El Congreso de México aprobó, luego de un proceso legislativo en discusión de más de dos años, una ley que impedirá a las empresas congelar por la vía del amparo las órdenes del Poder Ejecutivo y seguir operando, mientras la justicia resuelve la disputa entre las partes.
Esta nueva Ley de Amparo cayó como un balde de agua fría entre el sector privado, porque sin duda pierde una de las herramientas de defensa más socorridas ante una eventual decisión arbitraria de las autoridades.
Es que hasta hoy las empresas privadas podían reclamar la suspensión de una orden oficial en medio de un litigio. Pero a partir de la fecha, las concesionarias en sectores como telecomunicaciones, energía o minas, van a estar impedidas de hacerlo cuando se considere que afecta al interés social.
Y ahí el criterio abrirá un amplio margen de discrecionalidad. Abrirá también la posibilidad de que se ejecuten actos de poder sin que el Poder Judicial otorgue el tan famoso recurso del amparo.
Este derecho cambia diametralmente en temas tan relevantes como la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de la autoridad y de particulares en caso de violación a los derechos consagrados tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales suscritos por México.
Sabemos que frecuentemente empresas en México han abusado de esta figura, conocida como suspensión judicial. Y han seguido operando mientras se desarrollan los litigios, que pueden durar años.
La nueva ley pone fin a los abusos cometidos por algunos sectores empresariales que han convertido al amparo en su artimaña favorita.
Es una de las reformas más importantes para restablecer el interés público en los litigios contra concesionarios de bienes nacionales.
Pero en estas aristas y caras de la moneda, el empresariado sostiene que quitar el amparo afecta la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas.
Incluso lo han llegado a calificar de un acto de autoridad arbitrario que puede provocar la quiebra de alguna empresa.
Sin embargo, no solo el tema de los empresarios esta incluido. La nueva Ley favorecerá al 50 por ciento de los contribuyentes que denuncian ante tribunales, los cuales concentran 60 por ciento de las defensas en contra de la Secretaría de Finanzas y 40 por ciento contra el Servicio de Administración Tributaria.
Así, la ley le da un manotazo a los grandes empresarios y abre la puerta a la posible defensa de nosotros los de a pie ante ese monstruo recaudador, llamado Hacienda.
