Sus ásperas manos se trenzan, sueltan y vuelven nerviosas al mismo lugar una y otra vez. Son las secuelas de miedo, causadas por severas contusiones que no le permiten a Oscar Mario Montoya Vázquez conciliar el sueño.
A éste hombre poco le sirvió su rol de padre de familia, trabajador y sin vicios para evitar ser secuestrado por elementos del ejército mexicano, quienes le atizaron una paliza al confundirlo con un narcotraficante el pasado 10 de mayo, en la fronteriza localidad de Camargo.
A pleno mediodía, un convoy con cinco unidades se aproximó hacia donde Montoya Vázquez compraba un raspado; varios efectivos descendieron y, sin orden de aprehensión de por medio, lo privaron de su libertad para continuar su marcha ante las miradas incrédulas de algunos lugareños.
Durante el trayecto con rumbo desconocido, los militares lo increparon, intentando averiguar si tenía vínculos al crimen organizado. Como el tamaulipeco negó las imputaciones, éstos le lanzaron una avalancha de golpes para “ablandarlo”.
“Yo les expliqué que estaba buscando partes para una unidad automotriz y que no estaba haciendo nada ilegal. Sin prestarme atención a lo que les dije me gritaron majaderías, interrogándome para saber dónde estaba la droga y me empezaron a pegar”, recordó con zozobra el comerciante.
Acto seguido, uno de los soldados le levantó la camisa, lo lanzó hacia el piso y continuó el castigo en sus costillas, espalda y rostro con la cacha de su arma de fuego.
“Yo les pregunté qué estaba pasando. Les mostré una identificación y facturas de mi negocio, pero dijeron que eran una pendejada. También les comenté que tenía 38 años y a son de burla aseguraron que pasaría otros 40 en la cárcel”, informó el afectado a los medios de comunicación, días después de su detención.
LAS ARTIMAÑAS
Poco antes de llegar a un ejido -también de nombre Camargo-, los uniformados cambiaron de vehículo a Montoya Vázquez, le colocaron otra camisa y a punta de forcejeos y puñetazos amagaron con fabricarle pruebas.
“Afirmaron que me sembrarían droga para mandarme derechito al penal. Luego me preguntaron si yo también los estaba vigilando. Lo único que les pedía era que ya no me golpearan”.
“Les dije que era casado y tenía tres hijos y me respondieron que no los volvería a ver. Uno de ellos señaló que me llevarían con su jefe y ahí me iban a hacer hablar por medio de toques (eléctricos), o en una cama de fierro donde me sacarían las uñas. También aseguraron que podían matarme si querían”, dijo.
Cuando Montoya Vázquez les solicitó a los militares ser trasladado ante algún agente del Ministerio Público, éste se desvaneció. Minutos después, al volver en razón, aún seguía sujetado de las extremidades.
“Mientras uno de ellos decía: ‘ya déjenlo, está sangrando mucho´, otro me estaba tomando fotos por si los denunciaba. Dijeron que ‘qué valor y hombría tenía’ porque les había aguantado sin decirles nada”.
“Yo sólo les respondí que no sabía nada de lo que me acusaban y me contestaron que por haber aguantado la chinga me iban a dejar ir”, precisó.
Afortunadamente, antes de ser arrojado del vehículo Hummer en que era transportado, este comerciante de Camargo escuchó el nombre de uno de los miembros del grupo que lo torturó hasta el cansancio.
De esta manera Montoya Vázquez interpuso denuncias ante la Agencia Unica del Ministerio Público local (expediente 043/2007), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción a los Derechos Humanos (Cefrodhac), con sede en Reynosa, por los atropellos y vejaciones cometidas en su contra.
De acuerdo a las averiguaciones previas, entre los involucrados figura un oficial de apellido Almera, responsable según se explica de “provocarle hematomas en cráneo, tórax y rostro”.
Dicho caso sigue en proceso en tribunales federales y el afectado a la espera de que se les dicte de formal prisión a sus agresores, pues afirma que su testimonio tiene un valor probatorio.
ANTECEDENTES
En Tamaulipas no es la primera vez que el uso de la fuerza ha generado polémica, llegando incluso a los planos nacionales.
En 2006, la reyerta verbal entablada entre el ombudsman de la CNDH, José Luis Soberanes y el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, polarizó la atención de propios y extraños.
Esta se originó por la recomendación 13/2006, en la que se denunciaron violaciones graves cometidas en contra de José de Jesús Zúñiga Velázquez, quien el 1 de marzo de 2005 fue secuestrado en Ciudad Victoria por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
De acuerdo a las indagatorias, tres personas vestidas de civil irrumpieron con armas de fuego en un restaurante donde se localizaba Zúñiga Velázquez y, tras efectuar un cateo, al tamaulipeco lo sustrajeron con azotes.
Sus familiares afirman que fue arrastrado; golpeado a puntapiés, con una tabla y luego quemado en la espalda, emulando instantes de la “Santa Inquisición”, cuando los opositores del Catolicismo medieval eran incendiados, muchos de ellos hasta la muerte.
“Lo amenazaron de que si no decía que él y su família vendían cocaína lo iban a matar, razón por la cual terminó acusándose”, criticaron.
Un abogado de esa ciudad, quien prefirió omitir su nombre, considera que este ciudadano “sabía demasiado y los agentes buscaron la manera de acallarlo”. Esgrime que no fue asesinado porque éstos necesitaban alguien a quién culpar.
Actualmente Zúñiga Velázquez sigue recluso en una cárcel federal, consignado por posesión de estupefacientes, aún cuando las pruebas demuestran lo contrario.
SINDROME GUBERNAMENTAL
Para Rebeca Rodríguez, directora del Cefrodhac, la tortura como abuso de autoridad emerge tanto en órganos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), los separos de la policía en los municipios y zonas rurales del país; centros penitenciarios e inclusive, en el Instituto Nacional de Migración (INM).
Arguye que los elementos de seguridad en sus distintos niveles no cuentan con la preparación para proceder contra los presuntos delincuentes y por lo tanto, es despiadada la manera en que pretenden obtener las confesiones.
Según un informe del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción a los Derechos Humanos, tan sólo en 2006 se registraron 122 denuncias por esta causa. La Policía Preventiva de Reynosa encabezó la lista de acusaciones.
Entretanto, el 90 por ciento de las querellas presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), corresponde también al abuso de autoridad.
Rodríguez admite que miembros de la AFI y Ministeriales son los que menos huellas suelen dejar, pero sí practican la tortura como recurso. Por su lado, los soldados y preventivos son más ríspidos a la hora de someter a los detenidos.
Explica: “El año pasado registramos dos casos de fallecimiento a causa de tortura. En el primero de ellos a la víctima José Montelongo, oficiales municipales le montaron una trampa para arrestarlo. En el camino fue lesionado y murió de un paro cardíaco”.
La funcionaria elucidó que, según la version oficial, la obesidad de Montelongo propició su muerte; sin embargo, sus parientes afirman que fue vapuleado desmedidamente.
“Su madre se trasladó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de Reynosa, donde le dijeron que no tenían presa a ninguna persona con las características de su hijo; entretanto a la Cruz Roja (localizada enfrente), arribó una patrulla y ella por instinto se acercó a la unidad.
“Al asomarse encontró el cuerpo de Montelongo sin vida y con huellas de golpes, puesto boca abajo y con la ropa mojada. El no rebasaba los 30 años. Tras presentarse la queja correspondiente, los policías fueron exonerados”, censuró Rodríguez.
Esta profesionista por la Universidad del Estado de Chihuahua (UECH), expresó que dicho “modus operandi” atenta contra las garantías individuales.
Pese a estar tipificado como un delito de los fueros común y federal -que se castiga con cárcel, cinco años de inhabilitación o el cese definitivo-, es inusual que alguien sea consignado por practicar este inhumano método.
Según explica la especialista en asuntos jurídicos y sociales, esto se debe a que México sólo avala los tratados internacionales en pro de todo prisionero, pero no los cumple al pie de la letra; por ende, la mayoría de los delitos de esta índole quedan en la impunidad total.
“Hace dos años se ratificó el Protocolo de Estambul para prevenir la tortura y como éste, todos los programas que son para el supuesto beneficio de la sociedad el gobierno los aprueba; el problema surge a la hora de llevarlos a cabo.
“Para los servidores públicos son manuales o recetas para saber qué cosas no deben hacer a la hora de torturar a alguien y evitar ser procesados”, reveló la activista social.
De todas formas, el Código Penal Federal establece en su Artículo 215 Fracción XIII que a quien cometa tortura, se le impondrán de dos a nueve años de prisión, una multa de 70 hasta 400 días de salario mínimo (entre tres mil 500 y 20 mil pesos aproximadamente) y la destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
ARGUMENTOS FALACES
Rodríguez comentó que el martirio físico y psicológico refleja las carencias y arbitrariedades del aparato de justicia mexicano, aún cuando el ex mandatario Vicente Fox Quesada aseguró, durante su sexenio que en éste país no había caso alguno de tortura hacia el interior del gobierno.
“La realidad es que aún estamos en pañales en lo que concierne a la procuración de justicia, aunque en el discurso se dice lo contrario.
“Y como (por lo regular en cada proceso) los jueces sólo consideran la declaración preparatoria, porque se supone que no está viciada, es muy fácil, mediante los golpes, inculpar a una persona y obligarla a aceptar un delito que no cometió”.
“Además la tortura no es reconocida por las autoridades como tal, sino como un tipo de lesiones”, ilustró Ródríguez.
La funcionaria -cuyo organismo civil es subvencionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras asociaciones-, objetó que los instrumentos para prevenirla mucho menos son empleados en las casas de arraigo, donde no hay reglas ni rendición de cuentas.
"Por eso, como organismo defensor de los derechos humanos, nosotros queremos que se elimine del juicio la declaración primaria, porque muchas ocasiones los presos se ven orillados a tergiversar la realidad de los hechos.
"A nivel de estado, un punto importante sería la instauración de una dependencia que regule la actuación del Ministerio Público, para que una víctima de tortura tenga por ley un juicio paralelo a las acusaciones en su contra", valoró.
Algunas atrocidades
“Juan Valencia”, el nombre que eligió para proteger su identidad, apostilló que cuando una persona es torturada por lo regular se traslada a lugares aislados, como comúnmente se le conoce a las casas de arraigo.
De esta forma el prisionero “por mucho que grite no sera escuchado”, mientras se le aplican severos maltratos sobre su cuerpo.
“Valencia”, quien funge como policía subordinado a la PGJE y comisionado para tareas de inteligencia en la frontera tamaulipeca, reveló que para ello existen varias técnicas.
Cuenta: "La más usada en la actualidad es la tortura psicológica. Le dicen al sujeto que será asesinada su familia o que le van a cargar tales delitos si no habla; entonces termina aceptando inclusive lo que no hizo.
“Pero cuando el individuo se resiste, se le aplican otros castigos más rudos que no necesariamente dejan huellas de tortura, como el tehuacanazo, que consiste en echarle agua mineral por las fosas nasales; los toques eléctricos y bañarlo en agua caliente.
“Además meterle alfileres al rojo vivo entre las uñas, colgarlo de los pulgares; el pocito -sumergirle la cabeza en agua sucia para desesperarlo-, y la bolsa, para amagarlo también con la asfixia”.
Entrevistado en las inmediaciones de la Plaza de Toros, “Valencia” agregó que la tortura a base de golpes es menos aplicada, porque los policías corren el riesgo de ser procesados; sin embargo, admitió que en ocasiones a éstos se les pasa la mano.
Aunque el agente no reveló si ha participado en tales atrocidades, dejó entrever que por lo menos había sido testigo de ellas.
"La tortura es un método para inculpar gente, sea o no culpable y de cada diez, tres la logran soportar. Cuando existen 85 por ciento de probabilidades de que el individio cometió un delito pero no tienes a la mano la prueba, lo único que falta es la confesión”, manifestó.
El entrevistado señaló que, inclusive, una persona puede ser torturada con cosquillas “para producirle dolor en los intestinos” y que a todos efectos en esta práctica no hay consideraciones ni para las mujeres.
Empero, “Valencia” descartó que efectivos del gobierno utilicen instrumentos de la “Santa Inquisición” para maltratar a las personas confinadas.
“Antes era común la pera, una bola de fierro que se indroducía por el recto, la cual tiene una perilla que la abre y va desgarrando las entrañas del sujeto, pero hoy se usa la macana”.
“En fin, había muchos artefactos que con el paso de los años fueron sustituídos sin que la tortura dejara de ejercerse”, finalizó.
