Querido lector, querida lectora:
Al parecer y en mi opinión, entre más se acerquen las elecciones de 2027, más difícil se pondrá comunicar. No es una sospecha al aire; es el resultado de ver cómo se acumulan las señales.
La primera alerta seria ocurrió cuando la autoridad intentó regular las llamadas fake news en la radio y la televisión. En el borrador de los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, el polémico Artículo 12 prohibía textualmente “difundir información falsa” y obligaba a no “presentar como noticias hechos falsos o exagerados”. La ola de rechazo fue inmediata. Todo el mundo se preguntó: ¿quién va a tener el superpoder de decidir qué es “falso” o qué está “exagerado”? Así que la autoridad tuvo que dar marcha atrás y borrar esa regla antes de aprobar el texto definitivo.
Después fue el INE quien activó otra alarma al aprobar una fórmula para monitorear las campañas electorales. Crearon la “Variable 14”, que buscaba registrar cinco formas indirectas de descalificar a un candidato: la ironía, la minimización, la infantilización, el cuestionamiento de su legitimidad y la asociación negativa. La intención parecía buena, porque hay ataques que no necesitan un insulto directo para hacer daño, y la medida ni siquiera castigaba a nadie. Aún así, el Tribunal Electoral la canceló por unanimidad. ¿El motivo? Nuevamente la ambigüedad: no había forma objetiva de separar una crítica válida de una descalificación; todo dependía del criterio de quien analizara el programa.
Ahora el balón está en el Congreso, donde avanzan dos reformas que la gente ya bautizó como la “Ley Meme”. Vale la pena entenderlas por separado para no confundirnos.
La primera está en el Senado y forma parte de un paquete contra la piratería enviado por la presidenta. Propone hasta siete años de prisión a quien copie o imite, a escala comercial, los logotipos o la identidad gráfica del gobierno para engañar a la gente, incluso en internet. El proyecto avanzó a toda prisa: empezó a circular un lunes por la noche y citaron a comisiones el martes temprano. Mientras el oficialismo asegura que es un requisito para cumplir con el T-MEC, la oposición advierte que la redacción es tan amplia que podría alcanzar a los memes y la parodia.
La segunda está en la Cámara de Diputados y ya se aprobó en comisiones. Esta reforma modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y obliga a las plataformas de internet a retirar “de forma expedita” cualquier contenido que se suba sin permiso de su dueño, incluyendo videos o imágenes modificados con inteligencia artificial. Aquí el castigo va contra la plataforma, no contra el usuario, con multas que pueden llegar a los 4.6 millones de pesos. El dictamen dice que esto no es censura, pero obliga a las empresas tecnológicas a cerrar las cuentas de los usuarios que reincidan.
El problema de fondo es su diseño, lleno de preguntas sin respuesta: ¿Qué tan rápido es “expedita”? ¿Quién decide que hay una infracción real? ¿Cómo se defiende un usuario si su video es una sátira legítima?
El texto actual no tiene un camino claro para reclamar si te borran algo.
Con multas millonarias en juego, lo más lógico es que las plataformas decidan borrar primero y preguntar después. Nadie tendría que prohibir la comedia política ni la crítica al poder de la ciudadanía vía un meme.
Pongamos un ejemplo real: un video satírico que usa la voz y la imagen de la presidenta.
● Si aplicamos la reforma de los Diputados (Derechos de Autor), la plataforma preferirá bajar el video para evitar la multa, y el creador podría perder su cuenta por usar la imagen de alguien sin autorización, ya que el texto no separa la parodia del engaño.
● Si aplicamos la del Senado (Antipiratería), el requisito de que sea “a escala comercial” y “para engañar” salvaría a un meme evidente. Pero si tienes una cuenta en X con los suficientes seguidores para monetizar ¿publicar un meme en redes sería “escala comercial”?. Pero esa lectura queda en manos de fiscales y jueces, y en el derecho penal sin definiciones concretas siempre es peligroso. Si además el retratado es un funcionario público, es obvio quién tendrá más prisa en reportar el contenido.
Ninguna de estas propuestas es idéntica. Una buscaba regular noticias, otra monitoreaba campañas, una protege derechos de autor y la última combate la piratería. Sin embargo, todas comparten el mismo defecto: usan conceptos tan amplios que su aplicación queda al criterio de una persona.
El peligro real de estas leyes no es el castigo, sino el miedo. Cuando sabes que lo que dices puede ser registrado, reportado o borrado, la opción más fácil es guardar silencio.
El Tribunal Electoral ya advirtió sobre este riesgo. Sería sano que el Congreso hiciera lo mismo antes de votar, y que ambas reformas aclaren con letras mayúsculas que la parodia y la crítica política están a salvo.
Para que una democracia hable menos, no hace falta que le prohiban la palabra. Basta con avisarle que decir las cosas salga más caro que quedarse callado.
