Querido lector, querida lectora.
Lo que comenzó en las conferencias de prensa matutinas como un ejercicio para renombrar la realidad —donde una refinería es un “centro de procesamiento”, un descarrilamiento ferroviario es “un movimiento de lugar” y la inundación de una línea del Metro es un “ingreso del agua del exterior”— ha evolucionado. El diseño de la narrativa oficial al parecer buscaba un objetivo mucho más ambicioso: la administración de la verdad legal en los medios de comunicación.
La puesta en consulta del anteproyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitido por Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), confirma esta ruta de intervención.
El Artículo 12 de dicha propuesta impone a los concesionarios de radio y televisión la obligación de
adoptar medidas para evitar la difusión de información “falsa o descontextualizada”.
Sin embargo, el problema fundamental no radica en la búsqueda de la veracidad, sino en la naturaleza del órgano encargado de calificarla: la CRT carece de autonomía constitucional y opera como un apéndice desconcentrado supeditado a los intereses del Poder Ejecutivo.
Para evaluar el escenario actual, es pertinente recurrir a la lógica que la propia autoridad pretende imponer a los medios: separar de forma estricta los hechos de las opiniones.
Es un hecho que durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional (la “Mañanera del Pueblo”) Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de Presidencia, explicó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias y señaló textualmente: “Porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera, verificada”, encuadrándose a sí misma y a la ciudadanía dentro de este derecho colectivo al información (Infobae).
En mi opinión, equiparar el peso de un ciudadano común con el poder punitivo del Estado es una falacia jurídica. Cuando un gobernante asume el rol de “audiencia que se queja”, no recurre a los canales administrativos ordinarios; utiliza el aparato público para señalar contenidos críticos ante un
comisionado de la CRT que depende directamente de su organigrama. La propuesta, no obstante, contiene elementos de indudable valor social:
Es un hecho que los Artículos 14 y 16 del anteproyecto imponen a los canales de televisión de mayor audiencia la obligación estricta de incorporar subtitulaje oculto y la interpretación en Lengua de Señas Mexicana en sus noticiarios y barras infantiles.
En mi opinión, este es el único acierto genuino de la propuesta. Se trata de un avance histórico e indispensable para los derechos humanos y la inclusión de las audiencias con discapacidad auditiva. Sin embargo, resulta profundamente lamentable que una causa social tan noble y legítima ni se mencione por lo apabullante del resto de los lineamientos.
El anteproyecto revive en la práctica la figura clásica del Soberano Absoluto (legibus solutus): la autoridad que posee la facultad de dictar normas draconianas para sus gobernados mientras se declara exenta de cumplirlas. La asimetría del marco normativo es explícita en su diseño:
Es un hecho que el Artículo 1 de los lineamientos acota su obligatoriedad exclusivamente a las concesionarias tradicionales de radio y televisión, dejando fuera del alcance de la CRT a las transmisiones oficiales por internet y redes sociales, tal como lo puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar que la Mañanera no será regulada por este marco.
En mi opinión, esta exclusión de origen perpetúa un doble estándar insostenible. Mientras que en la Mañanera se utilizan recursos del Estado para descalificar a los críticos o exponer a ciudadanos que piensan diferente, los medios tradicionales enfrentan la amenaza de multas que alcanzan hasta
el 1% de sus ingresos acumulables si se determina de forma discrecional que su cobertura fue sesgada. La contradicción más profunda ocurre cuando el propio poder incurre activamente
en las prácticas que quiere imponer:
Es un hecho que, para legitimar esta polémica norma ante los ciudadanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum proyectó en su conferencia matutina un fragmento de video editado de hace más de dos décadas (del antiguo CNI Canal 40), omitiendo deliberadamente la información completa y el desenlace de la discusión para simular que los propios periodistas aseguran que todos
los medios mienten.
En mi opinión, este recurso es el retrato de la asimetría institucional que estamos viviendo. Resulta profundamente cínico que el Ejecutivo Federal intente convencer a la opinión pública sobre la necesidad de una ley contra las “descontextualizaciones” valiéndose, precisamente, de un material
recortado y descontextualizado y del cual nadie se podría quejar, convirtiéndose esto en la prueba más contundente del verdadero alcance del proyecto: la verdad oficial no busca ser veraz, solo busca el derecho absoluto de describir de otra forma la realidad.
Al final, tanto drama burocrático y debate legal para que al final la propia Presidenta Sheinbaum declarara que si a alguien no le gustaba la Mañanera, simplemente no la viera y ya. El remedio no requiere multas ni supervisión, sino usar el control remoto, cambiarle de canal y sanseacabó, pero bueno, esa es mi opinión.
