Analistas políticos dan su punto de vista sobre la reforma al sistema judicial mexicano que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que de aprobarse, eliminaría a los actuales ministros y magistrados para elegirlos mediante voto popular en septiembre de 2025.
Bajo la premisa de limpiar la corrupción y ayudar a resolver problemas estructurales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero del presente año, provocando un debate entre quienes se oponen a dicha reforma y quienes están a favor de darle participación al pueblo en la elección de sus representantes.
La llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN en 2023, marcó un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El presidente López Obrador intensificó sus críticas hacia la Corte Suprema, llegando a proponer una reforma radical que eliminaría a los actuales ministros y magistrados para elegirlos mediante voto popular en septiembre de 2025.
Analistas políticos han expresado su punto de vista en los pros y contras que esta reforma al sistema judicial como se rige actualmente, podría provocar; y haciendo un comparativo del sistema para elegir jueces en Estados Unidos, se tendría que contar con un balance entre ambos poderes para que funcione en México.
De entrada, el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo eco de la iniciativa de reforma, publica en su página:
“La Reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal es un esfuerzo de actualización funcional y estructural del Poder Judicial, surgido dentro del mismo y que se consolidó en legitimidad democrática, gracias al consenso inédito de los tres Poderes de la Unión, para realmente atender a los aspectos que necesitaban ser cambiados”.
Más adelante, ofrece una explicación más detallada de en qué consiste dicha reforma, precisando que “… desde el interior del Poder Judicial de la Federación surgió la iniciativa de una “Reforma del Poder Judicial con el Poder Judicial”; una reforma profunda que planteó la necesidad de realizar modificaciones a la Constitución federal y diversas leyes que regulan la estructura y facultades del Poder Judicial y cómo lo hace.
Juzgadoras y juzgadores, así como el personal de todos los tribunales, órganos y áreas del PJF, incluidos quienes se desempeñan en labores de defensoría pública, además de usuarias y usuarios del sistema de impartición de justicia en el país, así como la sociedad mexicana en su conjunto, serán partícipes y beneficiarios de estos cambios”.
De acuerdo a lo que plantea la página de la SCJN, el objetivo de la reforma es la concreción de un Poder Judicial Federal más eficiente, más eficaz, más cercano a las personas y más profesional, que va a generar necesariamente una mejor justicia para el país.
Con ello, abunda, se marca un antes y un después en la labor judicial en México, pues las distintas modificaciones,
redefiniciones y adecuaciones que son parte de la reforma, la convierten en la transformación más importante del Poder Judicial de la Federación en los últimos 25 años.
Entre los puntos a destacar, dice el texto, se tiene como fin último la generación de un verdadero cambio en favor de la sociedad mexicana.
1. Combate a la corrupción y al nepotismo. 2. Renovación estructural para la generación de una justicia más ágil y expedita. 3. Fortalecimiento de las atribuciones de la SCJN como auténtico Tribunal Constitucional. 4. Verdadera defensoría del pueblo, cercana a la gente. 5. Igualdad de género y paridad. 6. Carrera judicial.
En términos generales, el mayor beneficio de la Reforma Judicial es que, gracias a ésta, quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, podrán obtener una justicia de calidad en condiciones de igualdad, concluye el texto de referencia.
LOS RIESGOS DE LA REFORMA JUDICIAL
Las señales y mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador son claros y directos, y no hay duda, en junio del 2025 se celebrarán elecciones en México para elegir por voto directo a los Ministros, Magistrados, y jueces del Poder Judicial de la Federación.
En estos días, ante la incertidumbre que prevalece en los mercados, y a petición de la próxima presidenta de la nación, la morenista Claudia Sheinbaum, quien ha dado muestras de moderación, el partido Morena mandó hacer una encuesta de opinión, con las casas Enkoll y De las Heras, sobre si los mexicanos están de acuerdo con la reforma; en base con los resultados arrojados en dicha sondeo, el 80% de los entrevistados considera necesaria una reforma al Poder Judicial; y cerca del 70% considera que jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos por voto popular. Además, cerca del 40% considera que hay corrupción en dicho poder.
Aunado a ese ejercicio, muy común en el bando morenista para elegir a sus candidatos, la próxima presidenta de México solicitó a los legisladores de su partido se realizara por todo el país un parlamento abierto con foros para analizar, discutir y debatir la reforma judicial que envió al Congreso de Unión, el pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador.
Dichos foros son sin duda una forma de legitimar el proceso y que no se vea que se hizo a “raja tabla”, como fue la primera intención del poderoso inquilino de Palacio Nacional y los líderes parlamentarios, Ignacio Mier, de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal del Senado, ambos del partido oficialista.
Será hasta septiembre cuando se instalen los nuevos miembros del Congreso de la Unión, y los números indican que Morena tendrá mayoría en ambas Cámaras. Ante esto, el presidente ha sido claro: “Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se ven los tiempos, los procedimientos que se deben aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde pueden ya inscribirse los aspirantes”.
Los antecedentes de su sexenio en materia legislativa nos han mostrado que el presidente no permite que sus legisladores le mueven ni una coma a sus iniciativas; y sin duda la reforma judicial no será la excepción.
Está claro que AMLO quiere para Morena todo el poder, y con esto convertir al país en una sociedad de pensamiento único regido por un partido hegemónico de Estado; o al menos esas son las señales, irse a “La Chingada” –nombre real de su rancho en Palenque, Chiapas- dejando la mesa puesta para que el partido oficial pueda tomar control del Poder Judicial.
La reforma plantea la elección por voto directo de todos los miembros de la rama judicial federal; es así como a partir del próximo año los mexicanos elegirán a Ministros, Magistrados y Jueces, siendo más de 1,686 cargos que estarán en juego.
Los Ministros durarán en su encargo 12 años, los Magistrados y Jueces 9 años. Los candidatos serán propuestos en ternas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, 3,384 por cada poder. En total serán más de 10,150 candidatos, que según la reforma no competirán por ningún partido, y no tendrán financiamiento publico ni privado.
Lo más claro es que las propuestas de candidatos del Ejecutivo y Legislativo serán candidatos afines a Morena, y el partido oficial utilizará sus recursos económicos y de operación política, entre ellos los Servidores de la Nación, a favor de los cercanos a la 4T. Es importante resaltar que la reforma expresa que los Magistrados y Jueces mantendrán su jurisdicción territorial por todo el periodo de su encargo, es decir, que si un juez es electo para el distrito de Reynosa, en Tamaulipas, deberá permanecer ahí por los 9 años de su encargo, a diferencia del formato actual de rotación, donde son reasignados a otras jurisdicciones a discreción del Consejo de la Judicatura Federal.
El argumento del presidente López Obrador para plantear la necesidad de esta reforma, es que el Poder Judicial está lleno de corrupción, y que solo sirve a los de arriba y grupos de poder. Ante eso, no podemos decir que no haya corrupción en la rama judicial, como la hay muy arraigada en las alcaldías, los gobiernos estatales y hasta en el federal. Pero la corrupción no se combate destruyendo instituciones, la corrupción se combate haciendo investigación, recabando pruebas, denunciando a los corruptos y llevándolos tras la rejas, solo así se puede mandar un mensaje de cero impunidad.
En México existe esa creencia de que cambiando de nombre y color a las instituciones se van a purificar y que ya no habrá corrupción, y no es el caso, ejemplos hay muchos, pasamos de la Policía Federal de Caminos, a la Policía Federal a la Guardia Nacional; al igual la Policía Judicial Federal fue creada en 1983 con Miguel de la Madrid, se le convirtió en la Agencia Federal de Investigaciones que creó Vicente Fox en 2001, y que posteriormente cambió de nombre en 2009 con Felipe Calderón a Policía Federal Ministerial, y desde 2019 es la Agencia de Investigación Criminal. Cuatro nombres en 41 años y la misma corrupción y malas prácticas.
En Estados Unidos por ejemplo, la Border Patrol fue creada justo hace 100 años, en 1924 y aún mantiene sus colores, logotipo y mismo nombre, y claro eso no quiere decir no hay agentes corruptos, mismos que han sido removidos de sus cargos y enviados a prisión, cada vez en cuando los periódicos dan testimonio de esos casos y las sentencias son ejemplares; recientemente el agente Oberlín Cortez, de la Patrulla Fronteriza que colaboraba con los carteles fue sentenciado a 10 años en prisión.
Es decir, que en Estados Unidos, lo importante son las instituciones y no las personas, es importante para el gobierno gringo que se sepa que de nada sirve estar cambiando los nombres, colores y logotipos, cuando hay corrupción en una de sus instituciones, el mensaje más claro es procesar y enviar a prisión a los corruptos.
En el caso del poder judicial de los Estados Unidos, la jurisdicción federal, son a recomendación del presidente estadounidense y posteriormente el Senado ratifica las propuestas de Ministros, Magistrados y Jueces. Esto ha dado un gran balance al
sistema judicial “gringo” toda vez que han tenido presidentes republicanos y demócratas, los primeros de tendencia conservadora y los segundos de corte liberal-progresista. Y es de esa manera que por igual esta compuesto el sistema judicial, con jueces diversos, esto porque los presidentes republicanos han propuesto y designado jueces con esa corriente de pensamiento, y por igual los mandatarios demócratas.
Es de esa manera que normalmente hay jueces federales que pueden detener una nueva ley del Congreso u orden ejecutiva de un presidente de los Estados Unidos y de los gobernadores de los Estados. Algo similar a lo que está pasando en México, y que es una de las principales razones por las que López Obrador quiere un poder judicial afín a Morena, ya que la Suprema Corte y algunos jueces federales le han detenido bajo la figura del amparo, leyes, obras y proyectos. Eso ha molestado mucho al inquilino de Palacio Nacional, quien cree en la vieja máxima de que “el poder se ejerce y no se comparte”.
Pese a que en Estados Unidos, los presidentes se molestan cuando un miembro del poder judicial les detiene una ley u orden ejecutiva, nunca han amenazado con reformar el poder judicial, como lo referí antes en este artículo, los “gringos” tienen un sistema de gobierno que ha cambiado poco en 200 años, con menos de 30 reformas a la constitución, ninguna de manera profunda; a los norteamericanos les gusta ese balance entre tener jueces con pensamiento conservador y otros de tendencia liberal, lo cual le ha dado un balance casi perfecto al ecosistema judicial, legislativo y político de país.
Los miembros del poder judicial en Estados Unidos duran de por vida en el encargo, aunque pueden renunciar a su encargo, o en su caso, pueden ser removidos por medio de un juicio político. Desde que se fundó el país, con datos al año 2019, solo 66 miembros de la rama judicial estadounidense han pasado por el juicio político.
En el caso de la elección de Magistrados y Ministros solo se da en el ámbito estatal y de condado. Por ejemplo, en Texas se eligen a los Magistrados de la Suprema Corte del Estado, los jueces de los tribunales de apelaciones, los jueces de distrito.
Dice sabiamente una frase que resume el momento político en el país, y es que “los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla”. En el caso mexicano, el análisis centrado nos lleva a ver que Morena impondrá su mayoría el el poder legislativo, y que nos acercamos a un sistema hegemónico, donde el partido oficial actual nos llevará a los tiempos del PRI, donde solo había una sola voz en México y esa era la del presidente de la República.
Creo que cuando se tiene un país con un alto porcentaje de pobreza, se requiere un gobierno de izquierda moderada, que atienda sin duda a las minorías, que crea en una economía mixta, en un país con pesos y contrapesos, de instituciones, plural, donde prevalezca la izquierda y la derecha en el Congreso, sin mayoría calificadas para ningún bando, y donde las decisiones que se tomen acaben siendo de centro.
El actual presidente de México fue electo principalmente para velar por los más pobres del país, para crear políticas públicas que los beneficiaran en materias de ingreso, empleo, salud y educación. No recuerdo que durante su campaña del 2018 se hablara de una reforma judicial, o de desaparecer instituciones importantes como el INE, el Instituto de Transparencia, entre otras. Los mexicanos no le dieron mayorías cuando llegó en 2018 y ni en la elección legislativa intermedia de 2021. En verdad el pueblo de México no le quiso dar ese poder reformador a AMLO.
Hoy, López Obrador quiere hacer sentir su poder antes de irse y aprovechar la mayoría legislativa que tendrá por 30 días, pero los mexicanos votaron no para darle ese poder reformador a AMLO, sino a Claudia Sheinbaum, una mujer que está dando señas de moderación y de tomar decisiones basadas en la razón y no en la pasión; una política que escucha a los expertos y se deja asesorar y que si se lo propone puede llevar a México a un alto nivel en lo económico, político y social.
Hay que resaltar que la clave de esta reforma está en la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, mismo que será electo de manera popular, y el cual Morena no se puede dar el lujo de perder, estará conformado por 10 personas que tendrán facultades para investigar, sancionar y realizar funciones administrativas. Sin duda, será el órgano de mayor poder, y desde donde se removerá y castigará a los miembros del poder judicial que no “cooperen” con el movimiento de la 4T.
Sin duda, la reforma es un capricho presidencial, porque las reformas más importantes y necesarias son a los órganos judiciales estatales, que es donde se imparte la justicia más cercana a la gente y que en verdad afecta al ciudadano común o como diría AMLO “al pueblo”. El poder judicial federal ha logrado un buen nivel de profesionalización, y que claro aún se puede mejorar y perfeccionar sin necesidad de reformarlo desde su raíz, las instituciones se mejoran y se limpian de corrupción. No podemos inventar la rueda cada seis años a capricho del ejecutivo en México.
En conclusión puedo decir que habrá elecciones judiciales el próximo año, la corte se politiza, y tendremos un país de un pensamiento único. Sin duda esto afectará el crecimiento económico, donde los empresarios buscan llevar sus inversiones a mercados con certidumbre jurídica. La corrupción no acabará con esta reforma, como lo expresé, esa solo se termina investigando y metiendo gente a la cárcel. El problema de México es la impunidad, un país donde romper la ley y tomar lo que no es tuyo no tiene consecuencias. La reforma sin duda va que va, y a partir del 2025 oficialmente México ya no solo será territorio Telcel, sino territorio “4T”.
LA SUERTE ESTÁ ECHADA PARA EL PODER JUDICIAL
Con la pretensión de la 4T de que para su segundo piso es menester la democratización del Poder Judicial, ahora viene otra polarización, en la que como siempre sucede, al final se imponen las mayorías, tengan o no razón.
Sólo que, los que forman parte del Poder Judicial, ya bien de la Federación o de las entidades federativas, con sus hábitos contribuyeron a que al grueso de la ciudadanía no le interese la suerte de ese Poder.
Por ello, en las encuestas, un 80% manifestó estar de acuerdo que mediante el voto se elija a Ministros, Magistrados y Jueces. La respuesta, se infiere, fue más producto de la indiferencia que de un análisis.
Sólo que, la anterior reacción se la ganaron a pulso los Solones, que por su tipo de trabajo que es en solitario, no acostumbran a tomarse la molestia de dar explicaciones a la ciudadanía del por qué absuelven a un acusado o lo condenan.
O bien, las motivaciones legales que tuvieron para desalojar a los llamados marginales de sus viviendas. Es decir, por falta de una adecuada Comunicación Social, dan la impresión de ser abusivos, lo mismo con las clases populares que con las medias.
A lo anterior habrá que agregarle las prácticas nefastas de algunos pseudo abogados, que invocan “necesito tanto para el Juez”, y así orillar al defendido a que busque recursos hasta debajo de las piedras.
Por la antedicha causa, el pueblo comparte la proclama de Andrés Manuel López Obrador, de que la justicia es solamente para los que tienen dinero o agarraderas, y hoy que el Poder Judicial trae la daga en el cuello, tratan de convencer de la importancia de ese Poder para la vida republicana de México.
La reacción es tardía, porque por un lado, el pueblo no tiene en buen aprecio al Poder Judicial, y por el otro, la suerte ya está echada en el Congreso de la Unión, sus dos terceras partes aprobarán la democratización del Poder Judicial.
Pero antes habrá Parlamento Abierto, para aportar propuestas que hagan del Poder Judicial un órgano eficiente y con conciencia social, de que no son Sumos Pontífices, sino servidores públicos.
En cuanto a la designación de Ministros, Magistrados y Jueces mediante el voto popular, con imponer requisitos para registrarse de candidatos, como buena fama pública, experiencia ya bien en la academia o en el litigio, conciencia de que serán servidores públicos, y ecuanimidad en el carácter, gane quien gane en la elección, la justicia estará en buenas manos.
Es importante la reforma al Poder Judicial, no es venganza: AMLO
Mientras continúa la controversia por la tan mencionada reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el lunes 8 de julio, en que “es importante” y aseguró que “no es venganza ni nada”.
López Obrador instruyó a que en el reporte de Seguridad se haga una selección y se presenten las órdenes de jueces para favorecer a “personajes famosos” los viernes y sábados, “dándole a los directores de los reclusorios, no más de 24 horas para que los dejen en libertad”.
“Es importante la reforma al Poder Judicial, no es venganza ni nada, nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya
impunidad, que se viva en un auténtico estado de Derecho”, declaró López Obrador.
El mandatario también exhibió los montos en el Poder Judicial destinados para la compra de anteojos, vestuario, viáticos y festejos como el Día de la Madre o del Padre.
“Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma y van a haber ahorros”, dijo.
¿NECESIDAD INSTITUCIONAL O VENGANZA PRESIDENCIAL?
“La Corte es hoy un auténtico tribunal constitucional y en el Poder Judicial federal tenemos por primera vez una auténtica carrera judicial, una auténtica defensoría pública y una política pública y reglas claras para avanzar hacia la paridad y la igualdad sustantiva. Y ésta será nuestra ruta y nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las personas, ésta será nuestra ruta y nuestro compromiso hasta lograr que nuestro lema, todos los derechos, para todas las personas, sea una realidad, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre”, estas eran las palabras del entonces Ministro presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar, celebrando la implementación de la Reforma Judicial llevada a cabo en 2021 a dicha institución, misma que fue propuesta por López Obrador en 2019.
Usted se preguntará, ¿pero entonces qué pasó? Como recordarán, en ese mismo año (2021) el presidente declaraba que el único en quien confiaba para llevar a cabo la implementación total de dicha reforma era, precisamente, el ministro Zaldívar. Por lo que, violando la Constitución Política de México (sí, ya sabe, se pretendía llevar a cabo la purificación del poder judicial empezando, precisamente por violar la Constitución), se amplió el mandato de Zaldívar por dos años más, situación que no llegó a buen término al carecer de toda validez legal, terminando su mandato en el 2022, tal como estaba establecido.
Fue entonces cuando se empezó a impulsar a la ministra Yasmín Esquivel (cercana al presidente y su círculo) como sucesora de Zaldívar. Sin embargo, su postulación se vio envuelta en el escándalo del plagio de tesis que Esquivel realizó en la universidad para titularse. El presidente Obrador defendió a la ministra durante una conferencia matutina, minimizando el plagio y comparándolo con el “daño” que, según él, han ocasionado a México Enrique Krauze y el señor que presentó la denuncia. Además, urgió a la UNAM a resolver el caso del plagio antes de que se llevaran a cabo las elecciones para renovar la presidencia del Poder Judicial.
¿Qué se buscaba, entonces? ¿Reforma judicial o ministros afines al presidente? La llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia en 2023 marcó un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
El presidente López Obrador intensificó sus críticas hacia la Corte Suprema, llegando a proponer en febrero de 2024 una reforma radical que eliminaría a los actuales ministros y magistrados para elegirlos mediante voto popular en septiembre de 2025.
A pesar de las proclamas de los defensores del gobierno sobre un nuevo modelo de justicia y la transformación del Poder Judicial gracias a la reforma de López Obrador y Zaldívar, la realidad parece ser otra. La renovación completa del poder judicial, con el consiguiente cambio de jueces y magistrados, y la necesidad de revisar nuevamente todos los expedientes, podría generar retrasos significativos en la impartición de justicia, agravando un problema que ya aqueja al sistema judicial mexicano.
Un ejemplo claro de las dificultades logísticas que plantea la propuesta es el caso de la Ciudad de México, donde cada elector debería recibir 175 boletas para elegir a los jueces y magistrados de su circunscripción, según lo señala el periodista Hernán Gámez Bruera en su cuenta de X (HernanGamezB). La complejidad y el elevado costo de este proceso electoral generan dudas sobre la viabilidad y conveniencia de la reforma.
En definitiva, la pregunta que surge es si la nueva reforma judicial responde a una necesidad institucional o a una sed de venganza por parte del presidente, ya que la propuesta, lejos de fortalecer la independencia y el buen funcionamiento del poder judicial, podría generar mayor inestabilidad y retrasos en la impartición de justicia.
*Fuentes
1. ibero.mx/prensa/reforma-judicial-de-2021-la-mas-importante-en-casi-30-anos-zaldivar
