Uno de los temas que ha regido la agenda política nacional en las últimas dos semanas han sido las polémicas declaraciones de la senadora morenista por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, mismas que fueron vertidas después de que el medio noticioso LatinUs, diera a conocer el pasado 19 de marzo la propaganda personalizada que está llevando a cabo la senadora Chávez en su Estado mediante el uso de lo que denomina Caravanas de Salud.
Dicho medio informativo (LatinUs) dentro del reportaje que dio a conocer, señaló que las unidades médicas utilizadas para esta caravana son propiedad de una empresa denominada FMedical. Cuestionada por dicho artículo, la senadora Chávez manifestó que efectivamente conocía al empresario dueño de dichas unidades y aceptó utilizar recursos privados para las caravanas.
A estas declaraciones, no se hicieron esperar reacciones, desde personajes públicos afines al movimiento al grado de llegar a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero de todo esto que usted acaba de leer y de lo cual posiblemente ya esté más que enterado, en lo personal, la declaración que llamó mi atención, fue precisamente la de la presidenta Sheinbaum.
La presidenta señaló (y ya en varias mañaneras) que dirigiría una carta a la presidencia del partido, para el efecto de, entre otras cosas, fije las reglas de cara a las elecciones del 2027 que contemplen que no se pueden realizar actos anticipados de campaña.
Pero, presidenta, espere. ¿Qué tal si mejor de pedir que su partido fije reglas para definir los tiempos electorales de sus militantes o para que no hagan proselitismo anticipado, les pide mejor que se aseguren de cumplir la ley y ya?, para ello existe un marco normativo de carácter constitucional, legal y reglamentario que rige tanto el ámbito federal como local. Es decir, solo es cuestión de que se respete la ley, siendo los servidores públicos los primeros que están obligados a hacerlo.
Al final, el relevo generacional del que tanto presumió el ex presidente López Obrador, parece estar olvidando una de sus máximas principales, la separación del poder público del poder económico.
