Si es que el gobierno federal no les indulta los recargos, mil 100 millones de pesos tendrán que pagar Afores como Sura, XXI Banorte, Profuturo GNP y Principal, así como personas físicas que incurrieron en delitos monopólicos, pues se dio a conocer que estuvieron involucradas en maniobras para mitigar el flujo de usuarios cuentahabientes, lo cual representa una base elemental de competencia para el beneficio de los trabajadores.
Esta es la multa más elevada que históricamente ha sido fijada a las Afores por un organismo rector del sistema financiero mexicano, después de la sanción que recibió HSBC de 368 millones de pesos por incumplimientos en las normas para prevenir el lavado de dinero.
EN LA LISTA NEGRA
La Comisión Federal de Competencia Económica comprobó los movimientos ilegales a Sura, XXI Banorte, Profuturo GNP y Principal, al igual que los ejecutivos de las mismas, entre quienes destacan nombres como José Eduardo Silva Pylypciow, Arturo García Rodríguez, Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez, Carlos Eduardo Salas Westphal, Ramón Elías, Antonio Pando Leyva, Alfonso Gabriel Cajiga Estrada, Francisco Javier González Almaraz, Enrique Ernesto Solórzano Palacio, Marcelino De la Garza Cárdenas, Ricardo Villalobos Muro y Alejandro Múzquiz Díaz.
Y es que todos ellos violaron el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica entre los años 2012 y 2014, en los que efectuaron acuerdos para frenar los traspasos preferenciales, en un mercado donde se genera una gran cantidad de recursos por las inversiones y comisiones de las Afores.
DE NADA SIRVIO
Por este motivo, limitaron a los trabajadores a validar o desestimar a su compañía de ahorros para el retiro.
Precisamente las Afores se encargan de administrar las aportaciones que se hacen por medio del IMSS o Issste en cada cuenta individual, pero el usuario tiene la libertad de decidir qué compañía resguarde su recursos, de acuerdo a los rendimientos que le ofrezca cada una.
De acuerdo con reportes periodísticos, obstaculizar los traspasos de las Afores reduce el gasto comercial de las empresas, por lo cual las administradoras buscaron incrementar las utilidades.
A final de cuentas, estos movimientos nunca tuvieron como objetivo mejorar el rendimiento en las cuentas de los trabajadores.
