
Utiliza las instituciones para tratar de intimidarlo.
Desde la más alta tribuna del Congreso del Estado de Tamaulipas, el diputado de MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez denunció con pruebas en mano que el Gobierno del Estado pretende criminalizar la acción política de la oposición, pero por sus yerros convierte a su partido en un movimiento incontenible.
El integrante de la LXIV legislatura del Congreso de Tamaulipas, hizo un recuento de la cantidad de veces en que han pretendido involucrarlo en una sarta de actos constitutivos de delito con el sucio afán de desprestigiarlo y truncar su carrera política.
En el salón de plenos, Rigo citó que desde el inicio de la presente legislatura ha denunciado el autoritarismo que tiene lugar en esa cámara, indicando que “La mayoría de Acción Nacional se comporta como pandilla, prefiere callar las voces discordantes antes de debatir lo que le conviene a Tamaulipas”.
Citó que en muchas de sus intervenciones en distintas ocasiones sus “pares” lo interrumpieron obstruyéndole los micrófonos.
“Que primitivos, que política tan rupestre”, -cuestionó-.
“No solo hay cerrazón en esta cámara sino en todo el aparato estatal que se ha volcado para intimidarnos”.
Pero asentó, “a cada acto de cobardía, a cada uso faccioso de las instituciones públicas y a cada abuso de poder por parte de la administración estatal, responderemos”.
Acusó al gobernador de ordenar agresiones a través de testaferros de los tres poderes y recordó que en 27 años de actividad empresarial jamás tuvo ningún problema de orden judicial, fiscal, administrativo o de cualquier ámbito.
Enumeró después una a una, las acciones represivas que ha sufrido en carne propia desde que la violencia política se enderezo en su contra aquel 3 de noviembre del año 2017, cuando se presentaron inspectores de Protección Civil del Estado con una consigna para clausurarle su estación se servicio de venta de gasolina que se ubica en calle Bravo y Matamoros de la ciudad de Reynosa.
Citó que cuatro días después, (el 7 de noviembre) se ordenó mediante un dictamen oficial la reapertura, mas sin embargo el hecho fue aprovechado mediáticamente para señalar supuestos actos delictivos de su parte, y públicamente fue calumniado, argumentando que la razón de la clausura había sido por estar involucrado en la venta de combustible robado.
Ramos Ordóñez, denunció que con dinero público se realizó una campaña de medios de comunicación y columnistas a los que en su momento también se encargó de desmentir.
Siete meses después, en julio de 2018, arreciaron las acusaciones, pero ahora el sustento para un proceso judicial viciado de origen, fue una supuesta denuncia anónima.
Y acusó “Ya conocemos por experiencia que en ese campo de pervertir la justicia, manipular testimonios y fabricar pruebas tienen desde el Fiscal General del Estado hasta los peones que el gobernador tiene en el Poder Judicial del Estado”.
“Fallaron en su intento porque las estaciones de gasolina que señalaron como fuentes de delito, ni son de mi propiedad ni incurrieron en esa práctica”.
Y ahí mismo Rigo Ramos exhibió el resolutivo del 22 de agosto de 2018 en el que dicta en inejercicio de la acción penal en su contra: “Nuevamente intentaron aniquilar mi prestigio y no lo lograron”
El parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, citó que ahí como en los otros casos, ganó jurídicamente pues también con los mismos elementos y valores contrarrestó el intento de dañar su nombre ante su familia y su comunidad.
Agregó que el acoso continuó, pero ahora en plano político, ahora a través del Instituto Estatal Electoral, sancionándolo de manera injusta con una amonestación privada, a pesar de no existir expediente de contrato alguno que haya firmado.
Ahí hizo la precisión que es obvio que les molesta que ejerza sus funciones de diputado e intentaron detener su labor de gestión social, pero tampoco lo lograron.
En tribuna, Rigo remarcó que COEPRIS en lugar de cumplir su función, trabaja con criterios selectivos, de estos se quejó de acudir de forma constante a los eventos de su partido para impedirlos, mientras que en los eventos del diputado Peña asiste para resguardarlos.
“La COEPRIS es uno más de los aparatos de arbitrariedad electoral que pagamos los ciudadanos y que la deshonestidad y la perversidad de sus funcionarios las utilizan para silenciar las voces discordantes”
“Ustedes pretenden criminalizar la acción política de oposición, pero en lugar de minar nuestra combatividad y la lucha por la transformación, la alimentan, la están haciendo crecer hasta convertirla en un movimiento incontenible”.
Afirmó que la violencia política promovida por el ejecutivo estatal, pretende sembrar miedo, e hizo un enérgico llamado a tratar de enmendar la plana, “Detengan ya las acciones extralegales y dejen de utilizar las instituciones para amenazar a los opositores”, -exclamó-.
Anticipó el congresista que el seguirá en la lucha legal y civilizada haciendo responsable directo al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca de cualquier eventualidad o acto de violencia política en su contra, de su familia o de su equipo de colaboradores.
“Los hago responsables desde esta tribuna, de lo que nos pase, a mi persona, a mi familia y equipo de colaboradores, porque conocemos –desde hace tiempo- su modo de actuar, sus costumbres y su enorme proclividad a la amenaza y las acciones violentas”, -concluyó- tajante.