Querido lector, querida lectora.
Todavía no terminábamos de gritar ¡Viva México!, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum estaba presentando en el Congreso una reforma a la Ley de Amparo que, en teoría, busca hacer los juicios más rápidos y menos enredados. Suena bien: nadie quiere esperar años para que le resuelvan un caso. El problema es que, entre las modificaciones, hay una que prende todas las alarmas: las autoridades que no cumplan con las sentencias podrán librarse de castigos si alegan “imposibilidad” para hacerlo.
¿Se dan cuenta del tamaño del hueco legal? Si una dependencia o funcionario no cumple con lo que un juez ordena, basta con que diga que “no se puede” —ya sea por dinero, por trámites o por cuestiones técnicas— y así esquiva multas o sanciones. En otras palabras: el ciudadano gana en tribunales, pero el Estado puede seguir haciendo lo que quiere.
El amparo siempre ha sido ese último recurso para que la gente común pueda defenderse frente al poder. Sin sanciones reales, se vuelve un trámite bonito en papel, pero vacío en la práctica. ¿De qué sirve que un juez me dé la razón si al final la autoridad puede evadir la orden con un simple “no se puede”?
Además, la reforma quiere meter plazos estrictos para que los jueces resuelvan más rápido. Repito, suena bien, pero también puede presionar a los tribunales a fallar a la carrera, sin estudiar bien los casos. O sea, vamos a tener juicios más veloces, sí, pero con menos garantías de que se haga justicia a fondo.
Esto es un retroceso peligroso: en vez de fortalecer al ciudadano, fortalece a la autoridad. Y llega en un momento donde lo que más necesitamos son contrapesos, no facilidades para que los gobiernos se quiten de encima resoluciones incómodas.
Además de todo lo señalado en párrafos anteriores, con esta iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, ahora, cuando las autoridades decidan incumplir las sentencias, las multas ya no recaerán en los funcionarios responsables, sino que saldrán del erario público. En otras palabras: las pagaremos todos nosotros de los impuestos que pagamos.
Como señala en su cuenta de X (antes Twitter) el Lic. Jose Mario de la Garza, presidente de Perteneces AC: “La nueva iniciativa presidencial para reformar la Ley de Amparo es un golpe directo al corazón del control judicial. Se busca prohibir suspensiones que mantengan vivas empresas, impedir que jueces frenen bloqueos de cuentas de la UIF y eliminar suspensiones contra capturas por prisión preventiva oficiosa. El mensaje es claro: que el poder de las autoridades sea absoluto mientras dura el litigio. El amparo nació para ser un dique frente al abuso. Sin suspensiones provisionales, el juicio se vuelve letra muerta: ¿de qué sirve ganar en dos años si el negocio ya quebró, la persona estuvo presa preventivamente o el patrimonio familiar quedó pulverizado por un bloqueo financiero? Eliminar las suspensiones es despojar al ciudadano de la única herramienta que equilibra la balanza frente al Estado. La narrativa oficial habla de “evitar abusos”, pero la realidad es otra: restringir el acceso a la justicia, debilitar la tutela judicial efectiva y romper con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. Esta reforma no fortalece la ley: la vacía. Nos enfrenta a una pregunta trascendental: ¿queremos un país donde el poder público no pueda ser controlado ni provisionalmente por los jueces?”.
