Han pasado casi dos meses del descubrimiento de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas (6 de abril) -donde fueron sepultados 183 cuerpos-, con raquítica información de los gobiernos estatal y federal sobre su identificación. Y aún peor: hay claros indicios que en esa cifra se encuentren migrantes mexicanos.
En este lapso, con la totalidad de las pruebas de ADN realizadas a los cadáveres que fueron llevados del Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros a la Ciudad de México, el número de personas identificadas se cuentan con los dedos de las manos.
¿Ineficiencia o complicidad de las instituciones para no hacer un escándalo mayor que el de agosto de 2010? En ese mes el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue duramente criticado por la matanza de 72 migrantes de Centro y Sudamérica encontrados fusilados en un rancho de San Fernando.
Organismos internacionales de Derechos Humanos y los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador pusieron el dedo en la yaga sobre las garantías que México brinda a las personas que cruzan territorio nacional, como indocumentados, con destino final a Estados Unidos.
Como respuesta a las críticas externas e internas, Calderón Hinojosa tomó la decisión de retirar de su cargo a la entonces directora del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, pero meses después la premió al asumir la secretaría general del gobernante Partido Acción Nacional, cuando para muchos debería estar en la cárcel.
La encuerada que los hechos de San Fernando el año pasado dieron al gobierno calderonista, hizo suponer que el presidente haría profundos cambios en el INM para que los trágicos sucesos no se volvieran a repetir. Pero sucedió lo peor.
En abril del 2011, miércoles 6 para ser exactos, se dio a conocer la noticia de los primeros cincuenta y tantos cuerpos encontrados en varias fosas clandestinas en un rancho, otra vez de San Fernando, un municipio de Tamaulipas por donde obligadamente transitan autos particulares y autobuses de pasajeros con destino a las fronterizas ciudades de Matamoros o Reynosa, a la orilla del Río Bravo.
Semanas antes, en la última quincena de marzo, empezaron a escucharse rumores de que desaparecían autobuses con todo y sus pasajeros. Pero esa versión fue modificándose conforme pasaron los días, con resultados igual o peor de trágicos, y silencios absurdos.
Por situaciones que se desconocen pero que tienen que ver con amenazas y miedos, los gerentes de líneas de autobuses no denunciaron que durante varios días eran bajados, a la fuerza y frente a los ojos de los choferes, algunos pasajeros cuando llegaban a la central de San Fernando, sin importar la luz del día o la oscuridad de la noche.
Hombres armados tocaban a las puertas de los autobuses, pedían la lista de los pasajeros y preguntaban su procedencia. Y escogían a los que venían de Michoacán, Querétaro, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo y Morelos, otras entidades del centro-sur del país.
Finalizado el operativo de semivaciar la unidad, el chofer ponía en marcha el motor con destino final las centrales de autobuses de Matamoros y Reynosa, adonde llegaban asientos sin ocupantes y maletas sin dueños.
Todo indica que entre los 183 cuerpos localizados en casi 40 fosas clandestinas de San Fernando hay migrantes mexicanos, inocentes y ajenos a las revanchas con sangre de dos grupos armados en Tamaulipas, como a la guerra desatada contra ellos por el gobierno federal.
Pero de manera sospechosa hay tardanza oficial en la identificación de los cadáveres. Apenas tres hombres originarios de Hidalgo, dedicados a la compra de refacciones; otro de Matamoros, desaparecido cuando regresaba de Querétaro donde vendió un auto nacionalizado, dos de Tlaxcala y otros dos de Guanajuato.
Pero la Procuraduría General de la República, en los casos de Guanajuato, no sido más específica, al menos a qué se dedicaban y cuál era el motivo de su viaje hacia la frontera norte de México.
¿Qué motivos tiene el gobierno de Calderón Hinojosa para admitir que también en nuestro territorio se asesinan a migrantes mexicanos que huyen de la pobreza?
¿Por qué esconder que entre los 183 cuerpos de San Fernando hay compatriotas que buscaba un mejor futuro en Estados Unidos y terminaron muertos?
Se habla de que la Procuraduría de Tamaulipas mandó a laboratorios casi dos mil muestras de sangre para las pruebas de ADN, realizadas solamente a familiares de desaparecidos en Matamoros y Reynosa.
¿Y si se encontraron 183 cadáveres en San Fernando, dónde estarán enterrados los demás para sumar las casi dos mil denuncias de gente extraviada?
¿Por qué fue más rápida la identificación de los 72 cuerpos de San Fernando en agosto de 2010? ¿Sería porque se trataba de migrantes de Centro y Sudamérica?
Seguramente a Calderón Hinojosa, a casi un año de las elecciones para la presidencia, no le conviene que la prensa internacional vaya a titular en sus páginas y en los noticieros: “México también mata a sus propios migrantes por falta de mejores oportunidades de vida”.
Ya pasaron casi dos meses del descubrimiento del segundo hecho trágico en San Fernando… y las esperanzas de los familiares de encontrar a sus desaparecidos (decenas de migrantes mexicanos) se esfumarán cuando se comiencen a arrancar las primeras hojas del calendario electoral.
Con el PAN, Calderón Hinojosa y todo el presupuesto dispuestos a retener la presidencia de la República. Ya verán.
Twitter: @hhjimenez
