Niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad y a quienes por cualquier condición, no puedan cuidarse por sí solos, estarán protegidos con esta nueva ley.
Reynosa, Tam.
Con énfasis en la participación activa de la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, la Sexagésima Legislatura del Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Estatal para reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad, al actualizar el delito de abandono y ampliar los grupos considerados como personas protegidas.
La modificación legislativa fue impulsada por Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la adhesión de la diputada Deándar Robinson y de Ana Laura Huerta Valdovinos, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, quienes respaldaron la necesidad de fortalecer el marco jurídico para garantizar el derecho al cuidado y la integridad de los sectores más vulnerables.
Durante el análisis del dictamen, la diputada Deándar Robinson destacó la importancia de actualizar la legislación para responder a las condiciones sociales actuales, subrayando que la reforma permitirá una aplicación más precisa del delito y brindará mayor protección a quienes no pueden valerse por sí mismos.
En su posicionamiento, enfatizó que el abandono constituye una forma de violencia que requiere sanciones claras y mecanismos legales eficaces.
La reforma incorpora de manera expresa como sujetos protegidos a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y a quienes, por cualquier condición, no puedan procurarse su cuidado.
Además, se precisa el concepto de abandono con base en la Ley de Prevención de la Violencia Familiar en el Estado, con el propósito de reducir ambigüedades en la interpretación jurídica.
El Código Penal estatal contempla sanciones que van de uno a siete años de prisión, además de multas, dependiendo de las circunstancias del caso. Con esta actualización, las y los legisladores buscan fortalecer la protección de los derechos humanos y garantizar mayor certeza en la aplicación de la ley en favor de la población vulnerable.
