Homologa Congreso delitos contra la orientación sexual e identidad de género.
El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas al Código Penal, que tipifica como delito cualquier práctica que atente contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, en particular las llamadas “terapias de conversión”.
La acción legislativa fue impulsada por la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien en su intervención hizo un llamado firme al respeto y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes integran la comunidad LGBTTTIQ+.
“La finalidad de esta reforma es materializar la protección a las personas de la comunidad, al sancionar aquellas prácticas crueles, inhumanas, o degradantes, que buscan anular o modificar su identidad o expresión de género”, señaló la legisladora.
La reforma introduce el Capítulo IV Ter al Título Duodécimo del Código Penal, bajo el nombre “Delitos contra la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género de las Personas”.
Se incorporó un nuevo capítulo en el marco legal: “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, porque en Tamaulipas la diversidad se defiende, no se castiga. “Esta iniciativa representa justicia y dignidad para todas aquellas personas que fueron reprimidas, silenciadas o heridas por el simple hecho de ser quienes son”, añadió.
En este capítulo se incluye el artículo 276 Octies, que impone penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs a quien imparta, obligue, financie o aplique terapias de conversión.
“Una reforma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con la cual prohibimos las mal llamadas “terapias de conversión” y tipificamos como delito cualquier acto que violente la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, dijo la legisladora.
Deándar Robinson subrayó que este dictamen fue resultado de un profundo consenso político y social, con la participación del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas.
También se llevaron a cabo consultas públicas con colectivos LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y profesionales en psicología, lo que dio como resultado un producto legislativo legitimado por la ciudadanía.
La reforma aumentará hasta una mitad del mínimo y máximo de la sanción cuando estas prácticas se realicen contra personas menores de edad, con discapacidad, adultos mayores o en contextos de poder o subordinación, como el ámbito familiar, médico o laboral.
“Con esta medida refrendamos el compromiso de construir una sociedad más justa y cercana, que reconozca, proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas”, concluyó la legisladora.
