Las recientes redadas de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), amplificadas por los mensajes claros del presidente Donald Trump y su gabinete de seguridad nacional sobre una aplicación más agresiva de las leyes de migración del vecino del norte, han reavivado el debate polarizado sobre la política migratoria en Estados Unidos, donde actualmente viven aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados.
Si bien la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias son fundamentales para la soberanía nacional, la conversación debe ir más allá de tácticas basadas en el miedo y avanzar hacia una reforma migratoria integral, ya que es claro y evidente que la economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra migrante.
Los trabajadores migrantes, tanto documentados como indocumentados, son la columna vertebral de industrias que mantienen en marcha a Estados Unidos. En la agricultura, trabajan arduamente en los campos millones de mexicanos bajo condiciones extenuantes para cosechar los cultivos que llenan los estantes de los supermercados. Según reportes del Departamento de Agricultura de E.U.A., en el país laboran 2.6 millones de personas en los campos agrícolas, de los cuales, el 73% (1,898,000 trabajadores) es de origen hispano y un 25% (650,000 trabajadores) es blanco; el porcentaje restante corresponde a otras razas o etnias.
En ese mismo sentido, un 47%, el equivalente a 1,222,000 trabajadores agrícolas, son indocumentados; el 18%, es decir, 468,000 trabajadores, son no ciudadanos con autorización de trabajo; y el 34%, 884,000 trabajadores, son ciudadanos norteamericanos.
Otro dato importante que hay que resaltar es que el rubro agroalimentario y las industrias relacionadas contribuyen con 1.537 billones de dólares, que representan el 5.5% del PIB de los Estados Unidos. Así de importante es la contribución de las manos migrantes al sector primario de la economía “gringa”, que en 2024 cerró con un producto interno bruto de 28.5 billones de dólares.
El país es el tercer productor agroalimentario del mundo, después de China y la India, respectivamente; pero tiene el título de ser el principal exportador de esos productos en el mundo, con un valor de exportaciones en 2023 de 195 mil millones de dólares. Sus principales productos de exportación son la soya, el maíz, el trigo, los frutos secos y las carnes. La gran ironía es que México, el país que más “exporta” migrantes que trabajan legal e ilegalmente en los campos agrícolas “gringos”, es el principal comprador de productos agroalimentarios de su vecino del norte, con un valor total de 30 mil millones de dólares anuales. Le siguen Canadá, China, la Unión Europea y Japón.
Esos datos son sin duda contundentes y demuestran el papel crucial que juegan los hispanos y la comunidad migrante, legal e indocumentada, en garantizar la seguridad alimentaria de los norteamericanos y sus socios comerciales a nivel mundial, incluido México. Sin su trabajo, los cultivos se pudrirían, el producto interno bruto estadounidense caería en recesión, las cadenas de suministro colapsarían y los precios de los alimentos se dispararían, afectando a todos los hogares estadounidenses con una terrible inflación en el sector primario de la economía.
Otro de los sectores donde participan activamente las manos migrantes, y que ha sido fuertemente golpeado por las redadas del ICE, es la construcción, donde las manos hispanas edifican viviendas, infraestructura y proyectos comerciales que impulsan el crecimiento económico. Según estimaciones del American Immigration Council, un 13.7%, es decir, 1,137,100 trabajadores, son migrantes indocumentados.
En ese rubro, se estima que Estados Unidos tiene un déficit de construcción de 3.7 millones de casas, lo cual, junto con el alza en los materiales, ha hecho que los precios de las unidades residenciales hayan subido en los últimos años post pandemia. Además, según datos oficiales, en el país hay 8.3 millones de personas trabajando en el sector de la construcción residencial y comercial, un sector que, según el U.S. Bureau of Labor Statistics, actualmente requiere 250 mil trabajadores adicionales.
En el mismo orden está el sector de la hostelería y el turismo, que emplea a 15 millones de personas y cuya aportación al Producto Interno Bruto (PIB), del país es de 700 mil millones de dólares. En esa actividad, según estimaciones del American Immigration Council, poco más de 1 millón de trabajadores inmigrantes indocumentados limpian habitaciones de hotel, preparan alimentos y brindan servicios que sostienen economías regionales enteras.
Estos, sin duda, no son empleos que los trabajadores nacidos en los Estados Unidos estén ansiosos por ocupar, no por pereza, sino por las dinámicas del mercado laboral: bajos salarios, condiciones exigentes y falta de solicitantes. Las consecuencias económicas, sin duda, de las deportaciones masivas y las redadas en lugares de trabajo son profundas y de gran alcance.
Estados Unidos necesita con urgencia una reforma migratoria integral y pragmática con un enfoque equilibrado que asegure las fronteras, mantenga el estado de derecho y reconozca las contribuciones indispensables de los inmigrantes.
Dicha reforma debería incluir una vía hacia un estatus legal para los trabajadores indocumentados que se portan bien, no son criminales y contribuyen a la sociedad, especialmente en industrias clave como la agricultura, la construcción y la hostelería.
Y aunque la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley son esenciales en todo estado de derecho, la aplicación agresiva sin reforma es cruel y contraproducente. Es momento de superar la retórica divisiva entre demócratas y republicanos y trabajar hacia una solución bipartidista que respete la ley y valore las contribuciones de los inmigrantes, ofreciendo vías legales para trabajadores esenciales, fortaleciendo las fronteras de manera humana y asegurando la prosperidad nacional.
