Querido lector, querida lectora.
En este México nuestro, donde la agenda pública cambia más rápido que la conversación de sobremesa y la soberanía nacional está a la orden del día, hoy nos encontramos con el llamado caso Chihuahua: agentes de la CIA fallecidos en la sierra, acompañados por el director de la Agencia Estatal de Investigación y un elemento del Ministerio Público, tras un operativo en el que, se dice, participaron en la destrucción de un laboratorio clandestino.
Advierto desde ahora: no haré una crónica de los hechos. Entre versiones encontradas, filtraciones a medias y silencios convenientes, todavía no hay claridad suficiente sobre qué ocurrió realmente en la sierra de Morelos, Chihuahua. Pero hay algo de lo que sí se puede hablar con certeza: de lo que jurídicamente no ocurrió, aunque muchos ya lo hayan sentenciado en redes sociales.
Porque, como ya es costumbre, las plataformas digitales asumieron su papel de tribunal supremo de la vida pública. En cuestión de horas hubo veredictos para todos los gustos: desde quienes justificaban el operativo bajo el argumento de que el fin —la destrucción del laboratorio— lo ameritaba, hasta quienes exigían juicio político y acusaciones por traición a la patria contra la gobernadora chihuahuense.
El verdadero problema vino después, cuando esa indignación digital encontró eco en el discurso político. Desde el oficialismo se afirmó que lo ocurrido encuadra en el delito de traición a la patria. Así, sin escalas. Y con ello, la discusión dejó de ser jurídica para convertirse en una competencia de quién acusa más fuerte y más rápido.
Y aquí conviene hacer algo que rara vez da popularidad, pero sí da claridad: ir a la ley. La traición a la patria es la acusación más grave que puede hacerse contra un servidor público, y por eso mismo exige precisión. El artículo 123 del Código Penal Federal es claro al establecer que este delito implica actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero; participación en actos bélicos bajo órdenes de otro Estado; facilitar una invasión o solicitar intervención extranjera.
Nada de eso aparece, en los hechos que se le atribuyen a la gobernadora de Chihuahua. Podrá discutirse si hubo omisiones, errores de coordinación o incluso violaciones serias a la Ley de Seguridad Nacional. Pero eso es una cosa. Y la traición a la patria es otra muy distinta. Mezclarlas no fortalece la justicia; la debilita. Y ojo: esto no es una defensa de persona alguna. Es, o debería ser, una defensa del mínimo rigor que se le exige a quien ocupa un cargo público.
El fondo de esta columna es la ligereza con la que en este país se usan palabras que deberían pesar toneladas. “Traición a la patria” se pronuncia hoy con la misma facilidad con la que se escribe un tuit, como si fuera una etiqueta más y no una figura jurídica que, en cualquier Estado serio, implica consecuencias extraordinarias. Cuando a todo se le pone la etiqueta de traición, corremos el peligro de que ya nada lo sea… Y en ese juego, el ciudadano queda atrapado entre narrativas que compiten por indignarse más fuerte, no por explicar mejor.
Y mientras todo esto ocurre, hay otra historia que apenas empieza a asomarse. Un gran jurado en Estados Unidos ha presentado acusaciones formales por asociación delictuosa contra el gobernador (ahora con licencia) de Sinaloa, y otros nueve políticos. Esa, por cierto, es otra conversación… aunque probablemente también termine reducida a consignas antes que a análisis. Porque al final, más allá de nombres, partidos o coyunturas, lo que está en juego no es una gobernadora o gobernador ni un escándalo más en la agenda nacional. Es algo mucho más elemental: si en México todavía somos capaces de distinguir entre lo que es ilegal, lo que es incorrecto… y lo que simplemente es políticamente incómodo. Nuestro México convulsionado.
