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Abandona Erick propiedades en Texas…

14 de febrero de 2015 por José Manuel Meza

En vísperas de arrancar el proceso federal electoral 2014-2015, una noticia desinfló las aspiraciones de uno de los cuadros más respetados dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar la diputación por el Distrito IV de Matamoros.
Erick Silva Santos, el presidente municipal que gobernó ese municipio durante 2008 y 2010, era el perfil idóneo para postularse por este cargo de elección popular, hasta que fue denunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que desde noviembre de 2013 lo investigaba por varios delitos, entre ellos el de “lavado de dinero” vinculado a “sobornos” de grupos delictivos.
Detrás de las acusaciones se encuentra el procurador federal Kenneth Magidson, quien ha acarreado fama en México por abrir investigaciones a ex funcionarios priistas, entre ellos Héctor Javier Villarreal, titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila y el ex secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas, Homero De la Garza Tamez.
Después de ocupar las planas de los periódicos y diversos espacios en medios locales, regionales y nacionales, Silva Santos salió para defenderse, al mismo tiempo que alegó “guerra sucia” y “linchamiento político” en su contra y del PRI.
El ex munícipe negó estar implicado en lavado de dinero, sobornos y fraudes bancarios, así como ser dueño de condominios de lujo y fondos millonarios en paraísos fiscales. Señaló que su patrimonio es legítimo y que son mentiras los crímenes que se le fincaron, entre ellos tener departamentos en la
Isla del Padre.
En rueda de prensa, que el 20 de noviembre apareció publicada en el sitio de Internet de Hora Cero, Silva Santos dijo lo siguiente:
“Quiero decirles que cuando fui presidente municipal de Matamoros nunca usé mi poder para hacer el mal, ni incluso a mis detractores políticos y mi único pecado ha sido gobernar para los pobres y hace unos días vi información tendenciosa, mezquina y totalmente falsa”.
No obstante, en los Tiki Vacation Condominiums –situados en el número 6608, al norte de Del Padre Boulevard en la Isla del Padre–, sí conocen al ex alcalde de Matamoros y son los mismos empleados los que no solamente afirman que Silva Santos adquirió un departamento a la orilla del mar, sino que también lo puso a la venta, coincidentemente cuando el gobierno federal estadounidense ya lo estaba investigando.
“El tenía un condominio aquí, pero ya lo vendió. De eso ya tiene unos meses, aproximadamente a mediados del año pasado.
“El no lo vendió a nuestra empresa, sino que directamente lo trató con otro particular. Ellos (vendedor y comprador) lo hicieron con un realtor (corredor de bienes raíces)”, dijo una fuente a condición de anonimato.
Por su parte, otra de las personas del mismo lugar que trataron con Silva Santos, señaló que el valor de los condominios es variable, pero oscilan entre los 70 mil a 200 mil dólares (de uno y tres millones de pesos).
Están equipados con todas las comodidades de un departamento de playa, con alberca y vista al mar. Ambas entrevistadas mencionaron que las viviendas se encuentran a la venta del público sin importar de qué nacionalidad sea y que tampoco investigan la procedencia del dinero de sus clientes.

UN EXCLUSIVO LUGAR
Cabe señalar que entre las propiedades que fueron investigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos –y que se le adjudican a este ex funcionario público–, existe otro departamento en la
Isla del Padre, el cual igualmente se encuentra a unos pasos de la playa, en el sector más exclusivo de este paradisiaco destino turístico.
Se ubica en el lujoso complejo de las Torres Sapphire, en el 310 de Del Padre Boulevard, con un valor que supera los 850 mil dólares (cercano a los 13 millones de pesos).
La administradora del lugar, Kimberly Dollar, señaló que no está autorizada a informar sobre la identidad de los 230 propietarios que tienen una residencia aquí “porque son privadas”. De la misma manera negó que hayan registrado una visita del Departamento de Justicia y que, en caso de investigaciones federales, el gobierno las verifica directamente con los bancos.
Dollar especificó que cada dueño tiene su propia compañía hipotecaria, aunque los clientes también tienen la opción de comprar una propiedad de manera directa.
La entrevistada negó que las Torres Sapphire pudieran resultar perjudicadas por el caso de Silva Santos, pues considera que “la principal afectada sería la persona sobre la cual pesan las denuncias”. Agregó que el complejo es cinco estrellas y que nadie está por encima de la compañía:
“Todo lo que hacemos es legal, y en caso de que esta persona haya cometido un crimen nosotros no intervendríamos”, afirmó (sin encartar ni descartar que Silva Santos haya aparecido entre la lista de dueños).
Kimberly Dollar destacó que actualmente tienen 14 condominios que están siendo financiados y los valores van desde los 475 mil dólares a un millón de dólares.

EN BROWNSVILLE TAMBIeN…
Al ex presidente municipal de Matamoros se le atribuyen además un par de casas en Brownsville, una de las cuales, admitió que sí le pertenece y que compró con el esfuerzo de su trabajo.
Se trata de una residencia localizada en el número 57 de la calle Creekbend, la cual luce abandonada y con los focos prendidos. Los vecinos refieren no conocer al dueño de esta propiedad (de una planta y en cuyo patio trasero se sitúa un lago) y que siempre está sola.
Uno más de los domicilios que están siendo examinados es el 3879 de la calle Bridge Trail en la misma ciudad, pero el acceso al sector se encuentra bloqueado y no fue posible comprobar la ubicación exacta.

LAS ACUSACIONES
En el sitio de internet del Southern District Of Texas del Departamento de Justicia, aparece el proceso que fue abierto contra Silva Santos, y en el que interviene el mismo fiscal Magidson, así como Janice Ayala, agente especial a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y Lucy Cruz, agente del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
“La acusación formal fue emitida bajo sello en julio de 2014 en Brownsville después de un año de averiguaciones”, dice el documento.
El documento incluso, establece que su salario anual aproximado como alcalde fue 100 mil dólares estadounidenses (cerca de un millón y medio de pesos), dando a entender que difícilmente el ex edil podría haber tenido recursos propios para adquirir las residencias en mención.
Y agrega que no solamente empleó varios esquemas para “malversar contribuciones de campaña y aceptar sobornos”, sino que también “defraudó al municipio de Matamoros con fondos públicos, transfiriéndolos a cuentas bancarias de Estados Unidos”, así como asimismo lo acusa de “invertir en certificados de depósitos en Las Bermudas”.
Aunque no menciona el número de expediente, el escrito establece que “existe una orden judicial pendiente para el arresto de Silva Santos” y proporciona dos números telefónicos (uno en la Unión Americana y otro en México) pidiendo que cualquier persona que conozca de su paradero lo denuncie.
De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia, de comprobarse su culpabilidad el ex alcalde de Matamoros “podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal y una condena por fraude bancario que conlleva una sentencia de hasta 30 años”.
Asimismo “la acusación también incluye un aviso de confiscación”, e indica que “algunos de los activos identificados ya han sido incautados” por el gobierno del vecino país, incluida “una residencia en Brownsville y una anualidad en Las Bermudas por 2.8 millones de dólares”.
Se solicitó una entrevista con el Procurador Federal en Houston, Kenneth Magidson, para profundizar sobre este tema, pero al cierre de esta edición no ha habido respuesta.
Lo cierto es que a raíz que fue dado a conocer este caso, el ex edil no ha sido visto en Texas y sólo ha tenido puntuales apariciones ante la prensa mexicana. Recientemente señaló que un bufete de abogados es el que trabaja en su defensa.
Por esto mismo Silva Santos, quien reconoce que dichas acusaciones lo han desprestigiado, devastando a su familia (esposa, hijas y padres), tendrá ahora que probar su completa inocencia.

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