En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador hizo campaña para la presidencia, nunca habló de que a su llegada a Palacio Nacional buscaría “destruir” el marco jurídico y a las instituciones por las cuales él mismo luchó desde la oposición; el candidato AMLO jamás manifestó en campaña su deseo de reformar al Poder Judicial y mucho menos de cambiar las reglas electorales que permitieron su llegada al poder.
El día 8 de agosto de 2018, ante los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación que le entregaron la constancia de presidente electo, Andrés Manuel expresó que “el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes”.
Sin duda, esa demagogia quedó en el olvido una vez que sintió el poder. AMLO actuó bajo la consigna de que “el poder se ejerce y no se comparte”, y fue así que desde el Ejecutivo y con la excusa de que “el pueblo” se lo pidió, buscó someter a los medios de comunicación, a los organismos autónomos, al Poder Legislativo, al Judicial y al INE.
Y ahora, con el fin de consumar la reforma electoral que como presidente Andrés Manuel planteó en abril de 2022 al Congreso, el pasado 2 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Legislativo su propuesta de reforma, aunque un poco matizada. El argumento central con que el oficialismo “vende” a los mexicanos la nueva propuesta se basa en reducir el costo de la democracia mexicana, pero además modifica el sistema de representación proporcional vigente desde 1977.
Durante años se ha señalado que México tiene uno de los sistemas de financiamiento público a los partidos políticos más generosos del mundo.
Tan solo este 2026, año no electoral, el INE tendrá un presupuesto de 22 mil millones de pesos, de los cuales los partidos políticos recibirán 7 mil 738 millones de pesos en financiamiento público. A ese monto también habría que sumarle lo que reciben los partidos a nivel estatal.
En 2026, Morena será el partido con más recursos, con 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos; el PAN, mil 297 millones 873 mil 517; el PRI, con 982 millones 462 mil 839 pesos; el Partido Verde, con 832 millones 101 mil 904 pesos; y el Partido del Trabajo, con 670 millones 613 mil 764 pesos.
En las elecciones presidenciales de 2006, las primeras en las que estuvo AMLO en la boleta, el IFE tuvo un presupuesto de 12 mil millones de pesos, que ajustado a la inflación acumulada serían en la actualidad 28 mil millones de pesos. En 2024 el presupuesto del INE fue de 32 mil millones de pesos, lo cual da en términos reales solo un aumento de 4 mil millones de pesos en 20 años. Como referencia, el IFE gastó 16 mil millones de pesos en 2012 y 24 mil millones de pesos en 2018.
Con base en esos números, la democracia en México parece cara. Pero organizar elecciones en un país de más de 130 millones de habitantes y con altos niveles de corrupción requiere infraestructura técnica, personal especializado, sistemas de fiscalización y mecanismos de supervisión que garanticen que el voto ciudadano se respete y evitar la injerencia del crimen organizado en el financiamiento de partidos y candidatos.
Pero en México, toda la estructura en materia electoral no apareció por casualidad, sino que inició en 1963 cuando se reformó el artículo 54 constitucional para establecer que los partidos con al menos el 2.5% de la votación tendrían derecho a cinco diputados de partido, y uno más por cada 0.5% adicional, hasta 20.
Posteriormente, luego de que López Portillo llegó a la presidencia de México como el único candidato en la boleta; en 1977, debido a la falta de legitimidad política y tras un año en el poder, siendo secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, se negoció y promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).
Por medio de esta reforma electoral los partidos fueron elevados a rango constitucional como “entidades de interés público”. Eso significaba que el Estado tenía la obligación de garantizar su existencia y funcionamiento, dejando de verlos como simples grupos privados.
La LFOPPE aumentó la Cámara de Diputados de 186 a 400 integrantes, 300 de mayoría y 100 bajo el nuevo sistema de representación proporcional, también llamados plurinominales, los cuales garantizaban que los partidos pequeños tuvieran voz en el Congreso aunque no ganaran distritos individuales. A su vez, con la reforma electoral de 1986, y con el fin de profundizar la reforma de 1977, se amplió el número de diputados plurinominales de 100 a 200.
La reforma del 77 también abrió la puerta a muchos grupos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, que operaban en la clandestinidad o no podían competir. La reforma creó el “registro condicionado”: si un partido obtiene al menos el 1.5% de la votación, conserva su registro legal. La reforma también estableció que los partidos políticos tendrían acceso permanente y gratuito a la radio y televisión. Antes el partido oficial (PRI) dominaba casi el 100% de la exposición mediática; con esto, las ideas de la oposición empezaron a llegar a los hogares mexicanos.
Tiempo después, con la elección de Carlos Salinas y la caída del sistema de 1988, el 11 de octubre de 1990 nació formalmente el IFE, que sustituyó a la cuestionada Comisión Federal Electoral, la cual presidía el secretario de Gobernación. Después vino la reforma de 1996, que dio autonomía al IFE; la de 2007, que limitó el uso de recursos públicos en propaganda durante tiempos electorales; y la de 2014, que creó el INE.
Sin duda, el fortalecimiento de la democracia en México ha sido producto de más de 60 años de lucha de distintos grupos de oposición como estudiantes, guerrilleros, el viejo PAN, el PRD y la izquierda, además de luchadores sociales y ciudadanos. El mismo López Obrador y muchos de los que hoy promueven esta reforma fueron parte de esa lucha y llegaron al Congreso por la vía plurinominal, como Pablo Gómez.
Hoy la reforma que se promueve desde el poder busca debilitar la representación de la minoría y abrir una vía para la instauración de un nuevo régimen controlado por un partido único de Estado: Morena. México necesita reformas que fortalezcan sus instituciones, no que las debiliten; porque en democracia, el costo de perder la confianza en ellas será más caro para el país.
