Como coloquialmente se dice, faltan “5 minutos” para que se lleven a cabo las inéditas elecciones para que por voto popular se elija a Ministros de la Corte, Magistrados y Jueces y todavía se están presentando inconsistencias entre los candidatos y candidatas postulados para participar en dichos cargos.
Fue durante las últimas dos semanas de abril y la primera semana de mayo, en las que varios medios de comunicación de circulación o alcance nacional, empezaron a dar cuenta que los presidentes del Congreso de la Union, Gerardo Fernández Noroña por el Senado, y Sergio Gutiérrez Luna por Diputados, habían solicitado al Instituto Nacional Electoral que procediera a la cancelación de 26 candidaturas por no cumplir con los requisitos de idoneidad, estas omisiones iban desde elegibilidad básica como tener 8 de promedio en las boletas universitarias, a casos más graves como señalamientos de abuso sexual, agresiones, ser deudores alimentarios, o por haber actuado como defensores de personas que cometieron delitos del orden federal.
De primera instancia, el Instituto Nacional Electoral se había negado a dar de baja a los participantes que no cumplieran con los requisitos de elección, ya que en estricto sentido, el artículo 96 constitucional, (palabras más, palabras menos), establece que son los comités de evaluación de cada poder de la Unión, no el INE, quienes debieron revisar la idoneidad y elegibilidad de los candidatos.
Aún cuando no se han dado a conocer de forma oficial los nombres de los postulantes sujetos a escrutinio, se han filtrado algunos nombres de los cuales no daré cuenta por no ser yo quien de máxima publicidad, ya sea a favor o en contra de algún candidato, pero basta que ponga en el motor de búsqueda de su elección las palabras “candidatos poder judicial ine noticias”, y ahí encontrará las notas publicadas en medios electrónicos con la información que en esta columna refiero.
Después de todo, y como señalé anteriormente, tras haber rechazado bajar a los aspirantes en las situaciones ya mencionadas, el Instituto Nacional Electoral, emitió un acuerdo (INE/CG382/2025), en el que establece que sí revisará las candidaturas pero dentro del ámbito de competencia. Este acuerdo establece que “si bien es cierto que la autoridad electoral no intervino en el proceso de registro de candidaturas, sin embargo, es la encargada de calificar la elección y declarar la validez de la elección, segundo momento en el que debe realizarse el análisis que por esta vía se instrumenta, para garantizar el cumplimiento del requisito constitucional aplicable para todos los cargos de elección popular”.
Al final, no va a quedar más que esperar pacientemente los resultados de la elección, ya que no habrá conteos rápidos ni Programa de Resultados Preliminares, y el propio acuerdo del Instituto Nacional Electoral, establece que tendrán hasta el 15 de junio de 2025 para emitir una resolución respecto de las candidaturas que se vean inmersas en alguna situación no favorable.
