Con apenas 72 horas de plazo, un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y Guardia Nacional, mujeres, hombres y niños de la colonia 23 de Marzo intentaron rescatar lo poco que podían antes de que las máquinas tumbaran sus casas. Entre lágrimas y reclamos por promesas políticas incumplidas, el desalojo dejó a cientos en la calle y en busca de un nuevo refugio.
Aún no amanecía en la ciudad de Reynosa, cuando un comando de seguridad integrado por elemento federales y estatales llegaron a la colonia 23 de Marzo, la misión era hacer el cumplir una orden desalojo a 500 familias que la mayoría pernoctaba, otros se preparaban para sus actividades diarias.
Alrededor de las 05:00 horas los motores de las retroexcavadoras y de patrullas rompió la quietud en el sector, cuando los vecinos cercanos al bulevar Luis Donaldo Colosio se asomaron por la ventana se percataron que estaban bajo la vigilancia de elementos de la Guardia Estatal, Policía Investigadora y Guardia Nacional.
Un grupo de habitantes del sector se congregó en la carretera para tratar de dialogar con las autoridades para exhortarlos a desalojar en un plazo de 72 horas; sin embargo, los ciudadanos se opusieron a seguir las indicaciones que señalaban el documento expedido por el juzgador.
• La orden conforme al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá de devolverse la posesión bajo la reserva de ley del predio en cita a la señora Gregoria Vázquez Pérez.
• El cumplimiento de esta medida correrá a cargo del Agente del Ministerio Público Delfino Morales Villanueva.
• En caso de que no se pueda ejecutar de manera voluntaria esta resolución por el Agente del Ministerio y sus auxiliares de Seguridad Pública, se autoriza el uso de la fuerza pública, pero con los grados siguientes: primera se debe solicitar el permiso al morador; se le solicitará que abandone el lugar conjuntamente con sus pertenencias y de no cumplirse en un plazo razonable, se autoriza el rompimiento de cerraduras para permitir el ingreso.
• Se concede el término de 72 horas para el cumplimiento de esta resolución.
• Así lo resolvió Ariel de Luna Casados, Juez de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo de Justicia del Estado.
Sin embargo, la autoridad realizó un acto que no marcaba el documento, el derribar las viviendas edificadas en ese predio donde hace más de 10 años los primeros pobladores la hicieron llamar 23 de Marzo, cuyo asentamiento irregular nació entre carencias y falsas esperanzas, fue arrebatada en cuestión de horas.
El predio se ubica junto al libramiento Luis Donaldo Colosio, a pocos metros del Parque Industrial Reynosa y del puente internacional Nuevo Amanecer-Pharr, y llegó a albergar a más de 500 familias. En su mayoría eran hogares de tablas, techos de láminas, otros con paredes de bloques, sin red de agua potable y sin calles pavimentadas.
A las 09:00 horas del 1 de octubre, hubo empujones y piedras lanzadas contra los uniformados, pero el operativo siguió adelante. La orden judicial era clara: la restitución de un bien inmueble ocupado de manera ilegal desde hace más de una década, después de que un juzgado fallara a favor de la legítima propietaria.
LA ESCENA SE REPETÍA DE CASA EN CASA
Los operadores de retroexcavadoras encendieron los motores para demoler las viviendas, a lo que varias personas reaccionaron de inmediato incendiando llantas y madera entre las calles de terracería para impedir el paso de los tractores.
Bajo la entristecida mirada de los habitantes, los mandos del operativo dieron la orden de comenzar a derribar cercas y viviendas, mientras decenas de familias corrían a rescatar lo poco que podían.
En pocos minutos comenzaron a sacar sus colchones, refrigeradores, ropa, muebles entre otros objetos y subirlos en camionetas; niños con mochilas a medio llenar, los juguetes abandonados en las calles dejando entrever una herida abierta en la dignidad humana.
“¿Dónde están los candidatos ahora?”, preguntó con rabia e impotencia, una mujer que apenas logró salir con lo que traía puesto. Otra ama de casa, mientras entregaba a sus hijos a un familiar para que no presenciaran el derrumbe, murmuró entre lágrimas: “Setenta y dos horas no son nada… es muy poco tiempo”.
Cabizbajo y sentado bajo la sombra de un árbol, don Miguel Ángel Mora, otro de los afectados, lamentó que, el desalojo se llevara a cabo pese a las mejoras que la comunidad logró consolidar después de más de una década de permanencia en ese terreno.
“Ahora que la señora ya ve todo relleno, ya que ve que hay transformadores, que hay luz, ya que ve casas edificadas, hay una escuela, iglesias, no es posible, ya teníamos 11 años aquí”, expresó con impotencia y una incertidumbre que duele.
Los pobladores, que han ocupado el lugar desde hace 11 años, aseguraron que la actual administración federal les había prometido regularizar los predios. Señalaron estar dispuestos al diálogo en busca de una posible solución.
Eugenio Vázquez, representante de la colonia 23 de Marzo, cuestionó el procedimiento de la orden judicial; tratando de defender su patrimonio mostró una parte del documento que indicaba el desalojo y resguardo del predio, pero no mencionaba el derrumbe de las viviendas.
El desalojo de 500 familias en Reynosa, realizado durante la madrugada y con un despliegue de fuerzas estatales y federales, no sólo removió paredes y techos improvisados, desmanteló también años de vida, raíces y sueños en uno de los sectores más marginados de la frontera tamaulipeca.
“¿Por qué la orden llega así, sin notificación? Tenemos un documento de la doctora Claudia Sheinbaum en donde nosotros estábamos tramitando para que se nos llegue a un fin de un acuerdo, pero la dueña no se ha presentado. Aquí hay un documento en donde nos están diciendo que busquemos a la dueña y queremos dialogar con ella y no se ha podido localizar”, señaló el señor Vázquez.
LES OFRECEN ALBERGUE
Luego de la amarga experiencia que vivieron los colonos, personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos habilitó como albergue emergente una parte de las instalaciones del Polideportivo, para las familias que fueron desalojadas de la colonia 23 de Marzo.
El albergue, ubicado en carretera a Matamoros, colonia La Escondida, cuenta con un módulo de auscultación médica para monitoreo de la salud de quienes decidan beneficiarse del alojamiento en el que las autoridades municipales proveerán los alimentos de forma gratuita.
Para dar una atención integral a las familias se contó con la asistencia del Voluntariado DIF-Reynosa, a cargo de Alejandra Yelitza Garza, y de personal operativo de las dos dependencias involucradas para velar por el bienestar de niños y adultos quienes como pudieron intentaron defender su territorio.
Sin embargo, la orden de desalojo fue finalmente ejecutada por las autoridades, y en pocas horas los techos levantados con el esfuerzo de años y donde se tejieron sueños de estabilidad quedaron sepultados por la maquinaria.
