La Fiscalía General de Nayarit destapó una red de corrupción de funcionarios públicos, abogados, un notario y magistrados, para despojar de sus viviendas a más de 60 mil derechohabientes en varios Estados de la República Mexicana. En Ciudad Madero hubo un caso, pero continúan las investigaciones.
El 21 de diciembre de 2017. El Congreso nayarita nombra al abogado Petronilo Díaz-Ponce Medrano como fiscal general del Estado, un cargo que –de acuerdo a esa legislatura– tiene una extensa duración: ¡nueve años!
Voces encontradas, menos la del gobernador, Antonio Echeverría, que pedía un ‘fiscal de hierro’ para la entidad, mientras la opinión pública observaba con reticencia.
Un día después, el abogado de profesión comenzó la limpia. Desempolvó carpetas, abrió investigaciones… y, a la vuelta de un año, el 13 de diciembre, Petronilo tenía ya en sus manos una declaratoria de procedencia en contra de seis servidores públicos con fuero (cuatro jueces y dos magistrados), que desencadenaría una de las mayores estafas del sector público inmobiliario de México.
El caso, de acuerdo con medios de comunicación, se supo en instancias gubernamentales de Nayarit cuando la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas se negó a investigar una querella de despojo a un derechohabiente del municipio de Madero, ya que la toponimia se emitió en Xalisco, Nayarit, llamando la atención de las autoridades del occidente del país.
Los investigadores de la Fiscalía se preguntaban cómo un juez de Nayarit pudo dictaminar un juicio civil hipotecario a una propiedad situada en Tamaulipas, por lo que solicitaron reportes, que inicialmente les fueron negados, pero a posteriori descubrieron que existían miles de procedimientos jurídicos en los que el Infonavit presentó querellas para recuperar viviendas sin que los demandados tuvieran oportunidad de apelar.
MODUS OPERANDI
Se comprobó que hubo jueces, magistrados y notarios públicos involucrados que domiciliaron las notificaciones en direcciones cuyos reales propietarios eran ellos, los empleados del Poder Judicial de Nayarit, y que operaron de manera paralela a los juzgados de la Procuraduría, donde prácticamente no había evidencias de esos miles de expedientes.
En coordinación con la PGJE encontraron en Tepic decenas de personas inmiscuidas en el megafraude, entre ellas del despacho de abogados Molrod, Silber y Asociados, quienes se encargaban de emitir documentos que no transitaban a los juzgados establecidos por la autoridad.
De acuerdo con cifras oficiales ese bufete jurídico encabezó cerca de tres mil juicios por los que el Infonavit le pagó 8 millones 704 mil 772 pesos, ya que había signado un acuerdo para cobrar su cartera vencida (por un monto de 613 millones de pesos), representarle en los procesos de remate y escriturar a su nombre, rubricaron los medios.
En los cateos se hallaron documentos implicando a los jueces y notarios que se supone escrituraron a nombre del Instituto todas las propiedades recuperadas ilegalmente.
Por esos elementos el fiscal general solicitó ante el Congreso de Nayarit retirarle el fuero a los magistrados Pedro Antonio Enriquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y a los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Baldomero Zamora Rodríguez y Justino Rodríguez Barajas.
LAS PRUEBAS
El órgano investigador comprobó que el Poder Judicial del Estado pactó con el Infonavit para facilitarle la recuperación de 25 mil viviendas, sin que el acuerdo fuera presentado ante el pleno ni publicado en el Periódico Oficial del Estado, en detrimento de las normas y procedimientos judiciales y de los derechohabientes.
Los magistrados, que ya declararon ante el Ministerio Público, presentaron una solicitud de amparo que les fue denegada, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión en su contra.
La Fiscalía de Nayarit ordenó investigar otras faltas cometidas por servidores públicos, así como al Colegio de Notarios Públicos del Estado.
Las entidades donde las 60 mil viviendas habrían sido despojadas son Nayarit, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa.
Y cuatro Juzgados de Primera Instancia de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas fueron los que cometieron falsificación y expidieron sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit. Todas las escrituras se realizaron por un mismo notario público.
De acuerdo con las investigaciones los procedimientos jurídicos se efectuaron por medio del despacho externo Molrod, Silber y Asociados, y se presentaban a las judicaturas para que fueran desahogados con las firmas.
La PGR atrajo el caso e investiga si hay más funcionarios involucrados en otras entidades del país.
Mientras tanto la figura de Petronilo Díaz Ponce Medrano como ‘fiscal de hierro’ de Nayarit se ratifica.
Al cierre de esta edición se espera conocer la posición de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ante los dictámenes que salpicaron la corrupción del despojo más grande de casas de interés social en México.