Históricamente abandonados por el gobierno, habitantes de la región sur de Texas observan como el discurso oficial de seguridad transforma y moderniza con su millonaria inversión la zona mientras, a unos metros, las ‘colonias’ siguen sin agua potable y drenaje. Por José Réyez.
Pharr, Texas.
Mientras Estados Unidos invierte más de 170 mil millones de dólares en vigilancia fronteriza, a solo unos kilómetros de los nuevos muros y sensores, más de 188 mil personas viven sin agua potable, drenajes ni caminos pavimentados.
Las ‘colonias’, asentamientos olvidados en el sur de Texas, son la cara invisible de una política de seguridad que ignora la infraestructura humana.
La frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en los últimos meses en el escenario de una inversión pública sin precedentes.
Miles de millones de dólares se han destinado a tecnología de vigilancia, agentes y barreras físicas. Pero a la sombra de este aparato de seguridad, a veces a menos de una milla de distancia, existe un Estados Unidos paralelo: el de las colonias.
Estos asentamientos, legalmente formados pero prácticamente invisibles para los mapas de la inversión pública, concentran la paradoja más cruel del sueño americano en el siglo XXI.
Son comunidades de propietarios (con una tasa de propiedad del 79%, superior a la media nacional) que viven en casas que se deprecian como coches usados, beben agua con arsénico y se inundan cada vez que el Río Grande se desborda.
Un análisis exclusivo de Brookings, basado en datos de 2026, retrata una región donde el crecimiento demográfico y la pobreza persistente chocan sin que el Estado ofrezca una solución.
Un país dentro de otro país. A lo largo de los 3,300 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, se estima la existencia de unas 2,400 colonias, la gran mayoría se concentra en Texas (alrededor de 1,800, aunque algunas fuentes elevan la cifra a más de 2,000).
Sin embargo, el epicentro de esta crisis humanitaria se localiza en el sur del estado: el Valle del Río Grande, una región que comprende los condados de Hidalgo, Cameron, Willacy y Starr.
Aquí, en un territorio de 2.67 millones de habitantes (la segunda región metropolitana fronteriza más grande del país, solo superada por San Diego-Tijuana), residen aproximadamente 188,455 personas distribuidas en 1,200 colonias.
Esta población, abrumadoramente latina (93.3%) y notablemente joven (edad media de 30 años, frente a los 39 nacionales), debería ser el motor de una economía en auge.
Se espera que la población del Valle se duplique para 2045 y alberga tres de las 10 áreas metropolitanas con mayor proporción de empresas de propiedad latina. Sin embargo, el censo de 2020 dejó fuera al menos a medio millón de texanos. En el Valle del Río Grande, las tasas de autorrespuesta fueron inferiores al 50%, muy por debajo de la media nacional del 60%.
Esta subestimación no es un mero error estadístico: condena a estas comunidades a ser invisibles para las fórmulas de financiación federal.
FANGO Y ARSÉNICO
Vivir en el lodo, el arsénico y la propiedad engañosa en una colonia no es lo mismo que vivir en la pobreza rural tradicional. Los residentes de estas áreas enfrentan una paradoja habitacional brutal: poseen sus casas, pero no poseen un hogar digno.
Según el informe de Brookings, el ingreso familiar medio en estas colonias ronda los 45,252 dólares anuales. Esa cifra es 31,000 dólares menos que la media de Texas y 33,000 menos que la nacional.
La pobreza afecta al 27% de la población, y el desempleo (7.4%) duplica prácticamente la media estatal (4.3%).
Pero el dato más impactante es el educativo y financiero. El 37% de los adultos de las colonias carece de un diploma de escuela secundaria, y el acceso a la educación superior es una quimera: solo el 13.9% tiene una licenciatura, frente al 35% nacional.
Esta falta de formación se cruza con un mercado hipotecario depredador. Mientras que a nivel nacional, tres cuartas partes de los préstamos hipotecarios son convencionales, en las colonias solo la mitad lo son.
El 15% de los préstamos en estas áreas son para viviendas prefabricadas (casas móviles), que suelen financiarse como propiedad personal en lugar de bienes raíces.
Esto significa que, en lugar de generar plusvalía, las casas se deprecian como un automóvil, atrapando a las familias en un ciclo de pobreza intergeneracional.
Y luego está el agua. Una investigación de 2025 de la Universidad Texas A&M detectó uranio, níquel y arsénico en todas las muestras de agua recolectadas en 203 hogares de colonias.
Los residentes tenían niveles de arsénico en orina entre un 23% y un 27% más altos que los de poblaciones de comparación.
DENTRO DE LA ZONA DE DESASTRE
El riesgo de inundaciones no es menor. Si la falta de drenaje y agua potable define el día a día, la geografía define el destino. El análisis geoespacial del informe revela un mapa del terror: aproximadamente el 95% de las colonias están situadas en zonas propensas a inundaciones de 100 años.
A nivel nacional, solo el 5% de los estadounidenses vive en esas condiciones.
Peor aún: alrededor del 29% de las colonias (donde viven más de 80,000 personas) están ubicadas en áreas que se inundan cada cierto tiempo.
En marzo de 2025, la región sufrió una de sus peores inundaciones en décadas, con precipitaciones de hasta 21.5 pulgadas en el condado de Cameron. El Arroyo Colorado alcanzó su máximo histórico y las imágenes satelitales mostraron barrios enteros desapareciendo bajo el agua.
A esta vulnerabilidad natural se suma la contaminación industrial. El Valle del Río Grande alberga cuatro sitios Superfund de la EPA. El Embalse de Donna, rodeado de colonias, fue declarado sitio Superfund en 2008 debido a niveles récord de PCB (bifenilos policlorados) en los peces.
A pesar de ello, un estudio de 2015 reveló que pocos residentes sabían que vivían junto a un vertedero tóxico.
LA FRONTERA SANITARIA
Obesidad, diabetes y falta de médicos, así como la falta de infraestructura física tiene un correlato directo en la salud. El Valle del Río Grande es una de las regiones con mayor índice de obesidad del país.
McAllen ha sido coronada como la “ciudad con mayor sobrepeso” de Estados Unidos, con un 45% de adultos obesos y un 31% con sobrepeso.
Las cifras en las colonias son aún más crueles: la diabetes afecta al 19.6% de los residentes (frente al 12.1% nacional) y la presión arterial alta al 34.5%.
La razón no es solo cultural o dietética. Es estructural. La región tiene solo un médico por cada 862 residentes, más del doble de la ratio nacional. Cuatro de cada 10 residentes menores de 65 años no tienen seguro médico, una tasa tres veces superior a la nacional (9.7%).
Texas es uno de los 10 estados que se negó a expandir el Medicaid de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, dejando a miles de adultos de bajos ingresos sin ninguna cobertura.
LOS CONDENADOS DEL CENSO
¿Por qué el dinero no llega ¿Por qué, si el problema es tan evidente, no llegan las soluciones? El informe de Brookings señala un fallo sistémico que comienza con las palabras y termina en los umbrales burocráticos.
En 1990, la Ley Nacional de Vivienda Asequible definió legalmente las colonias, pero excluyó a las que se formaron después de esa fecha.
Hoy, cualquier comunidad que surgiera tras esa ley es, para el gobierno federal, un fantasma sin derecho a recibir fondos específicos.
Pero el cinismo burocrático va más allá. El fondo principal destinado a estas comunidades es el programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG).
Sin embargo, entre 2014 y 2023, el condado de Hidalgo (que alberga la mayor concentración de colonias) recibió solo 1.5 millones de dólares. El condado de Cameron recibió 2.65 millones.
En conjunto, durante una década, los dos núcleos duros de la pobreza fronteriza recibieron apenas 4.2 millones de dólares.
El problema no es que falte el dinero, sino que el sistema está diseñado para que no llegue. Para acceder a estos fondos, los gobiernos locales deben tener capacidad técnica para redactar proyectos, hacer estudios de ingeniería y competir a nivel estatal.
Las colonias, al ser áreas no incorporadas y con bases imponibles minúsculas, no pueden costear esa burocracia.
El resultado es brutal: Texas solo logró ejecutar el 38% de la asignación de fondos para colonias, la tasa más baja entre los cuatro estados fronterizos.
El riesgo de desaparecer… por crecer. Quizás la ironía más amarga de esta historia es que, si las colonias crecen y se desarrollan, pierden la financiación.
La norma federal excluye de los fondos CDBG a los condados con poblaciones superiores a 1 millón de habitantes. El condado de Hidalgo se acerca peligrosamente a ese límite.
La GAO estima que el 60% de las colonias podrían quedar excluidas del programa de retirada de tierras simplemente porque la región está creciendo.
Como señalan los autores del informe, Andrik González y Tonantzin Carmona, “estas reglas no reflejan la realidad: los condados de alta pobreza como Hidalgo y Cameron quedan efectivamente excluidos de la financiación a pesar de albergar a la mayoría de las comunidades de la colonia de Texas”.
UN PACTO OLVIDADO
Mientras los reflectores apuntan a los muros, las cámaras de vigilancia y los agentes, más de 180 mil personas viven en el Valle del Río Grande sin la certeza de que, al abrir el grifo, saldrá agua limpia; sin la seguridad de que una tormenta no arrasará su casa; y sin la esperanza de que un médico los atienda a menos de una hora de distancia.
Las colonias no son un accidente geográfico. Son el resultado de décadas de gobernanza fragmentada, definiciones legales obsoletas y una priorización de la seguridad por encima de la vida humana.
La paradoja final es que mientras el gobierno federal gasta 170 mil millones en contener a quienes cruzan la frontera, ignora a quienes ya están del lado de adentro.
Así, construyendo un muro exterior, han olvidado pavimentar las calles de su propio patio trasero.
