Querido lector, querida lectora.
Para cuando esta columna se publique ya estaremos transitando el último cuatrimestre del año, ya habrá pasado el primer informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, la Nueva Corte estará en funciones y esos sucesos, serán tratados en su oportunidad en esta columna. Pero como siempre, en un país que políticamente se encuentra revolucionando a mil por hora un día sí, y el otro también, hay otro tema que no podemos dejar de lado, que es la reforma electoral, ya propuesta en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada en acción por la actual presidenta.
El 4 de agosto se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. En teoría, un espacio para diseñar cambios institucionales. En los hechos, un comité cerrado compuesto exclusivamente por figuras leales al obradorismo y al nuevo gobierno.
Los nombres lo dicen todo:
-Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión, político veterano sin perfil técnico electoral.
-Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, con rol clave en la operación política.
-Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, recordada por blindar iniciativas de Morena.
-Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial del anterior y del actual gobierno.
-Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, heredero de una dinastía política.
-Arturo Zaldívar, ex ministro convertido en coordinador de Política y Gobierno, hoy pieza del Ejecutivo.
-José Antonio Peña Merino, tecnócrata que dará el barniz digital y de “modernización”.
¿Pluralidad? Ninguna. ¿Oposición? Excluida. ¿Academia o sociedad civil? Ausentes.
¿El INE? En la esquina.
El Instituto Nacional Electoral, encabezado por Guadalupe Taddei, apenas ha logrado ser invitado como “asesor técnico” en mesas de trabajo. Es decir, puede opinar, pero no decide. El árbitro electoral reducido a espectador en la discusión que definirá su futuro.
¿En qué consiste la reforma?
1. Reducir o eliminar la representación proporcional (plurinominales), bajo el argumento de eficiencia, cuando en realidad socava el pluralismo legislativo.
2. Recorte de financiamiento público a partidos, sin mecanismos de equidad, lo que favorecería al partido en el poder.
3. Modificar las formas de votación y participación ciudadana, bajo justificación tecnológica o de modernización, mientras se reduce el espacio de interlocución con actores independientes.
Los foros y encuestas anunciados como instrumentos de consulta parecen más bien maquillaje democrático sin poder real de decisión.
El problema no es la idea de reformar —toda democracia necesita ajustes—, sino el modo autoritario en que se pretende hacer: sin contrapesos, sin voces críticas y con el Ejecutivo convertido en juez y parte, que lo único que asegura es que las nuevas reglas del juego electoral serán un traje hecho a la medida de los que hoy están en el poder.
