos solicitó de manera oficial al general Leopoldo Díaz Pérez, comandante de la 24 Zona Militar, que informara sobre el paradero de Farfán Carriola en un plazo no mayor de 72 horas.
En el oficio, fechado el 28 de octubre, se pidió al general Díaz Pérez informar “si tiene conocimiento del domicilio actual del general brigadier retirado Manuel Farfán Carriola o de su ubicación física actual o de algún número telefónico y de ser afirmativa la respuesta, remitir dicha información a la fiscalía”.
Un año después de los hechos, en septiembre de 2010, Farfán Carriola reapareció en la escena pública tras ser designado secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, decisión que fue seriamente criticada por algunos legisladores locales de aquella entidad.
En una carta enviada al gobernador Leonel Godoy Rangel (de extracción perredista), los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestaron su “sorpresa e indignación” por el nombramiento.
En el documento los legisladores Rabindranath Salazar Solorio, Hortencia Figueroa Peralta y Fidel Demedicis Hidalgo, recordaron los antecedentes de Farfán Carriola y le solicitaron al gobernador que recapacitara sobre el nombramiento. Tres meses después el militar en retiro fue separado de su puesto.
Sin embargo, en enero de este año, Farfán Carriola apareció como secretario de Seguridad Pública en Nuevo Laredo, donde rechazó que su expediente tenga manchas.
“La única manchita que tengo es en mi expediente en el que le habrá caído una mancha de tinta, porque está totalmente limpio. Si existe alguna inquietud que se me investigue a nivel federal o estatal. Si tuviera yo algo que ocultar no estaría aquí”, indicó.
El mando policiaco aseguró que algunos medios de comunicación “amarillistas” de Morelos y Michoacán mintieron en su caso pues si las acusaciones en su contra fueran ciertas, no hubiera sido designado jefe de la policía en Nuevo Laredo.
“Estoy completamente limpio porque mi expediente lo conoce el señor gobernador y el señor presidente municipal”, sentenció.
UNOS NI SIQUIERA LLEGARON
En algunos municipios los militares propuestos para ocupar la titularidad de las secretarías de Seguridad Pública no asumieron sus puestos, tomándose la decisión de ser relevados.
El caso más extraño es Matamoros, donde la propuesta para ocupar la secretaría de Seguridad Pública era el general en retiro Jesús Martínez Martínez, quien ni siquiera llegó a la ciudad para tomar posesión del cargo.
Entrevistado sobre este tema, el alcalde, Alfonso Sánchez Garza, aseguró que ya solicitaron al Gobierno del Estado enviar a otra persona para ocupar el cargo. Hasta el cierre de esta edición la policía de Matamoros continuaba sin titular.
De hecho, la falta de un encargado en la Secretaría de Seguridad Pública originó un incremento en supuestos abusos policiacos en contra de la población.
David Morales Vélez, regidor emanado del PRD, declaró que se incrementaron las denuncias entabladas por ciudadanos en contra de policías municipales, por causa de arbitrariedades.
“Los primeros días lo mandos medios estuvieron funcionando bien, tuvimos orden, una tranquilidad, pero el fin de semana se desataron las denuncias. Creo que al sentir que no hay secretario de Seguridad están un poco acelerados”, dijo el regidor perredista.
Sin embargo, a falta de un titular en la referida secretaría, es imposible controlar los actos de corrupción que afectan a la comunidad.
“Debemos tener una cabeza en la Secretaría de Seguridad al que podamos pedirle que meta en orden los abusos policiacos que se están presentado”, expuso.
Un caso similar se presentó en el municipio de Río Bravo, donde la primera opción para convertirse en secretario de Seguridad Pública era el teniente coronel José Antonio Cázares Ayala, quien tampoco llegó al municipio.
Ante ello, en sesión de Cabildo realizada el pasado 4 de enero, el alcalde, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, determinó revocar el nombramiento de Cázares Ayala y designar en su lugar al general retirado Armando Treviño Briseño.
El nuevo encargado de la Seguridad Pública en este municipio había sido coordinador de la Policía Federal Preventiva en el Estado de Sonora hasta el año pasado.
En sus primeras declaraciones, el nuevo jefe policiaco aseguró que se llevarán a cabo una serie de evaluaciones a los perfiles de los integrantes de la Policía Preventiva para determinar quiénes se quedarán en la corporación.
Dijo que se revisarán las condiciones de trabajo de los policías para apoyarlos en todo lo posible y así se encuentren en condiciones de poder cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía.
Treviño Briseño apuntó que la idea es trabajar de manera conjunta con todos los órganos de gobierno para mejorar la seguridad pública en esta ciudad y de esta forma apoyar a la tranquilidad de todo el país.
“Este es un plan a nivel nacional y lo vamos a cumplir con nuestro granito de arena para que todo nuestro país mejore”, sentenció
DE VETERINARIO
A POLICIA
En Tampico fue designado como titular de la Policía Metropolitana el general brigadier Hipólito Román López, quien reconoció que no sabía mucho de las condiciones de inseguridad que existen en los municipios de Tampico, Madero y Altamira.
“Desconozco el grado de criminalidad que existe en la zona, acabo de ser designado y tampoco sé si existe un déficit de elementos ya que no sé cuántos integran la corporación”, expresó.
Originario de Temazcalapa, Guerrero, Román López inició su carrera militar en la Escuela Militar de Materiales de Guerra, continuando sus estudios en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería donde se tituló como médico veterinario de profesión con una maestría en Administración Pública.
El nuevo titular de la Policía Metropolitana fue jefe de la Sección de Veterinaria de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad antes de retirarse.
“VENGO A
PONER ORDEN”
Pero no todas las designaciones de militantes al frente de las corporaciones policiacas han sido tan polémicas. En Reynosa, el alcalde Everardo Villarreal Salinas aseguró que la llegada de un elemento castrense beneficiará a la Secretaría de Seguridad Pública.
“El militar tiene cierta formación que nos puede ayudar en la circunstancia en la que estamos viviendo. Entonces pudiendo profesionalizar más nuestros cuerpos policiacos se dará el nivel de respeto que queremos por parte de la ciudadanía”, aseguró.
Ante ello, el edil designó al coronel retirado Juan Adolfo González Valentín al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Reynosa.
El mando policiaco, con una experiencia de 37 años en el Ejército Mexicano, inició su carrera en el año 1973 como soldado raso en la Policía Militar. Desde entonces alternó sus ascensos con la carrera de Ingeniero Industrial Químico con maestría en Administración, por lo que ocupó algunos cargos en la industria militar hasta que decidió retirarse a la vida civil.
En entrevista, González Valentín reconoció que nunca ha tenido un puesto en la policía civil, sin embargo, conoce el trabajo pues estuvo dentro de la Policía Militar.
“La única diferencia (con la policía civil) es que estamos en instalaciones militares, las consignas realmente son diferentes pues allá es dentro de los cuarteles o para dar seguridad a instalaciones vitales, pero en algunas cosas el trabajo coincide pues se trata de establecer vigilancia entonces las labores son las mismas”, indicó.
El funcionario aseguró que a diferencia de un civil, los militares pueden aportar una mejor disciplina a los cuerpos de seguridad pública, por lo que esto será una de sus primeras acciones.
“Nosotros somos servidores públicos y como tal estamos para servirle a la ciudadanía, no para afectar a terceros. Mis instrucciones son claras, de que se apeguen a los reglamentos y atiendan las indicaciones de respeto a los derechos humanos”, dijo.
El secretario de Seguridad Pública recordó que independientemente de que se trate del Ejército o la Policía Preventiva, todos sus integrantes tienen que cumplir con disposiciones oficiales que no son flexibles.
“Las leyes no establecen ninguna flexibilidad, así como existe una legislación militar también existe una legislación policiaca”, sentenció.
González Valentín aclaró que esta idea de imponer la disciplina entre los elementos de Seguridad Pública viene acompañada de un proceso de capacitación y adiestramiento.
“No nos estamos poniendo en el plan intransigente de exigirle a los policías lo que no saben, nosotros vamos por etapas, ahora mi tarea está enfocada a conocer la situación actual de la corporación. No venimos aquí para establecer el orden y la disciplina a base de presión.
“Yo creo que tanto el soldado como el policía son hombres nobles, nomás que hay que saberlos conducir. Vamos a exigir, pero primero les vamos a enseñar”, apuntó.
El funcionario dijo que la única manera para recuperar la confianza de la ciudadanía en la policía preventiva es capacitándolos, brindándoles el equipo y los salarios que necesitan para realizar su labor dignamente y, entonces, enviarlos a la calle para que la gente los vea cumpliendo con su labor eficientemente.
“Yo atendería primero la situación en la calle. De hecho esa es la razón de ser de la policía, no hay primero ni después. Aquí la función de la policía es estar en las calles, en los espacios públicos, en los centros comerciales donde concurre la gente, en las escuelas, ahí es donde debe estar nuestra gente, esa es la función prioritaria de los policías… que los ciudadanos sepan están cumpliendo con su deber”, indicó.
González Valentín reconoció que la presencia de militares dentro de las principales secretarías de Seguridad Pública en la entidad puede ser el inicio de la implementación del mando único de las policías.
Sin embargo, recordó que aún falta mucha coordinación con los mandos policiacos de otras ciudades para entonces poder implementar la medida.
Por último, el coronel en retiro aceptó que debido a sus antecedentes mantendrá una estrecha relación con el Ejército, el Estado y la Federación.
Aunque en Estados como Nuevo León la idea de colocar militares al frente de las policías no ha dado los resultados que se esperaban, en Tamaulipas el experimento apenas comienza y los nuevos mandos enfrentan el enorme reto de meter orden en corporaciones policiacas acostumbradas a la indisciplina.
Con información de Abraham Pineda y Ricardo Brussolo
